En el momento que escribo estas líneas, dos policías adscritos al sector “Hormiga” (Azcapotzalco) que habrían participado en la detención y posterior liberación del adolescente Marco Antonio, presuntamente se habían dado a la fuga y, la Secretaría de Seguridad Pública los calificó como “ilocalizables”, hecho que demuestra la vulnerabilidad no solo del estudiante de la UNAM, sino de nuestros policías.
No quiero realizar desde este espacio una defensa de nuestros uniformados, pero sí ponerme en su lugar un momento para comprender como éstos servidores públicos, me imagino que aterrorizados, huyeron de la capital del país, abandonando su trabajo, su profesión y, así deseo pensar, su pasión que era servir a la sociedad. ¿Qué pudo haberlos orillado a no presentarse a trabajar y, con ello, prácticamente inculparse de los hechos?
Veamos, seguramente, estos policías se percataron que ese joven —a quien habían detenido como uno más de los muchos que detienen a diario (no hay que olvidar que los hechos ocurrieron en las inmediaciones del CCH-Azcapotalco)— aparecía en las redes sociales y en los medios de comunicación, además de que organizaciones sociales demandaban su aparición. Se acusaba, en ese momento, de una desaparición forzada.
Quiero imaginar el terror que vivieron en esos momentos, cuando sabían que los medios y la sociedad civil querían una explicación y un “chivo expiatorio”, que sencillamente no tenían, pues, según sus declaraciones, el adolescente había sido detenido por una acusación de un robo de un celular y después dejado en libertad, así nomás. Es decir, que estos policías actuaron como policías, agente del Ministerio Público y como juez y, decidieron liberarlo, claro con recomendación (golpiza) de por medio.
Esta actuación parece ser común entre los elementos de este cuerpo de policía, que se ha convertido en un verdugo para los jóvenes, estudiantes, obreros y comerciantes (hemos vistos videos que podrían avergonzar a cualquier ciudadano, de cómo un grupo de policías someten a un peligroso vendedor de tacos de canasta en el Centro Histórico) y como poca o nula eficiencia para combatir al crimen y particularmente a la delincuencia organizada que opera en la capital del país, pese a la ceguera voluntaria y conveniente de Miguel Ángel Mancera.
Ahora, porque sostengo que en este caso los policías también son víctimas. He platicado y convivido con ellos, conozco de sus extenuantes horarios, sus dobles o triples turnos, que quizá no sea la principal situación por la cual los consideremos como víctimas. Me refiero a la mafia que se ha enquistado en esa institución de ese “super” policía Luis Gamboa Rosales, del llamado “Jefe Apolo” que se ha adueñado de la corporación al repartir a sus familiares –hijos, sobrinos, cuñados, compadres y demás parentela—en todas las área de la seguridad pública, pero no en cualquiera, sino en las más redituables económicamente, pues ha hallado la “mina” que ha saqueado durante décadas.
Este obscuro personaje, cobijado por el mismo jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y solapado por el mismísimo secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, quien dice no poder hacer nada contra él, pues reconoce que es quien maneja la corporación, ha sometido a estos policías a una permanente extorsión y control mediante castigos injustificables, como mandar a los policías a los sectores más alejados cuando éstos se quejan.
Pero también sería injusto achacar todos los males a este sempiterno servidor público. Los policías no están capacitados, mantienen bajos salarios, no cuentan con prestaciones sociales, tienen que pagar sus uniformes, su gasolina, las refacciones de sus vehículos y, pese a todo ello, tienen que aportar cuantiosos recursos a sus mandos para permitirles utilizar una patrulla, una moto, o para no permanecer todo un turno de más de 24 hora, de pie en un punto fijo, ya sea en un banco o ya sea frente a un comercio, porque no genera.
Pero esta extorsión de sus mandos no se queda ahí. Estos mismos mandos que tanto protege el secretario Hiram Almeida cobran a los comerciantes a los policías que “ponen a su disposición” a las afueras de sus comercios y, si portan arma, pues el cobro es mayor. La Secretaria de Seguridad Pública se ha convertido en un enorme negocio para sus mandos, pero no para quien porta el uniforme y desea hacer una carrera.
Quienes actualmente ostentan los más altos cargos de esta dependencia, no son policías, son abogados que trabajaban en la procuraduría capitalina y que su única virtud fue mantener cierta relación de amistad con Miguel Ángel Mancera. Es decir, desconoce el trabajo policial y se han dedicado a administrar y regentear la seguridad pública.
Los dos policías que huyeron, es una muestra del terror en la que viven estos servidores públicos que son repudiados por la sociedad, maltratados y extorsionados por sus mandos. Creo que es tiempo de reconciliarnos con ellos y exigir que estos sean los servidores públicos mayormente capacitados, los que más ganen, los que cuenten con mayores prestaciones y, por supuesto a los que se les exija más. Pobre de los capitalinos en manos de funcionarios ineptos y con fuertes ambiciones económicas.
Punto Cero | La ONU en el estado de México
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) saludó la visita que llevará a cabo el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, al estado de México para reunirse con defensores de la tierra, el agua, con el propósito de conocer la situación que enfrentan los pueblos originarios y comunidades indígenas.
Se sabe que el diplomático conocerá la labor que llevan a cabo las personas defensoras de los derechos humanos, quienes desde la sociedad civil y en forma pacífica, defienden la dignidad humana ante las violaciones de sus derechos por empresas y gobiernos.
Simbólica reunión, después de todo la entidad mexiquense es calificada como una de las más pobres; atrasadas a nivel educativo; donde se cometen el mayor número de delitos en contra de las mujeres; la más corrupta, entre otras joyas más.
* Periodista mexicano | @JoseVictorRdz
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