En su intervención durante la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado centrada en los Derechos Humanos, el Ombudsman nacional reiteró que si bien son muchas la acciones emprendidas y cuantiosos los recursos que se han destinado a través de los años, lo cierto es que el país lleva más de una década sin poder encontrar la solución a los graves problemas que se enfrentan en este ámbito, la cual lleva implícita una violación a los derechos humanos.
Apoyado en cifras oficiales de encuestas, González Pérez alertó que tan sólo durante el 2016 se habrían cometido cerca de 31 millones de delitos y más del 90 por ciento no fue denunciado.
El 60 por ciento de quienes no denunciaron lo atribuyeron a problemas de la autoridad o desconfianza en las mismas. En 29 entidades federativas, señaló que la mayoría de las personas se sentiría insegura y en 11 de ellas la percepción de inseguridad rebasaría el 75 por ciento.
“Es claro que los mayores enemigos que ha tenido la sociedad en los últimos años han sido y son: la violencia y la inseguridad, cuyo costo real es algo que difícilmente se podrá determinar debido a que trasciende las afectaciones económicas de quienes han sufrido menoscabos en su patrimonio o realizan gastos adicionales para buscar por si mismo la protección que las autoridades no pueden brindar”, reprobó.
Ante el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, el titular de la CNDH sostuvo que el dolor y sufrimiento de las miles de personas que han sido privadas de la vida, lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito es algo que no se puede cuantificar y es imposible de reparar.
“Sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello es una mentira, una excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente una realidad que desafía y confronta”, refutó en presencia también de los directivos de la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas y abogados.
González Pérez reiteró que México requiere seguridad pero no a cualquier costo y no por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado democrático de derecho, “sustentada en el respeto irrestricto en los derechos humanos, así como en el cumplimiento y aplicación oportunidad y debida de la ley.”
Dicha seguridad, señaló que se construye desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismo de supervisión y control de la misma. “La respuesta a la violencia y a la inseguridad que se padece no radica en reducir o eliminar los derechos de las personas, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley”, dijo en su intervención inaugural de esta importante Segunda Conferencia Internacional llevada a cabo en la Antigua Escuela de Jurisprudencia.
La CNDH señaló que la tentación de solo buscar soluciones de este tipo constituye un verdadero reto para el Estado democrático de derecho y no garantiza de modo alguno que se reduzcan los índices delictivos, que se abata la violencia o que se ejerza verdadera justicia.
Fuente: Crónica.
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