Fernando Irala

Un mes después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, con un saldo de catorce muertos y más de un centenar de lesionados, las conclusiones de la Fiscalía General de la República responsabilizan al maquinista y a un despachador del ferrocarril, con un argumento inverosímil: que el convoy se salió de las vías por un exceso de velocidad de quince kilómetros más que el tope establecido en el punto.

Pero las evidencias presentadas por los expertos, antes y después del accidente, cuentan otra historia.

Especialistas de la Universidad Iberoamericana señalan que el descarrilamiento era un hecho previsible, provocado por fallas técnicas, deficiente planeación y decisiones tomadas sin los estudios necesarios, para cumplir con la urgencia política de ponerlo en funcionamiento con premura, por encima de los criterios de seguridad ferroviaria.

 Presentado como una nueva obra, cuyo costo final fue de sesenta mil millones de pesos, tres veces el presupuesto inicial, ahora nos hemos enterado que en realidad el equipo rodante, locomotoras y vagones, son equipo usado, con antigüedades de treinta y cuarenta años, remozado y pintado para “dar el gatazo”. y que el trazo original es el de la ruta construida el siglo pasado, supuestamente modernizado y rehabilitado. Lo ocurrido demuestra que no hubo tal.

Auditorías oficiales habían identificado desde 2019 el tramo del siniestro como una zona de alta complejidad técnica, con pendientes pronunciadas, curvas muy cerradas y una alineación alterada por las condiciones del terreno.

Ahora también sabemos que se combinaron durmientes viejos con otros nuevos, y está bajo sospecha la calidad del balasto empleado.

También ha resultado que el personal a cargo de la corrida tenía licencias vencidas y les faltaban certificados médicos recientes, lo cual puede tomarse como una responsabilidad de los empleados, pero es sobre todo una grave negligencia de la empresa.

Junto con el maquinista se ha iniciado acción penal contra quien se señala como jefe del despacho, que según las evidencias ese día no formaba parte de la tripulación a cargo.

En resumen, el descarrilamiento del tren interoceánico era cuestión de tiempo, como producto de la irresponsabilidad, corrupción y apresuramiento con el que fue puesto en marcha. Su ocurrencia constituye un crimen de Estado, aunque siguiendo una vieja costumbre, lo más sencillo es echarle la culpa y proceder contra el maquinista.

Así se echa tierra a otras responsabilidades, que en este caso como en otras obras emblemáticas del anterior sexenio, llegan hasta los más altos protagonistas del poder en México. 

Fernando Irala

A punto de cumplirse un año del primer nuevo caso de sarampión registrado en territorio mexicano, el brote está lejos de ser controlado; por el contrario, el virus sigue muy activo, y ya ha sido la causa de muerte de por lo menos dos docenas de personas, con un acumulado de más de siete mil casos confirmados y más de quince mil probables.

Hacía treinta años que en México no se detectaba un caso de la enfermedad originado aquí; desde finales de la centuria pasada América del Norte fue declarada libre del padecimiento, gracias a la cobertura de vacunación y la vigilancia epidemiológica.

Pero eso es historia.

Como se sabe, en los recientes siete años el sector salud ha ido de mal en peor, y uno de los rubros en que ese deterioro se resiente es en los porcentajes de la población vacunada.

El gran hito en la materia fue la pandemia del covid. Como el virus era nuevo no había vacunas; luego las hubo, pero desde el principio se diseñó y aplicó en el mundo un protocolo para enfrentar la emergencia, que México cumplió muy mal. Tanto, que fue uno de los países más afectados por la epidemia. El saldo mortal mexicano fue de más de 800 mil fallecimientos en exceso, de los cuales cinco mil 800 correspondieron a médicos, enfermeras y personal del sector salud, una de las peores cifras en el planeta.

El covid en México tuvo otros muchos indeseables efectos colaterales. Uno de ellos es que al saturarse el sector salud dejaron de atenderse muchos servicios necesarios, entre ellos la cobertura suficiente de los esquemas de vacunación del resto de enfermedades prevenibles.

Si a finales del siglo pasado y principios del actual nuestro país fue un referente mundial por su atención a las vacunas, los últimos años son los de una caída alarmante, por lo que hoy pagamos las consecuencias.

Es cierto que en el mundo entero el sarampión está de vuelta, cada año en el planeta se acumulan alrededor de 95 mil muertes por esa causa. En ello se suman las fallas en los sistemas de salud y el crecimiento en la población de corrientes antivacunas, que generan desinformación y desconfianza, con resultados letales.

En nueve de cada diez casos registrados del sarampión, los contagios se produjeron en pacientes no inmmunizados, pues pese a ser altamente contagioso, más que el covid, cuando se tienen dos tomas de la vacuna, ésta es completamente eficaz.

Ante los brotes descritos México, al igual que Estados Unidos, están a punto de perder el reconocimiento de países libres de la enfermedad, estatus que ya perdió Canadá. La Organización Mundial de la Salud ha dado un plazo de dos meses para abatir los contagios.

El único remedio es que sobre todo los niños y niñas que no han recibido las inmunizaciones, o los adultos con esquemas incompletos, sean vacunados.

Más vale tapar el pozo, aunque ya tengamos niños muertos.

Fernando Irala

Mientras en el Caribe Estados Unidos estrena una nueva táctica de bombardear lanchas sospechosas de transportar drogas, y en territorio norteamericano crece la escalada de redadas y detenciones de trabajadores de origen latino, en Palacio Nacional el secretario de Estado de la administración de Donald Trump elogia la relación actual entre ambos gobiernos.

“Es la cooperación en materia de seguridad más estrecha que hemos tenido nunca, quizá que con cualquier país, pero ciertamente en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y México”, dijo el funcionario norteamericano luego de reunirse con la presidenta de México.

Las evidencias indican que la política de amenazas y presiones le ha resultado a Trump y que está obteniendo lo que quería, por lo menos en nuestro país. A cambio de ello, se ha postergado el amago de aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas.

No sabemos qué otras intimidaciones y bravatas se apliquen en las conversaciones en privado como la que ocurrió la semana pasada en la sede del gobierno mexicano, aunque sobre ésta ya corren diversas suposiciones y versiones.

Lo cierto es que el gobierno de la 4T ha debido entregar ya dos remesas sucesivas de reconocidos capos a la justicia estadounidense, no por la vía de la extradición que es el protocolo establecido internacionalmente, porque garantiza una aplicación neutra de la ley y el respeto a los derechos humanos, sino aduciendo razones de seguridad nacional. 

Ya sabemos que ese concepto actualmente le sirve al gobierno para todo, desde entregar reos en forma exprés hasta adjudicar funciones de administración y obra pública y así protegerlas de la curiosidad de ciudadanos y periodistas.

Además de que Marco Rubio se declaró fan de la relación intergubernamental, también dijo que los ataques a naves sospechosas en aguas internacionales podrán repetirse, porque la simple intercepción ya no funciona. Y como ésa, las demás medidas contrarias al derecho y la cooperación internacional continuarán: aranceles, deportaciones, todo lo que ya sabemos.

En conclusión, por lo visto, el régimen de Trump le ha aplicado al gobierno mexicano aquella máxima que hizo famosa Zhenli Ye Gon, narcotraficante que al ser aprehendido hace unos años, se dijo amenazado por las autoridades con la frase: “coopelas o cuello”.

Así estamos.

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Fernando Irala

Una violenta manifestación en una de las colonias de moda en la ciudad de México, el pasado fin de semana, puso de súbito en la atención pública un fenómeno relativamente novedoso y de extraño nombre: gentrificación.

Este proceso está ocurriendo desde hace décadas, desde el siglo pasado, en diversas ciudades del mundo, y en nuestro país no es exclusivo de la capital, aunque ahí tal vez se haga notar con mayor intensidad.

El término gentrificación es un neologismo, adoptado de la palabra inglesa gentry, que la Real Academia de la Lengua describe como el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo.

Esta evolución, que fue estudiada y descrita por primera vez en Londres en la década de los 60, tiene diversas causas, pero una muy relevante es el incremento del turismo, sobre todo el auge de las plataformas del tipo del airbnb, e incluso la migración de población extranjera de alto poder adquisitivo, para asentarse en rumbos que le son atractivos. La crisis del covid, en 2020, detonó con mayor fuerza estas tendencias.

El resultado automático es que ante una mayor demanda de vivienda temporal o permanente, los precios de los bienes raíces se disparan, y con éstos, los de todos los bienes y servicios a su alrededor.

En los últimos años, el valor comercial de una casa, un departamento o un local comercial, crece en las zonas urbanas prósperas en alrededor de un diez por ciento anual, y en los barrios y colonias en donde se observa la gentrificación, en porcentajes aún mayores.

Esa transformación la sufrimos todos quienes vivimos en las urbes, pero quienes más lo resienten son los viejos moradores, generalmente de clase media, que hoy son expulsados de los lugares donde probablemente nacieron o por lo menos llevaban mucho tiempo habitando.  

Tal fue el motivo de la protesta que derivó en vandalismo contra restaurantes, cafeterías y otros comercios en los alrededores del Parque México, el corazón de una zona gentrificada.

Por las calles se escuchó un viejo grito, “gringos, go home”, que estuvo de moda en las luchas estudiantiles del 68, para repudiar entonces la política guerrerista y de intervención militar de los Estados Unidos, por cierto revivida en los actuales tiempos.

Esta vez, sin embargo, el blanco no eran los marines o los soldados norteamericanos, sino turistas estupefactos sorprendidos de pronto por el México bronco.

Pero no es asustando viajantes ni rompiendo cristales como se detendrá un fenómeno universal inherente al desarrollo urbano moderno.

En la búsqueda de alternativas que concilien la bonanza turística, convertida en una de las principales fuentes de ingreso y de derrama económica en la actualidad, con la necesidad de la gente de tener acceso a viviendas y servicios en condiciones adecuadas, está uno de los grandes retos de alcaldes y gobernantes.

A ellos les toca buscar la cuadratura al círculo.

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Fernando Irala

Cuatro meses exactos después de tomar posesión de su segunda presidencia en los Estados Unidos, Donald Trump dio el paso más temerario de su mandato, al ordenar y llevar a cabo el bombardeo de tres instalaciones estratégicas en Irán, acusando al régimen de ese país de utilizarlas para enriquecer uranio y producir armamento nuclear.

Maestro de la mentira, Trump había prometido en campaña acabar con las guerras “interminables y estúpidas” en Medio Oriente, y hace apenas unos días parecía contener las ansias belicistas del gobierno israelí, mientras preparaba el ataque que el fin de semana presumió como una operación militar única y perfecta.

Tras el ataque bélico, por lo pronto reina la confusión. No está claro que las instalaciones bombardeadas hayan tenido realmente material nuclear, o que la incursión haya dado con eficacia en los blancos, pues en las regiones cercanas no hay indicios de la radiación esperable después de un embate como el ocurrido.

Aunque el gobierno norteamericano lo niegue, la ofensiva del pasado sábado equivale a una declaración de guerra contra el régimen fundamentalista que ha mantenido el control de Irán por más de medio siglo.

Lo que viene es impredecible, aunque ya se han producido las primeras reacciones. El parlamento de Irán ha aprobado el bloqueo militar del estrecho de Ormuz, vía marítima por donde transita cerca de una cuarta parte del petróleo que se comercia en el planeta, medida que al aplicarse dislocará por completo no sólo el mercado de hidrocarburos, sino toda la economía internacional.

Para el gobierno iraní, la acción inmediata es obligada. Aguantar el golpe sería una estrategia suicida, pues generaría su debilitamiento interno y en la región. Atacar con mayor virulencia a Israel es una posibilidad muy cercana, lo cual no hará sino escalar el conflicto que se vive en la zona, y que ha derivado en el arrasamiento de la franja de Gaza y el sufrimiento redoblado del pueblo palestino.

Quienes observan la escena internacional han alertado sobre la posibilidad de que al crecer fuera de control esta contienda, estemos en el preámbulo de la Tercera Guerra Mundial.

Y ya se sabe que es sencillo ubicar cuál es el disparo, la bomba o el incidente que desata una guerra. Lo que nunca se conoce es cuándo, cómo y a qué costo terminará.

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Fernando Irala

A lo largo de una quincena, los profesores agremiados en la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, un día sí y otro también, han estrangulado el tránsito vial en la ciudad de México, y en menor medida, en otras ciudades de entidades donde tienen el dominio de las secciones sindicales del magisterio.

Ahora, el movimiento se ha dividido, y mientras una de las secciones que inició esta ocasión el movimiento, la de Oaxaca, se ha retirado del plantón que sostenían en el Zócalo capitalino, otras como la de Chiapas, han decidido mantener la movilización, porque consideran que sus demandas no han sido satisfechas.

Las protestas de la CNTE no son ninguna novedad. Desde hace más de tres décadas y media, año con año los profesores suspenden clases, hacen paro, y enarbolan su renovado pliego petitorio.

En el epidosio actual, demandan la abrogación de la ley del ISSSTE a cuyo cobijo los trabajadores del Estado tienen seguridad social, y donde se establecen las condiciones para sus pensiones y jubilaciones. Reclaman además un 100 por ciento de aumento salarial y la desaparición del Sindicato Nacional, el viejo SNTE, donde militan los maestros que no se han pasado a la disidencia.

Este año fueron particularmente agresivos para trastornar la vida de la capital de la República. Optaron por paralizar la principal avenida de la ciudad y las vías rápidas, los accesos al aeropuerto capitalino y las sedes de diversas instituciones.

Defienden sus derechos, y para ello afectan la vida y los derechos de los demás, empezando por los niños y niñas de cuya educación son responsables. Más de un millón de alumnos llevan ya varias semanas sin clases. En Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, generaciones de estudiantes han recibido una educación interrumpida por paros y plantones, que se refleja en los índices de aprovechamiento, los más bajos del país.

Esta vez, acorralaron incluso a la Presidenta de la República, al bloquear los accesos a Palacio Nacional para que los periodistas que asisten a la conferencia mañanera no pudieran entrar.

Y nadie les dice nada. La mandataria es presa del origen de su movimiento. Cuando en 2006 el ahora reaparecido líder de la 4T perdió la elección presidencial, su desquite fue ocupar con tiendas de campaña casi siempre vacías el Paseo de la Reforma por semanas, estrategia que la CNTE ha heredado. El que se lleva se aguanta, dice la sabiduría popular.

Mientras tanto, los citadinos observan con impotencia como sus calles, avenidas y glorietas son ocupados por contingentes que no atienden más razones que las suyas, ni reconocen derechos que no sean los propios.

Así llevan, decíamos, más de treinta y cinco años. Y la tradición no terminará pronto.

Fernando Irala

En un país donde las ejecuciones y las desapariciones de personas se suceden cotidianamente hasta sumar miles de casos cada mes, la muerte de dos hombres a manos de una vieja mujer, en Chalco, en el estado de México, llamó la atención en los medios de comunicación y en las redes sociales, y generó una polémica inusitada que persiste desde el fin del mes pasado hasta estas fechas.

¿Por qué el interés y la curiosidad generalizada alrededor de un hecho violento más, no el más aparatoso, no el más sangriento, cometido con un revólver que no impresiona a nadie en estas épocas de armas de alto poder, equipos blindados y despliegues peliculescos?

 Es que de pronto nos encontramos con unas imágenes que en su trágica simplicidad reflejan de manera concentrada mucho de lo que pasa en nuestra vida actual.

Una adulta mayor que es víctima del despojo de una vivienda, invadida por sujetos que se exhiben en las redes sociales presumiendo armas. Una autoridad de lenta reacción, que ante la denuncia no tiene el marco legal para proceder con rapidez, ni tampoco gana alguna de hacerlo. Un entorno social de indulgencia ante delitos cometidos en nombre de la pobreza o la necesidad.

Todos estos elementos conforman algunas de las dimensiones de la selva en que se han convertido las periferias urbanas y otros lugares de hacinamiento y anarquía. 

El hecho nos habla también de la situación que viven millones de adultos mayores, muchos desprotegidos de los sistemas de seguridad social, aunque ahora todos cobijados por una mísera pensión, llamada con ironía “del bienestar”, que está muy lejos de garantizar la sobrevivencia digna en la vejez. Para una anciana, disponer de una vivienda para vivir de la renta puede ser su única forma de subsistir decorosamente.

Ante la exposición mediática, ahora sí el brazo de la ley procedió con celeridad. Veinticuatro horas después de matar a dos de los invasores, la aguerrida mujer de nombre Carlota, que ahora todos conocemos, y dos de sus hijos ubicados como cómplices, ya estaban presos a la espera de juicio. 

Ojalá esa velocidad tuviera la justicia para ubicar y aprehender a los miembros de la delincuencia organizada, encontrar a los desaparecidos, abatir la delincuencia.

Para eso, todavía tendremos que esperar. Así es la vida.

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Fernando Irala

Lo que se ha dado en llamar negociaciones entre el gobierno de Donald Trump y sus socios en la región, no son tales.

Una vez cada mes, en un movimiento que se torna repetitivo, el habitante de la Casa Blanca otorga de manera graciosa el favor de aplazar la aplicación de los aranceles con los que amenaza a México, a Canadá y a todo el mundo.

Es un poco, el juego del gato y el ratón.

Instalado en su megalomanía, el señor Trump no se da cuenta de que sus pleitos y ataques, en vez de generar el renacimiento de la grandeza de su nación por la que dice pelear, acentuarán la decadencia del imperio, que empezó hace decenios y hacia el futuro no hará más que profundizarse.

Entretanto, sus bravatas sí están causando innumerables daños en la estabilidad de la economía y la política del planeta entero, y por supuesto en las naciones vecinas.

Por lo pronto, el espantajo de los aranceles sigue en pie, ahora con una vigencia renovada. 

Cuando esto empezó, en Palacio Nacional se dijo que teníamos varios planes de respuesta, con sucesivas letras del abecedario. 

Pero con el amago de hace una semana, lo que ocurrió del lado mexicano fue el pasmo, que duró varios días. 

La 4T respondió al final con lo que mejor sabe hacer: un mitin. Y cuando las cosas no se arreglaron, sino que una vez más se difirieron, de todas maneras hicieron su mitin, a medias celebratorio, a medias para descubrir el hilo negro: que en el tratado de libre comercio suscrito y vigente, se establece que entre nuestros países no se aplican tarifas arancelarias. Eso no habría que decirlo en el Zócalo, sino hacerlo valer en Washington.

Las acciones propuestas para fortalecer la economía nacional pueden ser muy adecuadas en el largo plazo, pero difícilmente servirán de algo en el comercio internacional, en tanto no se controle o se neutralice la agresividad enfermiza de Trump. 

Mientras este circo internacional continúa, en el ámbito interno las cosas tampoco caminan como en Palacio Nacional se pretende.

La reforma constitucional planteada para intentar evitar el nepotismo en municipios y estados, donde ya desde ahora el poder se transmite, o se planea transmitir, entre familiares y cónyuges, previo paso de legitimación en las urnas, simplemente fue postergada para su aplicación hasta 2030. A la manera virreinal, por lo pronto se acata pero no se cumple.

En ese contexto ha ocurrido la primera baja en el gabinete que aún no cumple un semestre de gestión. El secretario de Hacienda presentó su renuncia y se fue; se dice que era la tercera vez que intentaba dimitir en la corta vida del actual gobierno.

A nadie escapa la importancia de la Secretaría de Hacienda. Más aún cuando Ramírez de la O, el ahora ido, fue ratificado al día siguiente de que la 4T ganara la elección de junio de 2024,  como una manera de dar cierta certidumbre luego de la estrepitosa caída de la Bolsa de Valores, la más grave en más de tres décadas, al conocerse que Morena y sus aliados controlarían el Congreso de la Unión.

Ahora que los males se han consumado y las certidumbres se han ido, tal vez el dato de quien ocupa Hacienda ha perdido relevancia.

Así, entre el cataclismo provocado desde Estados Unidos y las desavenencias que comienzan a surgir al interior del grupo en el poder, la gobernanza de la nación muestra sus primeras grietas.

Y esto apenas empieza.  

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Fernando Irala

Como una ofrenda calificaron muchos expertos la entrega por parte del gobierno mexicano de veintinueve capos e integrantes de la delincuencia organizada a la justicia norteamericana, justo el día que los gabinetes de seguridad de ambos países se reunían para dar seguimiento al cumplimiento de las exigencias en la materia del presidente estadounidense Donald Trump.

La mayor joya de la remesa fue la cabeza de Rafael Caro Quintero, el narcotraficante acusado de asesinar a un agente de la DEA hace cuatro décadas, reclamado desde entonces por esa agencia y por todo el aparato de justicia de Estados Unidos. 

Ahora está a discusión si contra él y otros de los desterrados se intentará aplicar la pena de muerte, ante la inocultable evidencia: no se trató de una extradición, figura que está sujeta a normas, protocolos y protecciones, que hubiera sido imposible de cumplir sobre todo para una expatriación simultánea de casi una treintena de criminales.

La fiscalía mexicana utilizó la palabra “envío”, como si de paquetería se tratara, en tanto que la autoridad del vecino país refirió que los reos habían sido simplemente trasladados o expulsados de su país de origen.

Mientras el fiscal mexicano dijo que la operación se realizó a solicitud expresa del gobierno vecino, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad nacional, de parte de Estados Unidos no hubo el más mínimo reconocimiento a su contraparte. El fiscal general adjunto aseveró que estas acciones “son consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza”.

Luego de que la batalla alrededor de la captura del Mayo Zambada había generado reclamos de soberanía y de no injerencismo desde Palacio Nacional, éstos han quedado sepultados una vez que, en sentido contrario, la pesada maquinaria del Estado mexicano fue echada a andar para ofrendar en forma expedita las cabezas demandadas por la justicia norteamericana. 

Ahora no hubo necesidad de secuestros camuflados. Y una vez más, ante las complejidades de las leyes de extradición y los obstáculos puestos en defensa de los acusados, se esgrimió sin decirlo la divisa hecha famosa hace unos años: que no nos vengan con que la ley es la ley. Hemos aprendido que las razones de seguridad nacional justifican cualquier atropello a la legalidad.

Sin embargo, no está claro que con lo hecho se vaya a moderar la ira contra México del señor Trump, quien sigue jugando con la idea de aplicar los aranceles anunciados a las importaciones provenientes de México a partir de este martes. 

Luego de ver el patético espectáculo de agresión y humillación perpetrado contra el presidente de Ucrania en su visita a Washington, es más que evidente que ni la prudencia ni la decencia son cualidades que rijan comportamientos en la Casa Blanca.

Así son los tiempos y los personajes que vive el planeta. Veremos qué sigue.

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Fernando Irala.

Una amenaza más del presidente norteamericano Donald Trump ha sido cumplida: la declaración de seis cárteles de narcotraficantes de México como organizaciones terroristas.A

Al igual que muchas otras, estaba anunciada desde antes de retornar a la Casa Blanca, y fue refrendada al tomar posesión. Al cumplirse un mes del actual gobierno, la medida ha sido oficializada, con el efecto de una bomba que está generando reacciones en cadena. 

Llama la atención que Canadá, el otro socio comercial de la región, se haya plegado de inmediato a la estrategia de Trump y en forma prácticamente simultánea declarase también a cinco de los seis cárteles mexicanos nominados en Washington en la misma categoría, como terroristas.

Por lo pronto, el Mayo Zambada, apresado en Estados Unidos desde julio pasado, luego de ser aparentemente secuestrado en México y llevado allá, ha demandado al gobierno mexicano que gestione su repatriación, pues de otra forma, vaticinó, ocurrirá un colapso en la relación entre ambas naciones. El Mayo teme ser condenado a muerte, pena posible en aquel país, cuya aplicación se justificaría al amparo de la figura del terrorismo.

En lo que se refiere al gobierno mexicano, podemos distinguir dos niveles de reacciones. En los hechos, se ha intensificado por lo menos en regiones específicas del territorio, una batida contra el narcotráfico como no se veía desde los mejores momentos del régimen de Calderón. 

 En Sinaloa, que no puede pacificarse luego de cinco meses de violencia como secuela de la caída del Mayo, veinte laboratorios del narco fueron desmantelados en diversas poblaciones de la entidad, y se han decomisado cantidades históricas de metanfetaminas y otros químicos, todo ello en sólo dos días; se aprehendieron a capos de relevancia y se dice que Archibaldo Guzmán, el líder de los chapitos, escapó por nada de un operativo en su búsqueda. Sus días parecen estar contados.

En otras entidades del país también se han terminado los abrazos a los delincuentes.

Divorciado de esa secuencia, el discurso presidencial ha acudido de manera repetitiva a la defensa de la soberanía nacional y la condena al injerencismo. Incluso de Palacio Nacional se han enviado dos iniciativas de reforma constitucional al Congreso de la Unión para “blindar” la soberanía y castigar con penas más severas a quienes trafiquen con armas.

Que la declaratoria hecha en Washington no sea oportunidad para intervenir en nuestro país, es la divisa.

Lo lamentable es que tan patriótica defensa de la nación ocurra en el contexto en el que hemos vivido los recientes años, con el imperio de grupos delincuenciales que han operado libremente en vastas zonas del territorio, responsables de decenas de miles de muertes y desapariciones cada año, y con evidentes lazos y complicidades con políticos y gobernantes.

De esa alianza, y de esa acusación hecha reiteradamente por la Casa Blanca, no ha habido respuesta del gobierno mexicano.

Y quien calla otorga, dice el viejo refrán.

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Fernando Irala

Mientras el desquiciado personaje que habita la Casa Blanca en Washington prosigue firmando órdenes ejecutivas que intentan darle forma a su realidad alterna, para el gobierno de México transcurre una breve pausa graciosamente concedida en la aplicación de aranceles a nuestras exportaciones hacia Estados Unidos.

No estamos, lo hemos dicho, ante una guerra comercial, ni los aranceles tienen en este caso su origen en la relación de intercambio entre nuestras naciones.

Detener la migración que intenta desplazarse al país del norte, y el flujo de drogas, en particular el fentanilo, son los objetivos reiterados de la administración trumpista, desde donde se ha acusado al gobierno mexicano de ser aliado de las bandas que lo trafican.

No hubo en la conversación entre presidentes, que se sepa, aclaración alguna de esta imputación, ya no digamos una disculpa, de ésas que desde Palacio Nacional se ha acostumbrado exigir hasta por agravios centenarios.

En cambio, acá se festejó como una victoria lo que fue descrito por ambas partes como una simple pausa, es decir, un periodo de gracia antes de cumplir una amenaza que no se ha cancelado, sino que sigue en pie y estará condicionada a la voluntad y el criterio del gobierno norteamericano.

En paralelo, en sus mensajes públicos, la Presidenta Sheinbaum habla del espíritu intervencionista, que no lo identifica pero no hace falta, frente el cual reitera la fortaleza de la nación, la defensa de la soberanía y de la patria.

A muchos observadores les saltó la incongruencia de que mientras se enfatizaba en esta posición de defensa nacional, en el aniversario de la Constitución, a la ceremonia oficial no se invitara al Poder Judicial; peor aún, que mientras se marginaba a la Presidenta y a los demás integrantes de la Suprema Corte, a quienes si se invitara, recibiera y saludara fuese a las ministras afines a la 4T. Así, lo que debió ser una asamblea republicana se convirtió en una congregación de amigos, de militantes políticos, en un evento partidario.

Con estas formas, será muy difícil lograr el fortalecimiento nacional y del gobierno, que se pretende ante los embates de Trump.

Los dioses ciegan a los que quieren perder, dice el milenario proverbio griego.

Eso puede estar ocurriendo con un régimen ensoberbecido que piensa que en verdad puede resistir una agresión extranjera sin buscar consensos, sin buscar la unidad, y marginando a todos quienes tiene una visión distinta del mundo y de la nación.

Entretanto, ha transcurrido ya una semana del mes de pausa. Y el tiempo pasa.

Fernando Irala 

El tiempo pasa volando.

Apenas nos recuperamos de las fiestas de fin de año, en algunos hogares todavía quedan platillos del recalentado, y ya llegamos al convite que cierra en México la temporada Guadalupe Reyes, la que se inicia con la conmemoración de las apariciones de la Virgen Guadalupana y culmina el día de la epifanía, la adoración de los Reyes Magos al recién nacido Jesucristo.

Son tiempos, todos éstos, de formulación de buenos propósitos, en lo interior y hacia los demás. Y son también momentos de expectativas de lo que el futuro, por lo pronto el próximo año, nos depara.

2025 es un año singular, emblemático, Con su tránsito se completa un cuarto de siglo, el primero de la centuria que estamos viviendo, el espacio que se calcula para el desarrollo de una generación. Quienes nacieron al inicio de los dos mil ahora son jóvenes plenos, y quienes ya lo eran al empezar el milenio ahora están instalados en la madurez.

La Iglesia Católica declara cada año que completa un cuarto de siglo como un año de jubileo, o Año Santo, en el que se abre para que los peregrinos pasen, la Puerta Santa de la Basílica de San Juan de Letrán, acceso que el resto del tiempo permanece cerrado.

  Jubileo viene de júbilo, pero en los actuales tiempos hay pocos motivos para ello. Tan es así que la convocatoria a los creyentes lo define como “un año de esperanza para todo el mundo, que sufre el flagelo de las guerras, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y la crisis del cambio climático”.

En ámbitos seculares, la percepción es similar. Vivimos un mundo violento cuyas manifestaciones están en crecimiento. La Organización No Gubernamental denominada ACLED, por sus siglas en inglés, dedicada a la vigilancia de conflictos en el mundo, señala en su más reciente informe que al comenzar 2025, en el planeta hay diez lugares con un índice de conflicto extremo.

En esa lista trágica, México, nuestro país, ocupa el cuarto lugar, sólo superado por la región palestina, catalogada como la más peligrosa del mundo en la actualidad, Birmania, ahora llamada Myanmar, y Siria.

Las conclusiones del estudio no son optimistas. En los últimos años, señala, el mundo es cada vez más violento, y eso no mejorará en el año que se inicia, por el contrario. “Pero los patrones de conflicto en general confirman que vivir en una democracia no es una garantía contra los conflictos. La mayoría de los conflictos no ocurren en estados autocráticos ‘pobres’ o ‘aislados’, sino en países ‘parcialmente libres’”.

“La mayor parte de los conflictos, concluye el documento, se producen ahora en países de ingresos medios, y están aumentando con más fuerza en los países de ingresos medios y altos. En resumen, un mayor desarrollo y una mayor democracia no limitan la violencia. Los conflictos se adaptan a las circunstancias políticas y cambian de forma y dirección según los planes de sus perpetradores.”

Así transcurren estos primeros días del año nuevo, en México y en el planeta. No hay, por supuesto, un factor único; las causas pueden ser muy diversas y complejas. Pero los hechos no mienten. Vivimos un año emblemático. Y vivimos tiempos violentos.

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Fernando Irala.

Presentada de último momento y aprobada al vapor en el Senado de la República, la reforma a la Ley que rige el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), no alcanzó a completar su proceso legislativo, y se quedó atorada por falta de tiempo, sin que los diputados hayan podido dar su aval y hacerla vigente.

No le va a costar a la aplanadora morenista dar su voto mayoritario, pero se atravesaron las vacaciones decembrinas, y eso sí que no era negociable.

Ya la aprobarán cuando regresen de su largo receso, que ocupa el resto del año y el primer mes del calendario siguiente, o si la urgencia se impone en Palacio Nacional, podrán hacerlo en un periodo extraordinario en enero próximo. Veremos.

Por lo pronto, se ha despertado la alarma entre organizaciones empresariales y sindicales, por lo que esa modificación legal implicará para la operación y el destino de los recursos de los trabajadores.

Y es que el fin, anunciado desde antes del inicio del actual sexenio, parece muy loable; se proyecta consttruir un millón de viviendas para satisfacer la demanda social, muchas de éstas en la modalidad de renta con opción a futura compra, para facilitar a los jóvenes la adquisición de su primer hogar propio.

Hasta ahí todo va bien, aunque la magnitud del plan recuerda pasados episodios en esa institución, que se aplicó a financiar casas construidas sin ton si son, alejadas de los centros de trabajo, con servicios, vías de comunicación y transporte deficientes, que terminaron siendo abandonadas por los beneficiarios y son parte de las deudas incobrables por el Instituto. 

Pero los focos de alerta se han encendido porque para llevar a cabo el ambicioso plan, el nuevo marco legal pretende darle al titular del Infonavit un poder insólito, por encima de los acuerdos del Consejo de Administración, y disponer del patrimonio acumulado por medio siglo en ese fondo, calculado en más de dos billones de pesos.

El Infonavit, cabe recordar, es un organismo que hasta ahora se ha regido por el principio tripartita: Gobierno, patrones y sindicatos están representados en forma equilibrada, y sus recursos son propiedad de los trabajadores.

Este equilibrio se romperá, disminuyendo el peso de la representación patronal y sindical, para hacer crecer el peso gubernamental, y en particular dar poderes inusitados a su titular.

Después de ver cómo el sexenio pasado la 4T se apropió de los recursos que en innumerables fondos y fideicomisos se habían acumulado para garantizar la suficiencia y viabilidad de las prioridades sociales, como la prevención de desastres, uno de los más notables, para en cambio financiar obras costosísimas e inservibles, lo del Infonavit suena a un simple asalto, para arrebatar el botín al grito de “ya se la saben”.

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Fernando Irala

Mientras en Estados Unidos, el todavía presidente Joe Biden reconoció y agradeció la estrategia aplicada en México por la presidenta Clauida Sheinbaum, que llevó al mayor decomiso en la historia de tabletas de fentanilo, más de una tonelada, veinte millones de dosis que habrían podido matar a uno de cada siete norteamericanos, calculó el mandatario del vecino país, en Sinaloa la ola de violencia cumple tres meses sin parar.

En ese lapso, se han acumulado más de medio millar de asesinatos y una cifra similar de desaparecidos, así como un sinnúmero de negocios, casas y vehículos ametrallados, incendiados, vandalizados.

La violencia, atribuida a los enfrentamientos entre los cárteles, luego de la aprehensión del Mayo Zambada en Estados Unidos en julio pasado, no sólo no amaina, sino que muestra signos de escalar en su intensidad.

La explosión de una camioneta, prontamente negada como la detonación de un carro bomba, o la emboscada a una caravana de patrullas estatatales en la carretera que conduce al aeropuerto de Culiacán, son muestra de esa escalada.

De poco ha servido la llegada a la entidad de miles de refuerzos federales, soldados e integrantes de la Guardia Nacional; ni siquiera el traslado temporal a esos lares del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha causado el repliegue de verdaderos ejércitos privados que combaten día con día en las calles de Culiacán y en otros parajes de la zona.

Es que los criminales le han perdido todo respeto a la autoridad, sin importar su nivel; años de tolerancia les dieron la oportunidad de armarse y organizarse, crecer y adueñarse no sólo de territorios y caminos, sino penetrar y dominar estructuras policiacas y de gobierno, amedrentar a la sociedad, convertirse en el verdadero poder, en esa y otras regiones de nuestro país.

Ahora, hacerlos retroceder será mucho más complejo y costoso, en terminos económicos, sociales y de vidas humanas.

También está claro que esa tolerancia ya terminó. Pero apenas empiezan a dimensionarse los daños causados por la estrategia de ofrecer abrazos y no balazos.

Reducir la criminalidad y la violencia a niveles aceptables para la tranquilidad y la seguridad de la población, se llevará todo el sexenio y más. En Sinaloa y en el resto del territorio nacional.

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Fernando Irala

El país empieza a pagar las cuentas de la irresponsable borrachera financiera del sexenio pasado, que en el año que esta por cerrar llevó el déficit del gasto público a niveles nunca vistos, del seis por ciento del producto interno bruto.

La deuda pública es ahora de más del 50 por ciento del PIB, es decir, más de la mitad de todo lo que se produce en nuestro país a lo largo de un año no nos pertenece, lo debemos.

En el intento por corregir esa carrera al desastre, una primera medida ha sido la presentación de un proyecto de presupuesto gubernamental austero, que se plantea reducir el próximo año el déficit en dos puntos, para ubicarlo en menos de cuatro.

La disminución es insuficiente para apoyar unas finanzas sanas, pero los recortes presupuestales pretender reducir todavía más los recursos del sector salud, de la educación, en particular los destinados a los centros universitarios y a la cultura, aunque se mantienen cuantiosas erogaciones para los elefantes blancos del pasado sexenio: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, incluso el aeropuerto Felipe Angeles y la nueva empresa Mexicana de Aviación.

Por lo pronto, las reacciones internacionales empiezan a dibujar las amenazas de tormenta que el flamante gobierno mexicano enfrentará en los próximos meses y años.

En días pasados, la calificadora internacional Moody’s rebajó la perspectiva de calificación de la economía mexicana de estable a negativa, porque consideró que hay un debilitamiento de la formulación de políticas y un entorno institucional que puede socavar los resultados fiscales y económicos, aunado a la reciente reforma al Poder Judicial, en la que advierte el riesgo de erosionar los controles y contrapesos del sistema de justicia de nuestro país, con un posible impacto negativo en la fortaleza económica y fiscal.

Lo anterior podría implicar un cambio en la nota crediticia que en el futuro se emita sobre nuestra economía.

La Presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de esta infomación, dijo que la evaluación de Moody’s tiene un sesgo y que la economía nacional es sólida. Lo cierto es que los inversionistas y financieros del mundo a la hora de tomar sus decisiones se basan más en los juicios de las calificadoras que en las opiniones de cualquier gobernante.

Ya hemos hablado del reto que para la Presidenta significará entender con el agresivo y petulante Donald Trump, pero aún antes de que éste llegue a la Casa Blanca, el actual embajador Ken Salazar acuso a López Obrador de rechazar la cooperación binacional y el apoyo financiero de Estados Unidos contra el narcotráfico, y consideró que la estrategia de “abrazos, no balazos” fracasó. Por supuesto lo rechazó Sheinbaum, pero lo notable es que el gobierno norteamericano de inmediato respaldó a su diplomático y sus señalamientos. 

Al mismo tiempo, Doug Ford, el Primer Ministro de Ontario, la mayor provincia de Canadá, donde se encuentra Toronto, la capital económica, y Ottawa, la capital de esa nación, propuso expulsar a México del tratado comercial de América del Norte, al considerar que se ha convertido en la puerta trasera para el ingreso de mercancías chinas a la región, en perjuicio de los trabajadores y los empresarios locales.

 Por lo pronto, la moneda mexicana ya oscila en la franja de los veinte a los veintiún pesos por dólar, dos pesos más de sus niveles hace medio año. 

Pero todo lo anterior, sólo es un adelanto de lo que viene.

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Fernando Irala

En los estertores del actual gobierno, tiene lugar la batalla por la Reforma Judicial.

La 4T se ha empecinado en destruir el actual Poder Judicial y echar abajo el sistema de promoción laboral de jueces y magistrados a través de la carrera judicial, para pasar a un sistema en que estos puestos la designación se dé por elección popular.

Esto ha llevado a la generalización del paro entre los trabajadores del sector, y su movimiento recibió el aval de la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes ahora realizan un estudio para determinar si esta instancia puede detener el proceso de reforma, mientras la propia Presidenta de la Corte se unió a uno de los mítines de protesta.

En el ámbito internacional, embajadores y funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han externado sus preocupaciones por las implicaciones que la citada reforma tendrá para las inversiones de esos países en México, y la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, también se ha manifestado en ese sentido. La relatora de la ONU, en particular, se ha referido al riesgo de que se socave la independencia de la judicatura mexicana.

Como en nuestro país siempre hemos tenido la piel sensible ante las críticas del exterior, y nos da por envolvernos en la bandera nacional a la menor provocación, muchas voces, empezando por la del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han expresado su rechazo a estos señalamientos, señalándolos como injerencias en un tema soberano.

No lo son tanto, y vale la pena hacer al respecto dos acotaciones.

Uno. México ha suscrito innumerables tratados y convenios internacionales, muchos de los cuales tienen que ver con la observancia y aplicación de los derechos humanos. Y estos derechos, todos los derechos, sólo son realmente vigentes cuando hay una recta aplicación de la justicia, y ésta no se encuentra sometida a los dictados del régimen en turno. Por ello hay tribunales y Cortes de Justicia Internacional, como la de la Haya, a la que por cierto el régimen actual ha recurrido cuando ha sido de su interés.

Y dos. México es socio de tratados de comercio internacional, el más relevante el llamado T-MEC, con Estados Unidos y Canadá. En ellos se prevé ineludiblemente la revisión de casos y mecanismos de solución de controversias, que pasan como un canal irrenunciable, por la celebración de juicios y por procesos judiciales. Si algún país se niega a estos procedimientos o hay dudas sobre la independencia de los jueces, eso será motivo suficiente para sacarlo de cualquier tratado.

En el mundo actual, la soberanía ha dejado de ser un concepto absoluto y aislado.

En ese contexto tiene lugar la batalla por destruir al Poder Judicial. Esta semana veremos si Morena logra a hacer claudicar a algún senador de oposición, para conseguir el voto que les falta para tener la mayoría calificada en la Cámara Alta, o si los 43 legisladores, número éste que se ha vuelto simbólico en la vida del país, se mantienen incólumes y logran la hazaña de impedir, por un voto, que el andamiaje institucional del país termine de derrumbarse.

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Fernando Irala.

Luego de un cuarto de siglo del régimen que inició Hugo Chávez, heredado a su muerte por el actual mandatario, Nicolás Maduro, Venezuela vive una crisis que se profundiza día con día, la cual está costando vidas, y genera una preocupación internacional manifestada de muy diversas formas.

Los resultados de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 28 de julio son ahora objeto de disputa entre el gobierno de Maduro y la oposición.

Mientras por un lado los números oficiales le dieron la victoria para reelegirse al presidente venezolano por una diferencia de siete puntos, las actas exhibidas por sus oponentes muestran una realidad totalmente contraria, en la cual los electores de ese país suramericano votaron apabullantemente por su contrincante, en una proporción de dos a uno. El gobierno de Maduro, es importante decrlo, a su vez no ha exhibido las actas que avalen la victoria que se ha adjudicado.

La situación ha derivado por un lado en el endurecimiento del régimen, con la aplicación de una estrategia de represión que ha causado ya en estos días una decena de muertes, y cientos, tal vez  miles de presos políticos, y por otra parte en una movilización popular, la más amplia en este cuarto de siglo en que se ha mantenido viva una resistencia ciudadana al chavismo, ahora crecida ante el madurismo.

Ante ese escenario, en el mundo hay un cuestionamiento cada vez mayor a las cifras oficiales y al intento de aplastar a la oposición. La Unión Europea ha puesto en duda los resultados dados a conocer por el Consejo Electoral, y los Estados Unidos de plano han avalado las cifras manejadas por el candidato opositor.

Los gobiernos de América Latina más cercanos al régimen de Maduro, los de Colombia, Brasil y México, están buscando de manera conjunta una salida negociada a la crisis venezolana, intentan un diálogo entre el todavía presidente y el candidato opositor, y la publicación oficial de las actas de votación, que como mencionamos antes no se han dado a conocer.

Incluso el papa Francisco ha externado su preocupación ante los acontecimientos venezolanos. En su oración pública de este domingo en El Vaticano, el pontífice realizó lo que llamó “un sincero llamado a todas las partes para que busquen la verdad, actúen con moderación, eviten cualquier tipo de violencia, resuelvan las controversias mediante el diálogo, a que tengan en cuenta el verdadero bien del pueblo y no los intereses partidistas"

Es impredecible lo que ocurrirá para el futuro de Venezuela, pero su desenlace desde luego tendrá consecuencias en la geopolítica continental y en el gran ajedrez mundial en que, a veces sin darnos cuenta, todos estamos inmersos.

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Fernando Irala

Pasará tiempo antes de que conozcamos con razonable certeza qué ocurrió con la captura en territorio norteamericano del “Mayo” Zambada, el más legendario capo del narco en nuestro país.

Una versión que desde el principio circuló, y que conforme pasa el tiempo adquiere visos de verosimilitud, es la traición y el engaño por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los “chapitos”, hijo de otra figura célebre de la delincuencia, el “Chapo” Guzmán, quien habría entregado al fundador del Cartel de Sinaloa a cambio de un trato suavizado para él, para su hermano Ovidio, y tal vez incluso para su padre, ya condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense. 

Esta versión ha sido apuntalada por la defensa de Zambada, la cual incluso ha aseverado que su cliente fue engañado, dominado, secuestrado, esposado y amarrado en el avión que desde Hermosillo lo llevó al aeropuerto de El Paso, Texas. 

El hecho es que ha caído un personaje que se había vuelto mítico, pues no obstante ser reconocido como el capo de mayor poder y ascendencia en el territorio nacional, a lo largo de más de medio siglo nunca había sido aprehendido, pese a que el gobierno norteamericano había ofrecido una recompensa de quince millones de dólares por su cabeza.

Ahora el “Mayo” espera su proceso en una cárcel texana, pero las secuelas de su captura aún están por ocurrir, y correrán en varias vertientes.

Un primer damnificado ha sido el gobierno mexicano, exhibido porque ni participó en el operativo, ni fue cuando menos advertido previamente de lo que iba a ocurrir. Las autoridades de nuestro país se enteraron cuando el “chapito” y el “Mayo” ya estaban en manos de la DEA y el FBI, y por lo que se dijo el viernes en la única reacción oficial, ni siquiera entonces recibieron mayores detalles de lo ocurrido.

Del lado norteamericano, en el periodo electoral que transcurre en su recta final, el gobierno demócrata de Joe Biden podrá colgarse la medalla de la caída de estos dos traficantes, y con ello apuntalar a Kamala Harris, su flamante candidata que intenta ganarle la carrera al republicano Donald Trump. Éste a su vez, también intentará darle la vuelta al tema, y acentuar su campaña extremista y antimexicana.

En el mundo criminal, y en los vastos territorios que la delincuencia controla, las consecuencias pueden ser terribles. La experiencia repetida es que cada captura de un líder del narco desata una oleada de violencia por el control de los negocios ilícitos.

Si a ello se le suma el ingrediente de la sospecgha de traición, la guerra entre bandas será muy sangrienta.

A ese temor obedeció el envío inmediato de fuerzas de élite a Sinaloa, uno de las entidades donde estos grupos tienen mayor penetración y dominio, la tierra de origen del cartel que encabezó el “Mayo”, y también del “Chapo” y los “chapitos”.

Todo ello, mientras al régimen le quedan dos meses escasos de vida, y la futura Presidenta heredará el asunto de la seguridad como la principal bomba de tiempo.

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