En verdad los expresidentes podrían ser llevados ante la Justicia Mexicana ¿cómo un acto de venganza personal o un acto de consulta popular?
Sin duda que contra la lona quiere poner la 4T a dos de los pilares fundamentales de las instituciones mexicanas: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Instituto Nacional Electoral (INE).
Y el mejor “circo”, es a través de la pretendida consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Por ello, no cabe duda que nuestra capacidad de asombro cada y en mayor medida es rebasada por las reiteradas estrategias político-electorales que pueden ser disfrazadas de Consulta Popular Ciudadana para distraer a la opinión pública de los temas de interés nacional que requieren de urgentes acciones y soluciones como los lamentables hechos en Chihuahua, por la legítima lucha por los recursos hídricos o la violación a los D.D.H.H. de las víctimas de la violencia de género, la delincuencia, la corrupción, impunidad, indiferencia, incapacidad e indolencia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la grave crisis económica, la inédita emergencia sanitaria y los graves daños colaterales que han provocado las ocurrencias de un gobierno populista que disfraza de obras faraónicas los caprichos del gobierno de la esperanza de México.
Es fundamental aclarar que la solicitud de Consulta Popular Ciudadana que formuló Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente al Senado de la República en términos de la Ley Federal de Consulta Popular como lo establece el artículo12 fracción Primera y el art.35 constitucional de acuerdo con la reforma del 19 de diciembre del año pasado.
Se debe tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contará con un término de 20 días para calificar la constitucionalidad de esta Consulta Popular que se traduce en una cortina de humo (distractor político), ya que en términos de la fracc. VIII, numeral 3 del art. 35 constitucional, la SCJN puede declarar la improcedencia e inconstitucionalidad de la multicitada Consulta Popular Ciudadana.
Ya que no proceden las consultas en los casos de restricción de los D.D.H.H. los principios contemplados en el art. 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado Mexicano, la Seguridad Nacional y le podría costar a los mexicanos una cantidad millonaria de recursos públicos en un ejercicio de participación ciudadana innecesaria e improcedente, ya que la facultad de investigación e integración de las carpetas de investigación, el ejercicio de la acción penal para la persecución y detención de los imputados o probables responsables, de acuerdo con nuestra constitución es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República y en su momento procesal del Poder Judicial.
Por ello, existe el riesgo de que el debido proceso se viole de origen sin una denuncia de por medio y dejar que la ciudadanía se asuma como juez de los ex presidentes pone en entredicho al Estado de Derecho.
Muchos mexicanos dicen que todavía creen que López Obrador es más honesto que sus predecesores, pero está muy lejos de acabar con la corrupción y parece más interesado en atacar la corrupción del pasado que las malas acciones de sus aliados. (Nombres hay muchos…muchísimos).
Y como muestra un botón…en la campaña del 2018 un familiar consanguíneo del Presidente, fue exhibido recibiendo recursos de dudosa procedencia y hasta la fecha no aclarado su registro ante la comisión de fiscalización del INE, y sí fuera considerado un ingreso, no han aclarado el pago correspondiente ante el SAT, pero entre otras cortinas de humo, ésta mal llamada consulta popular, le servirá para poder salir bien librado por su probable responsabilidad en la comisión de delitos electorales y ante la incongruente situación del hermano del Primer Mandatario, la harán verse como una minucia, un pequeño error, comparado con los miles de millones de pesos que vale el caso Odebretch; entre otros actos de corrupción en más de cinco sexenios.
Nuestro marco legal es claro y el propio Presidente de la República, puede ordenar una investigación contra cualquier ex mandatario, sin echarle la bolita a otras instancias.
Esta solicitud de Consulta Popular es parte de una maquiavélica estrategia política rumbo al proceso electoral 2021 y no necesariamente la petición de justicia del pueblo de México, ya que no puede quedar al criterio o voluntad del "Pueblo Bueno y Sabio".
La facultad constitucional de la Fiscalía General de la República(FGR) en materia de procuración de justicia, por lo tanto la multicitada Consulta Popular es materialmente innecesaria, infundada e inconstitucional, ya que los señalamientos e imputaciones que formula el Presidente AMLO en su escrito, carecen de elementos de prueba y formalidades constitucionales, ya que no existen elementos que puedan acreditar la probable responsabilidad de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; por lo tanto, otorgando sin conceder, la probable existencia de la comisión de algún delito electoral, ya operó la prescripción de la acción penal y en caso de alguna probable responsabilidad administrativa, delitos del fuero común o federal, primero tendrían que ofrecer los elementos de prueba suficientes para la debida integración de las carpetas de investigación, respetando los D.D.H.H. , las formalidades del Debido Proceso y el Principio de Presunción de Inocencia de los expresidentes.
Es importante aclarar que no hay más denuncia que la formulada por un ex prófugo de la justicia, hoy confeso y vinculado a proceso Emilio "L", personaje que disfruta de los beneficios y comodidades que otorga la impunidad al alcance de un criterio de Oportunidad.
En México el estado de Derecho sufre de la corrupción de un sistema político que está sometiendo los intereses personales y proyectos políticos del gobierno en turno.
Contrastandoideas@yahoo.com.mx
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