Por Luis Ramírez Baqueiro
“Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.” – Albert Einstein.
Ya son muchas las voces de especialistas en derecho y ciencia política que advierten que Veracruz enfrenta una seria crisis de estado.
La misma se ha comenzado hacer más evidente con la implementación de una política persecutoria en contra de aquellos que opinen o piensen diferente.
Así la persecución política como instrumento para intentar acallar todas aquellas voces que señalan, adviertan o hablen en contra del régimen son factibles de ser inscritos en ese selecto listado de personajes antagónicos.
Recientemente el ex procurador General de la República, ex secretario de Gobierno y ex embajador de México en Francia, Ignacio Morales Lechuga durante su participación en la reunión anual de Alianza Generacional –esta que encabeza Héctor Yunes Landa- apunto datos importantes al respecto.
El ex rector de la Escuela Libre de Derecho afirma: “en Veracruz se hayan reimplementado delitos y sanciones que en su momento “eran inexistentes”, tales como el de ultrajes a la autoridad, del cual acusó, se ha convertido “en un instrumento de persecución política contra todo aquel que ose criticar y opinar diferente a las autoridades estatales”.
Atentatorio de los derechos humanos, el Gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez se ha vuelto en una especie de estado represor con tintes “dictatoriales” que no abonan a la construcción de una sociedad responsable y participativa.
A este escenario, cabe traer a colación que es Veracruz el primer lugar en la detención de actores políticos de oposición, aun cuando se les tache de delincuentes políticos y no en presos políticos.
Casos como el de Rogelio Franco Castán, el de Gregorio Gómez, y ahora el más reciente el del panista Tito Delfín Cano, son tan solo algunas muestras de esa política sistemática.
Este reportero conversó con el dirigente del Movimiento Antorchista en la entidad, Samuel Aguirre Ochoa, a quien ahora apuntan las baterías.
El ex diputado federal señaló que ahora mediante citatorios la Fiscalía General del Estado (FGE) pretende intimidar y de ser posible, sacarlos de la actuación pública, por criticar al régimen.
Aguirre Ochoa señaló que debido a una denuncia penal interpuesta por una mujer que no conocemos, en la que se le acusa de los delitos de FRAUDE y ABUSO DE CONFIANZA, su representante legal compareció en las instalaciones del Centro de Medios Alternativos de Solución de Conflictos de la FGE, ubicado en Xalapa, para dar respuesta al citatorio correspondiente.
Según ha explicado el dirigente social, en la citada reunión tuvieron conocimiento que, en el mes de julio de 2021, dos individuos intentaron vender una porción de terreno a la denunciante, MARÍA NAYELI “N”, ubicada entre las calles Osa Menor, Saturno y Estrella Capella de la colonia Arroyo Blanco en Xalapa, cuya propiedad legítima pertenece al Ing. Samuel Aguirre Ochoa.
Uno de ellos, EDUARDO “N”, se ostentó como apoderado legal de Samuel Aguirre Ochoa, mostrando un Poder Notarial supuestamente otorgado por éste. Es preciso aclarar, que dicho Poder Notarial, de existir, es totalmente apócrifo, pues Aguirre Ochoa JAMÁS ha otorgado un documento de este tipo a dicha persona.
Además, en la mencionada reunión, la denunciante exhibió una copia de credencial de elector a nombre de Samuel Aguirre Ochoa, en la que se pudo observar que la fotografía de ésta, para nada corresponde a la imagen del líder de Antorcha en Veracruz.
Todas las evidencias apuntan como es de presumirse, que con base en argucias legaloides se pretende inculpar al dirigente Antorchista en Veracruz.
Esta situación resulta muy preocupante pues, suponiendo que simplemente se trate de un fraude cometido por un estafador o un grupo de ellos, evidencia la ineficacia del Estado para evitar el incremento de los delitos en la entidad, por lo que exigimos se actúe de manera pronta en este y en todos los casos en los que se violenten los derechos de los veracruzanos.
Y si, por otro lado, estamos ante una elaborada fabricación de delitos para involucrar a Samuel Aguirre Ochoa con el objeto de manchar su imagen y hostigar políticamente a él y a la Organización social que dirige, reiteramos nuestro llamado al gobierno estatal para que se abstenga de utilizar al aparato judicial con la finalidad de reprimir a los antorchistas o a cualquier otro grupo de ciudadanos que no simpaticen con las acciones de su gobierno.
La grave crisis de estado, reflejada ya en persecución política nos obliga a cuestionarnos, en qué momento el gobernador del Estado comenzará a deshacerse de algunos lastres al frente de muchas dependencias, los cuales simplemente no trabajan para el mismo lado y solo lo encaminan a responsabilizarlo de las serias y graves acusaciones que habrán de llegar tras demostrarse el uso sistemático y faccioso de la medida.
Al tiempo.
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