Alejandro Envila Fisher
Ningún funcionario, ni federal ni local,
ni de órganos autónomos o del Poder Judicial de la federación, tiene un salario
superior, ni siquiera igual, al del presidente de la República. Sin embargo,
desde que se aprobó una norma que ilegalmente recortó sueldos y suprimió
prestaciones de la alta burocracia, se ha vuelto un lugar común usar como
referencia el salario nominal del presidente para acusar de dispendiosos,
egoístas, interesados, mezquinos y hasta corruptos, a los funcionarios que
pudieron resistirse a renunciar a los sueldos que habían alcanzado.
Hoy se utiliza un manipulado concepto del
salario presidencial para impulsar la cacería mediática contra los consejeros
del INE, pero antes se hizo lo mismo para presionar a los ministros de la
Corte, a los magistrados de Circuito, a los jueces de Distrito, a los
consejeros del INAI, al gobernador y a los subgobernadores del Banco de México
y hasta a los directivos y profesores de tiempo completo, muchos con varias décadas
de antigüedad, de las principales universidades públicas del país; la UNAM en
primer lugar.
En México el salario se integra por la
remuneración en metálico, más todas las prestaciones que recibe un trabajador.
Esta no es una teoría sino una norma de derecho laboral consagrada en la Ley
Federal del Trabajo.
El salario del presidente, del que
siempre se habla y con el que se compara el de otros funcionarios para
hostigarlos, es el monto del cheque o la transferencia que Andrés Manuel López Obrador recibe cada quincena de la Tesorería de
la Federación, pero también la suma de todas las prestaciones que tiene
asignadas a su favor como titular del Poder Ejecutivo Federal. Así, los alrededor
de 140 mil pesos mensuales que López Obrador recibe por nómina, son solo una
parte, ni siquiera la más abundante, del salario presidencial. A esa cantidad
hay que sumarle el equivalente en dinero de todas las prestaciones inherentes
al cargo. El total de esa suma es el verdadero monto del salario presidencial.
El presidente vive en un Palacio de
dimensiones que no tiene ningún otro inmueble para vivienda en el país. Aunque en la construcción hay muchas
oficinas, también hay múltiples salones y espacios privados de uso exclusivo
del presidente, sus colaboradores y su familia; un jardín interior maravilloso,
una decoración incomparable conformada por muchas obras de arte de valor
histórico incalculable, patios de grandes dimensiones, salones para reuniones,
estacionamiento enorme y muchos espacios dedicados a la residencial
presidencial, al menos parcialmente. El costo de rentar un inmueble con las
características, ubicación incluida, del Palacio Nacional, es parte del salario
del presidente porque éste no paga ninguna renta por vivir ahí. Rentar en un
inmueble así la parte de un inmueble que ocupa el presidente como vivienda, puede
costar fácilmente 300 mil pesos al mes.
Ni el presidente, ni su esposa, gastan un
solo peso del salario en metálico en comprar comida. La Presidencia de la República
provee los alimentos para la familia presidencial y sus invitados en cualquier
ocasión. Llenar esa despensa , en la que nunca pude faltar nada y todo es de
primerísima calidad, no puede llevarse menos de 150 mil pesos mensuales. El
servicio profesional de cocina y limpieza, pues es evidente que ni el
presidente ni su esposa preparan comida ni limpian la casa, pues ambos tienen
cosas más interesantes que hacer, no puede estar por debajo de los 100 mil
pesos mensuales.
El presidente tampoco gasta en comprar o
arrendar un automóvil para él y otros para su familia, además de que no maneja
pues tiene choferes a su disposición. Los vehículos en que se traslada,
camionetas blindadas completamente justificadas porque se debe garantizar su
seguridad, deben costar por concepto de renta por lo menos otros 100 mil pesos
al mes. El costo estimado del arrendamiento de esos vehículos, además del
salario del o los choferes que utilice, que no debe ser menor a los 30 mil
pesos mensuales sumados si se consideran dos operadores, también es parte del
sueldo del presidente porque es una prestación para su comodidad y seguridad.
El presidente no gasta en servicio médico
y tampoco se atiende en el ISSSTE. Él y su familia tienen a su disposición el
servicio médico, de excelencia por cierto, del Hospital Militar con los mejores
especialistas que ahí laboran. Más aún, el presidente siempre tiene un servicio
médico y una ambulancia a su disposición este de gira o se encuentre en sus
oficinas de Palacio Nacional. ¿Cuánto cuesta tener un equipo médico de
excelencia, no un solo doctor, a disposición en la habitación contigua, las 24
horas del día? ¿Barato? Otros 250 mil pesos mensuales por lo menos. ¿Cuánto
puede costar tener una ambulancia completamente equipada estacionada en el
garaje de la casa con todo y paramédicos e integrada todo el tiempo al convoy
presidencial, ? Otros 200 mil pesos mensuales.
Ni el presidente ni su familia gastan en
comprar ropa. Existe una partida presupuestal para el vestuario del mandatario
y de sus dependientes económicos y los trajes que usa el presidente tampoco son
de marca libre. Algún ex colaborador ha expresado que cuando era jefe de
Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador usaba trajes del diseñador
italiano Antonio Solito. Una estimación tan conservadora como las anteriores,
podría ubicar el monto de esa partida para vestimenta en 100 mil pesos
mensuales.
Sin considerar otros gastos menos
frecuentes como vacaciones, aunque un presidente descansa poco y en realidad no
vacaciona, un cálculo sumamente bajo integraría el salario presidencial así:
Sueldo 140 mil
Vivienda 300 mil
Alimentos 150
mil
Servicio doméstico 100 mil
Vehículos 100
mil
Choferes 30 mil
Servicio médico 250 mil
Ambulancias 200 mil
Vestimenta 100 mil
El total de ese listado alcanza la cifra
de un millón 370 mil pesos mensuales. Esa, también conservadoramente, es una
cantidad más realista, con sustento legal además, para hablar del salario del
presidente.
Con ese monto es con el que se debe comparar
el salario del resto de los integrantes del servicio público, incluidos no solo
consejeros electorales o del INAI, ministros de la Corte, magistrados de
circuito y jueces de Distrito, embajadores y cónsules, rectores de
universidades públicas, directores de facultades, profesores de tiempo completo
e investigadores, así como directores médicos de grandes hospitales de alta
especialidad.
Para apoyar el discurso populista, en los
últimos tres años el periodismo oportunista ha convertido en nota el salario de
los funcionarios con mayor antigüedad y nivel de especialización del servicio
público. Reporteros que escriben por encargo acusan y acosan a los responsables
de organizar y garantizar la imparcialidad de las elecciones, porque ganan 200
mil pesos mensuales. Lo hacen alegando falsamente que superan el salario
presidencial. Lo mismo han hecho cuando existe la intención de doblegar o
desprestigiar a una jueza o un juez que
concede un amparo contra una decisión arbitraria de poder público que viola
derechos humanos. Actúan igual cuando tratan de hostigar a quienes pretenden
defender la autonomía de sus instituciones o incluso la libertad de cátedra
universitaria.
A esos reporteros, alentados y
seguramente premiados desde el poder, además de cobijados por su ignorancia y
pobre formación, les parece indignante que el rector de la UNAM o alguno de sus
investigadores de excelencia gane 150 mil pesos mensuales a pesar de tener 25 0
30 años de antigüedad en la institución, cuando el presidente gana 9 veces eso.
Es curioso, pero a esos voceros del populismo salarial no les molesta que un
futbolista profesional de nivel medio en México gane el triple que un rector,
ni que la señorita Vilchis cobre 80 mil pesos mensuales por mal leer, con
tropezones, medias verdades todos los miércoles, como parte de la conferencia
de prensa del mandatario.
El presidente de México no gana 140 mil
pesos mensuales y si su salario será la medida de las remuneraciones que
reciben otros servidores públicos (eso debería discutirse con mayor
detenimiento y profundidad porque no es correcto, ni es conveniente, ni tiene
fundamento), al menos debe hablarse del salario real y total del mandatario, y
no solo del engañoso monto del cheque o depósito quincenal. Juzgar a partir de
cantidades parciales es desinformar, mentir y engañar para promover la
devaluación del servicio público, de las instituciones y de la fortaleza de la
democracia mexicana.
En cualquier empleo, el salario debe ser
proporcional a la responsabilidad, pero también a la trayectoria, a la
preparación, a la capacidad probada y a los resultados que entrega el empleado,
no a un falso concepto de austeridad mal entendida, pues esa solo tiende a
generalizar el empobrecimiento y a promover la fuga de talento.
@EnvilaFisher
