Jesús Zambrano Grijalva

Twitter:@Jesus_ZambranoG

Durante las llamadas mañaneras del pasado 23 de diciembre, el presidente López Obrador, a pregunta expresa de un reportero, criticó a la alianza “Va por México”, de que querían ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para quitarle los apoyos sociales a la gente. El PRD presentó una denuncia ante la autoridad electoral contra esta intervención del Ejecutivo en el proceso electoral. Derivado de ello, el INE investigó y comprobó que algunas de las preguntas que se hacen en las conferencias matutinas son concertadas para dar pie al presidente a hablar en contra de la oposición, lo cual evidencia una clara violación al principio electoral de imparcialidad con la que deben conducirse todos los servidores públicos y porque, además, exhibe el uso de recursos económicos para beneficiar electoralmente al partido de la 4T, Morena.  

Ante la gravedad del asunto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE estimó necesario emitir una medida cautelar en su dimensión inhibitoria contra el presidente de la República con la que busca evitar que un daño se concrete, se continúe o se repita. Pero la terquedad del Ejecutivo por no conducirse dentro del marco del artículo 134 constitucional, obligó al INE a convocar a una sesión extraordinaria del Consejo General el pasado 15 de enero, en el que definió, tal y como lo mandata una sentencia del Tribunal Electoral, los alcances de dicha medida cautelar para salvaguardar los principios electorales de imparcialidad, neutralidad, equidad y libertad. Es importante aclarar que en ningún momento el INE acordó la suspensión de las mañaneras, pero sí resolvió que cualquier servidor público -no solo el presidente de la República- debe respetar los parámetros de no intervención electoral, los cuales fijó y describió claramente en su resolución.

No obstante, el pasado 19 de enero, argumentando que son un mecanismo de censura, la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó las medidas cautelares del INE ante el Tribunal Electoral. Este fin de semana, se dió a conocer una nota periodística en la que se menciona que está circulando entre los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un proyecto de sentencia que busca revocar el acuerdo del INE.

Habrá que esperar la resolución formal del Tribunal Electoral para constatar si los magistrados le dan la razón a la Ley o al presidente. 

Este máximo órgano judicial en materia electoral tiene un reto de trascendental importancia en el proceso comicial en curso, ya que si el Tribunal Electoral decide desechar el acuerdo del INE, también estaría desechando varias décadas de lucha democrática por la no intervención electoral del Ejecutivo. Además, se pondría en riesgo el proceso de la elección de este año, la más grande de nuestra historia, pues no solo le dará autorización al presidente López Obrador de entrometerse en dicho proceso y criticar a la oposición, sino también a los gobernadores, presidentes municipales y demás servidores públicos para actuar violando disposiciones constitucionales y legales. Será una decisión de gran impacto. Esperemos que los magistrados estén a la altura de las circunstancias y que salvaguarden la autonomía y credibilidad del Tribunal Electoral ante los insistentes embates del Ejecutivo.

Hoy más que nunca se requiere que el Tribunal Electoral subraye su papel como pilar de nuestras instituciones democráticas. Será una resolución que estará en la mira de todos.