Alejandro Envila Fisher

Lo que empieza mal acaba peor. Todo inició con el despido injustificado y calumnioso de Jorge Hernández por expresarse contra una estupidez declarada por un funcionario federal de tercer nivel, pero siguió con la renuncia del censor, Enrique Márquez en la Cancillería, después del anuncio de la designación de Brenda Lozano para sustituir al despedido original. La cosa empeoró con la intervención del presidente López Obrador cuando, en su conferencia matutina, anunció el despido de la misma Brenda Lozano, para proponer a una “escritora indígena, mexica, náhuatl…”, en la Agregaduría Cultural de la Embajada de México en España. La intervención del presidente confirmó que la censura y la discriminación subsisten en el México de hoy, donde ahora se margina, sobre todo, por la forma de pensar. Así, un problema de censura a cargo de un funcionario menor, acabó convertido en un escándalo mayor que arrastró al presidente para ubicarlo como responsable de discriminación contra una ciudadana mexicana.

El cese de Jorge Hernández, agregado cultural de México en la embajada en España, dejó al descubierto que desde el poder, la vocación censora subsiste, ahora aderezada con un sorprendente desaseo, una inocultable falta de pericia para operar y un coro de aplaudidores en redes sociales que solo hacen más burdo el ataque a la libertad de expresión.

La censura, en forma de presiones contra escritores y periodistas, ha sido cosa de todos los días en el gobierno actual y en los anteriores. Este no es un vicio que llegó con la 4T, pues los reclamos amenazantes de funcionarios con la advertencia de “soy amigo del dueño de tu periódico o estación de radio” y las exigencias o amenazas de otros para que se les revelara una fuente, eran formas comunes de intentos de censura que muchas veces fructifican.

Esas “amistades” entre políticos y propietarios de medios eran y siguen siendo reales. Abundan los ejemplos de periodistas despedidos cuando se convirtieron en una oportunidad, para sus patrones, de congraciarse o hacerle un guiño al poder. Igualmente, hay ejemplos de comunicadores ávidos por quedar bien con el poder jugando el papel de defensores, no de sus convicciones porque eso es legítimo y respetable, sino de lo indefendible, para ganarse un lugar en el “afecto” de los gobernantes de ayer o de hoy, sin importarles ni credibilidad ni respeto.

“Un funcionario en una embajada no puede andar escribiendo artículos en la prensa en contra de otro funcionario del gobierno. El despido de Jorge Hernández en ese sentido estaba justificado. Lo que no entiendo es porque (sic) no le dijeron las verdaderas razones”. Así escribió en Twitter, el 11 de agosto pasado, Hernán Gómez Bruera, uno de los personajes del periodismo de hoy, que pretende ofrecer lecciones de política y de análisis político para explicar las que él asume como las nuevas reglas no escritas de la 4T, con la evidente aspiración de ser un vocero “creíble” del régimen.

Su afirmación, justificatoria de un flagrante acto de censura, confirma que no hace falta ser viejo para tener una forma de pensar antigua, rebasada y de otros tiempos, aunque también exhibe la pobreza ética de quien pretende ocupar un lugar entre la pseudointelectualidad orgánica del actual gobierno, para codearse lo mismo con los moneros de El Chamuco que con Lord Molécula en las mañaneras.

Para ser un doctor en Desarrollo, así se describe, Hernán Gómez tiene un pensamiento político, un conocimiento jurídico y una ética periodística, bastante poco desarrollados. Si sus expresiones fueron aplicables en algún momento, habrá sido, quizá, en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. Tal vez, solo tal vez entonces, la mayoría de los funcionarios de gobierno se asumieran lobotomizados y renunciaran al ejercicio libre de su criterio y opinión. Pero hace mucho que al interior del gobierno mexicano se hicieron públicos los debates por diferencias de opinión, de criterio y de proyecto. La mejor muestra es el surgimiento de la Corriente Crítica dentro del PRI que, en 1986-1987, cuestionó al presidente y al sistema en general para demandar, desde dentro del gobierno y su partido, un proyecto alternativo de nación.

Han ocurrido muchas cosas en México desde los ochenta: Reformas políticas, ciudadanización de los organismos electorales, pluripartidismo, tratados de libre comercio, llegada de la convencionalidad, alternancias federales y locales, surgimiento de los órganos constitucionales autónomos, encumbramiento internacional de los Derechos Humanos y más, como para que un aspirante a inteligencia progubernamental, quiera ganar credibilidad promoviendo tesis de los tiempos del sistema de partido de Estado.

La libertad de expresión es de quien la trabaja, pero vive bastante amenazada por los políticos que no la soportan, y ahora también por el crimen organizado, como para que además un aspirante a vocero oficioso la ningunee con sus odas a la autocensura.

Los servidores públicos son ciudadanos y no tienen canceladas sus libertades individuales, entre ellas la libertad de expresar, formal y profesionalmente, su opinión sobre asuntos de interés público. La expresión en ese sentido, a cargo de Hernán Gómez es falsa, no tiene sustento legal y menos justificación ética.

Jorge Hernández no le faltó al respeto a nadie ni atacó al presidente con su posicionamiento sobre lo importante del placer de leer. Simplemente clarificó y llamó por su nombre a la estupidez expresada por Marx Arriaga, un funcionario de la SEP, que rechazó el acto individualista de goce que podría subyacer en la lectura, si esta carece del mismo compromiso ideológico que él, Arriaga, tiene.

Lo que ocurrió con el agregado cultural es, además de un despido injustificado, un burdo y contundente acto de censura cuyo operador responsable tiene un nombre: Enrique Márquez. Por la forma en que se dieron las cosas, aunque no haya ninguna prueba de que la orden de despido salió, o pasó por la oficina de Marcelo Ebrard, sería ingenuo pensar que el canciller no estaba enterado del asunto.

Ahora, con el problema escalado hasta el nivel presidencial por el pretendido cese de Brenda Lozano, Ebrard ha quedado, nuevamente, en la posición más incómoda. Como todavía tiene esperanzas de ser el candidato de Morena, hará lo que el presidente le ordena: recibirá el nombre de la indígena a la que le “sugieren” contratar y quedará como corresponsable de un nuevo acto de censura y discriminación, esta vez contra la escritora a la que él mismo acababa de invitar a colaborar.

El berrinche de quien ordenó el cese que originó todo, el de Jorge Hernández, le salió muy caro al canciller, pero también al presidente de la República porque ahora no podrá culpar a la burocracia del pasado, pues su participación en la remoción discriminatoria contra Brenda Lozano es pública. ¿De verdad el ego de Marx Arriaga vale tanto?

@EnvilaFisher