Conforme avanza este año es posible ver públicamente a Andrés Manuel López Obrador día tras día más enojado y su presidencial molestia se manifiesta con cada vez más sectores y se expresa con un lenguaje  más y más beligerante y ofensivo para sus críticos o simplemente con quien no coincide con él o su gobierno.

En esta ocasión, a propósito de la revocación de mandato, denostó a la oposición que sostiene que este ejercicio es ocioso y también subió el tono contra el INE por el hecho de que esta consulta no contará con el despliegue similar al de una elección federal cuando fue su Secretaría de Hacienda la que negó los recursos solicitados para realizar este ejercicio.

La semana pasada se lanzó contra las mujeres del ITAM, Morena y grupos feministas a las que señaló como orquestadoras de una campaña de desprestigio contra el historiador y fallido embajador de México en Panamá Pedro Salmerón al que señalaron como un acosador sexual sistemático, lo que le ganó el rechazo de la canciller panameña Erika Mouynes, contra la que también arremetió al calificar su desacuerdo con Salmerón como digno de “la Santa Inquisición”.

Y también de nueva cuenta arremetió contra los periodistas Carlos Loret y Carmen Aristegui, el comediante político Brozo personificado por Víctor Trujillo y el empresario Claudio X. Gonzalez a los que vuelve a señalar como integrantes de lo que llama “el bloque conservador”.

La ira presidencial se concentró en Loret de Mola, a quien durante cuatro días seguidos, verdadera y evidentemente molesto, ha acusado de “golpeador, corrupto y mercenario sin principios y sin ideales” a propósito del reportaje de Latinus que exhibió la vida de lujos que goza en Houston José Ramón López Beltrán y su pareja Carolyn Adams, cabildera de una empresa petrolera que tiene millonarios negocios con el gobierno de la 4T.

Y es que más allá de si existe algún acto de corrupción de parte del hijo mayor de AMLO o su pareja, su millonario tren de vida contradice y pone en entredicho uno de los pilares del reiterado discurso del Presidente, quien acusa a la clase media mexicana de “aspiracionista” y fustiga a quienes están interesados en obtener bienes materiales y ganar más dinero al tiempo que pregona la austeridad como una virtud de su gobierno y que debe ser practicada por toda la sociedad mexicana.

Además, en su afán por desacreditar cualquier crítica se ha lanzado con una vehemencia casi furiosa a defender y exhaltar a funcionarios señalados como corruptos o ineficientes.

Ese ha sido el caso de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, acusada de despojar en su gestión como alcaldesa a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco del diez por ciento de su salario para canalizarlo a Morena y lo mismo ha hecho con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien ha sido duramente cuestionado por su manejo de la pandemia de COVID-19 y cuyo último escandaloso fallo ha sido negar a los menores de cinco a 14 años la vacunación universal contra la pandemia, medida que recomienda la OMS para proteger a los niños.

Además, el presidente López Obrador también ha enfilado su enojo contra los mexicanos que cuentan con estudios superiores, a los que critica porque mayoritariamente rechazan su gestión frente a los pobres que asegura apoyan a su gobierno.

Todo lo cual hace sentido con la ofensiva que mantiene desde el Conacyt contra el Sistema Nacional de Investigadores al quitar apoyos y becas a científicos y académicos en una franca confrontación contra la inteligencia y el conocimiento.

Ataques que también se reflejan en la intromisión autoritaria contra el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), las campañas de desprestigio montadas contra la UNAM y más recientemente con la intentona de eliminar de la educación pública los criterios de eficiencia, calidad, evaluación y competencia, lo que augura una catástrofe de proporciones gigantescas en la formación de millones de niños y adolescentes.

Así las cosas con un López Obrador cada vez más enojado y que no tiene empacho en aplastar con su gigantesco poder desde la tribuna de Palacio Nacional a todo aquel que denuncie  o exhiba los errores, fallos o corrupción dentro de su gobierno, su partido y la llamada Cuarta Transformación. Hay que ver en qué termina la ira presidencial.