Los hechos apuntan a que, con la Pandemia como pretexto, un pacto político perverso que vuelve a México a los niveles de ineficiencia burocrática de los años setenta, se ha celebrado entre el gobierno federal y varios de los sindicatos burocráticos que hoy existen dentro y fuera de la FSTSE.  El pacto es sencillo y tiene muy contenta a la burocracia sindicalizada: Con el Coronavirus como justificación, tú burócrata sindicalizado te quedas en casa todo el tiempo que sea posible (no importa que no cuentes con computadora o conexión a internet), mientras el gobierno paga tu salario íntegro aunque no trabajes. Cuando llegue el tiempo de elecciones, no olvides quién te regaló dos, o quizá tres, años de salario sin devengarlo, y vota en consecuencia.

Los burócratas sindicalizados llevan dos años sin trabajar, o en el mejor de los casos trabajando a medias, pero recibiendo la totalidad de su sueldo, con cargo a los impuestos de los mexicanos, al empobrecimiento del erario, al hígado y dinero de los usuarios que pierden su tiempo impulsando trámites que no avanzan por falta de personal, y a una reactivación económica también frenada por permisos, licencias o certificados cuya emisión no fluye. Por supuesto, la burocracia sindical está no solo conforme sino contenta.

Aunque el desprestigiado semáforo epidemiológico fue devuelto al color verde y todos deberían regresar a las actividades productivas y laborales normales, al mismo tiempo que el presidente López Obrador demanda a los demás volver al trabajo y las aulas, su gobierno mantiene una política ambivalente frente a sus propios empleados: por un lado exigencia extrema a sus mandos medios y superiores para que garanticen la prestación del servicio que les corresponda y, por otro, relajamiento y tolerancia injustificados con sus trabajadores sindicalizados. Los primeros deben trabajar todos los días y asegurar la viabilidad de los servicios públicos a su cargo, mientras los segundos, ya en semáforo verde, pueden faltar hasta el 50% del tiempo, aunque gocen de salario completo y su ausencia haga imposible la normalización de las tareas en oficinas y dependencias gubernamentales.

Hoy tanto el ciudadano que acude a una oficina pública para cualquier tramite, como el beneficiario de una obligación gubernamental como la pensión por jubilación, deben esperar, pacientemente, el depósito de su dinero, la respuesta a su solicitud, el otorgamiento de una cita con su médico especialista en el ISSSTE o el IMSS, la reconexión de su servicio de energía eléctrica o agua, suspendido por una falla en las redes de transmisión. La razón de esa espera es simple: no hay personal suficiente porque los burócratas sindicalizados siguen sin acudir a sus centros de trabajo porque son vulnerables, amanecieron con un principio de gripa, se van a hacer una prueba, tienen a un familiar enfermo, o convivieron con el primo de un amigo cuya esposa acaba de dar positivo. Cualquiera de estas justificaciones es buena para “no arriesgarse” y faltar a las oficinas de la SEP, el ISSSTE, la Semarnat, la Segob o la dependencia a la que se encuentran adscritos, aunque desde hace dos años no trabajan regularmente para ella y siguen cobrando salario completo.

El abuso y el cinismo se convirtieron en otra de las divisas que la sociedad mexicana heredó de la Pandemia. Mientras un ejército de nuevos pobres y millones de desempleados del sector privado sufren todos los días para reinventarse y poner comida en las mesas de sus casas, otro ejército, pero de burócratas sindicalizados, vive con la comodidad de no trabajar o simular que lo hace desde casa, pero cobrando íntegro un salario que no se gana. Esto es posible porque los altos mandos gubernamentales han decidido que consentirán a los sindicalizados (para ganar su voto) mientras exprimen y revientan a sus trabajadores de confianza.

En principio, todo parecía otra falta de oficio de las autoridades para administrar la nueva circunstancia. Eso hacia suponer que gradualmente se lograría mover al elefante reumático de la Administración Pública al que se ha referido el presidente en diferentes ocasiones. Hoy, el paso del tiempo, la normalización de una forma ineficiente de trabajo y la soberbia de varios líderes sindicales que amenazan a directores generales de entidades y dependencias del gobierno federal con tomar las oficinas, obligan a considerar la existencia de un pacto corrupto que le permitirá al elefante reumático gubernamental seguir echado, a cambio de la promesa de que sus huestes, los trabajadores que no trabajan,  voten por el proyecto de Morena en las próximas elecciones.

La calidad y oportunidad de los servicios públicos no importa, pues a final de cuentas quien paga por esa ineficiencia son la población y la economía nacionales, afectadas lo mismo en el intento de obtener una licencia de construcción, que en el trámite de un juicio o en los permisos para operar un negocio que, de abrirse, generaría empleos para algunos de los muchos nuevos desempleados que ha dejado la Pandemia.

El corporativismo está de regreso en la práctica política mexicana y para eso, la pandemia parece haberle venido al gobierno de Morena, como anillo al dedo.

@EnvilaFisher