Dejar de señalar, protestar e indignarse ante conductas y acciones ilegales de los servidores públicos, que creíamos superadas, se ha convertido en una peligrosa constante que le da mérito a la tesis de la regresión autoritaria y caudillista, apoyada en un populismo exacerbado, que se ha expresado para describir la etapa actual de la política mexicana.

Mítines sustentados en el acarreo grotesco, atiborrados de servidores públicos y burócratas en horarios laborales, con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como cabeza y oradora principal, así como viajes del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del Comandante de la Guardia Nacional, en aviones de la Fuerza Aérea, para participar en la promoción ilegal de la Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato, son nuevas muestras del regreso a las prácticas más cínicas, inmorales y simuladoras de la política que, se supone, habían sido erradicadas con una cultura firme de la denuncia y la condena.

Pero esas ilegales puestas en escena para simular popularidad, sustentadas en el uso ilegal de recursos públicos, no son la única, ni la más peligrosa de las expresiones de ese regreso a la simulación en materia de Estado de Derecho.

Durante la segunda quincena de marzo de 2022, en el municipio de Ocoyucan, en el estado de Puebla, se orquestó el intento de invasión de un predio ubicado en la Junta Auxiliar de Santa María Malacatepec. La cita era el miércoles 23 de marzo a las cinco de la mañana y el plan era simple: ocupar (invadir) y “repartir” el terreno entre los participantes en la ocupación (invasión). La convocatoria, acorde a los tiempos modernos, se hizo al través de WhatsApp y Telegram y, hasta donde se pudieron rastrear las huellas digitales, en forma de mensajes de chat, se llamó a participar a, por lo menos, 784 personas. El responsable del llamado fue un grupo autodenominado Unidad de Izquierdas, que no es otra cosa sino una tribu poblana del partido político en el poder: Morena, manejado y controlado en la entidad por el gobernador Luis Miguel Barbosa. Se trata del mismo gobernador que nunca aclaró cómo compró la casa que fue propiedad de Miguel de la Madrid en Coyoacán; el mismo que dijo que el Coronavirus solo afectaba a los ricos y que se curaba con tortas de guajolote. Es el mismo político cerril y cínico que dijo que la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, quien lo derrotó en las urnas, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fueron un castigo de Dios porque “le robaron”, la primera elección.

El predio que era, y sigue siendo, el objetivo de los invasores, es una propiedad ejidal y fueron los ejidatarios quienes, al enterarse de la operación de invasión en marcha, alertaron a las autoridades municipales de Ocoyucan y se apersonaron en sus tierras para defenderlas. En el lugar, según señalaron ellos mismos, había un inusual movimiento de personas extrañas a la comunidad y a la propiedad, que llegaron en camionetas y automóviles. Ante la pregunta de qué buscaban en el ejido, algunos de los extraños expresaron tímidamente que habían sido citados para una venta de terrenos en ese lugar. La presencia de la Policía Municipal de Ocoyucan, un municipio gobernado por el PRI, en abierta oposición a Barbosa y a Morena, acabó de disuadir a los invasores en esa ocasión; aunque ellos mismos circularon la versión de que volverían a intentar apoderarse del terreno más adelante.

La particularidad del predio ejidal en cuestión, y la explicación al intento de invasión, es la cercanía de Santa María Malacatepec, con el proyecto Angelópolis; el desarrollo habitacional y de oficinas, negocio inmobiliario ultramoderno y de lujo que, como gobernador, Manuel Bartlett impulsó en Puebla.

Como en todo intento de invasión, aquí hay un interés económico; aumentado en este caso porque se trata de terrenos que, debido a su ubicación privilegiada, tienen un importante valor comercial. Malacatepec es una alternativa natural al crecimiento de esa zona residencial estilo Santa Fe, pero conurbada a la ciudad de Puebla.

En México, las invasiones de predios toleradas, o alentadas desde el poder, son historia conocida. Muchas veces sirvieron para atender clientelas políticas por encima de la ley, pero además, invariablemente engordaron los bolsillos de políticos corruptos que protegían, o protegen, a caciques. El caso de Guadalupe Buendía Torres, La Loba, comadre y protegida de Arturo Montiel Rojas, pero antes de Cesar Camacho, Emilio Chuayffet e Ignacio Pichardo, gracias a lo cual fue señora de horca y cuchillo en Chimalhuacán, donde invadió y vendió varias veces los mismos terrenos en el municipio hasta el año 2000, es solo un ejemplo de ese México de paracaidistas y despojos tolerados, que se supone había quedado atrás.

Una invasión y un despojo siempre están organizados por un líder que generalmente es más bien un cacique. Se trata de delitos equivalentes al robo de inmuebles completos y su tolerancia solo se explica porque el cacique recibe protección, o hasta instrucciones, del gobernante en turno o de sus operadores.

Esta es otra de esas viejas prácticas de la política clientelar y de simulación que, se supone, habían ido quedando atrás en el México de la democracia ciudadanizada y el sistema competitivo de partidos, lo mismo que el acarreo descarado de burócratas y el uso indebido de recursos públicos para promover campañas políticas. Que hoy un intento de invasión asome en una zona con alto valor comercial, en una entidad federativa, gobernada por un morenista impresentable, Luis Miguel Barbosa, debería ser un auténtico foco rojo.

Las garantías de seguridad jurídica deben beneficiar, tanto a los inversionistas extranjeros que ven amenazados sus negocios por reformas expropiatorias que violan los acuerdos de libre comercio, como a los ejidatarios de cualquier municipio pobre del país, que pueden ser víctimas de caciques representantes de mafias inmobiliarias, y que actúan por vías mucho menos “civilizadas” que una ley anticonstitucional apoyada por cuatro ministros de la Corte, dedicados a hacer política.

@EnvilaFisher