Ya estamos por concluir este inquietante y preocupante 2022 y a punto de iniciar el 2023, inmersos en graves riesgos para la vida democrática de nuestro país, que amenazan con terribles regresiones autoritarias y el agudizamiento de los problemas de inseguridad, los que afectan la calidad de vida de las familias mexicanas. De esto hemos hablado mucho en nuestras últimas colaboraciones.

En medio de todo ésto no podemos dejar de señalar que el reto que tenemos todas las mujeres y hombres de nuestra patria es seguir trabajando, desde las trincheras de cada quién, para poner un alto a esta cadena de deterioro, alzar la voz y potenciar nuestras fortalezas para defender el marco de libertades que tenemos logrados a base de múltiples esfuerzos de millones de personas durante décadas de luchas.

En una última colaboración decía aquí que ante la inminencia de la aprobación del nefasto

bodrio de reforma electoral obradorista (el llamado “Plan B”) por parte de Morena y sus rémoras, no podíamos ni debíamos quedarnos cruzados de brazos, y que deberíamos recurrir a todas las potencialidades democráticas de la sociedad *democrática* en su conjunto, ya que son mucho más poderosas que las encabezadas desde el poder presidencial con pretensiones dictatoriales.

Lo que ahora tenemos como reto inmediato es la presentación de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de la Nación para demandar la anulación de esas reformas obradoristas que ponen en riesgo la realización de elecciones libres y democráticas, lo cual beneficiaría al aprendiz de dictador instalado en Palacio Nacional.

En ese mismo tenor estará la presentación de recursos legales del INE y diversos servidores públicos ante el Tribunal Electoral para demandar la inaplicabilidad de esas normas ya que violan la autonomía del INE y del propio Tribunal al obstruir las actividades regulares que son garantía de la organización de elecciones confiables; además, los miles de funcionarios del Sistema Profesional Electoral del INE, que son amenazados con el despido, estarán en su derecho de exigir que esas reformas sean declaradas inaplicables, ya que obstruyen, con sus despidos, el funcionamiento constitucional del INE, ademas de que injustificadamente violan sus derechos laborales.

Un último y gran reto es que la sociedad civil vuelva a salir de nuevo a las calles de nuestro país para exigir la anulación de esas reformas y grite valientemente que México no aceptará una dictadura.

Y desde la perspectiva de un plano optimista, yo diría que hay un enorme mar de oportunidades ante el fracaso del gobierno obradorista. Ni una sola de las políticas públicas más importantes de esta administración están aprobadas por la ciudadanía; todas están reprobadas. Hoy el país está peor que hace 4 años y medio que Morena ganó las elecciones, y eso  cada día más un número creciente de la gente lo está palpando, y cada día crece el enojo ante las mentiras con las que gobierna este personaje.

Y al decir que hoy estamos peor que antes, no significa que estemos planteando regresar al pasado, lo cual es imposible, sino que debe dejarse claro ante la sociedad que se ha aprendido de los errores que contribuyeron a que un desquiciado narcisista llegara a la presidencia, y que llegó la hora de que los partidos escuchen las voces de la sociedad y reconozcan la necesidad de caminar de la mano con ella para tomar decisiones para configurar una plataforma progresista y democrática común, así como para definir de manera conjunta la candidatura presidencial y los principales cargos a elegir para el 2024.

Sería un craso error de trascendencia estratégica que las cúpulas partidistas

pretendieran tomar entre ellos estas decisiones.

Lograr la unidad opositora con un programa democrático y progresista común, y acordar un método transparente, abierto y ciudadano con la participación de la sociedad civil, será la gran oportunidad para derrotar al proyecto obradorista representado en Morena.