San Luis Potosí.- Luego de ganar el juicio de amparo contra la inhabilitación por 18 años, el exalcalde de la capital Xavier Nava Palacios retó a Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, a volver a promover un proceso de inhabilitación “por lo que se les ocurra, y usar a quienes se les ocurra, porque con toda seguridad van a volver a perder”, dijo.

Explicó que por sí sola, su inhabilitación era ilegal, porque el Congreso invadió facultades del Poder Judicial Federal.

Recordó que hay cuatro juicios de amparo en juego; el 22/2022 del Juzgado Segundo de Distrito, que le corresponde y ya fue resuelto, el de la síndico Alicia Nayeli Vázquez, uno más particular para Alfredo Lujambio Cataño en su carácter de regidor y presidente municipal interino, y el que se refiere a las demás regidoras y demás regidores.

“Yo los reto tanto a diputados como al gobernador y su padre a que vayan en contra de nosotros otra vez, los reto a que vuelvan a presentar sin pruebas otra solicitud de juicio político, y si gustan también otra inhabilitación.

“Les exijo que lo vuelvan a hacer para volverles a dar una paliza legal, para que entiendan que no pueden estar jugando con la gente y mucho menos con sus adversarios políticos.

“Ahora resulta que por la obra más importante de infraestructura que se ha hecho en décadas en la capital estamos inhabilitados, cuando hay verdaderos temas de corrupción gravísima”, dijo Xavier Nava Palacios.

Agregó que también habrá investigación para el presidente municipal de la capital, porque en el Ayuntamiento pagaron un dinero a ejidatarios por un predio cuya propiedad no demostraron, y ya se metieron en un problema gravísimo porque el ejido nunca les demostró propiedad.

Aclaró que el juicio de amparo 22/2022 no es el que se relaciona con el 288/2021, que un juez dio por terminado sin haber resuelto si había o no responsabilidad, por el traslape de predios en la construcción del puente vehicular del anillo periférico oriente.

Explicó que el Juzgado Segundo de Distrito echa abajo una decisión política totalmente ilegal del Congreso del Estado, por carecer de facultades y hasta de conciencia propia, para determinar inhabilitaciones.

Dijo que finalmente, la determinación del Congreso que actúa bajo las órdenes de Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez, obedece a que se pretendía eliminar de la participación pública un grupo de personas que finalmente combatieron una y otra vez las decisiones y acciones del expresidente municipal capitalino y del actual gobernador.