Los funcionarios del Instituto Nacional de Migración hicieron nada frente a 40 personas que morían calcinadas. Ni la puerta abrieron. El video estremece, llena de enojo y frustración: ¿cómo permitir que el fuego consuma la vida de decenas de migrantes, sin la más mínima señal de alarma en quienes los custodian?

México - el país que se da golpes de pecho hablando de migración - se ha convertido en el cobarde aprendiz de Donald Trump y en el indolente ejecutor de las políticas migratorias dictadas desde Washington D.C. México presume al mundo que aquí no se criminaliza la migración pero el gobierno encierra a los indocumentados. México quiere enviar arbolitos a Centroamérica, pero permite que un centro de detención de migrantes arda hasta la muerte.

No tengo la menor duda de la responsabilidad penal de los crueles funcionarios que dejaron morir quemados a los migrantes; si aún existe un gramo de justicia en nuestro país, ansío ver a esos burócratas tras las rejas y tal vez, imaginando que aún mantuvieran un poco de dignidad, esperaría leer en la prensa la renuncia del titular del INAMI. En San Fernando los criminales acribillaron a los migrantes, en Ciudad Juárez los funcionarios públicos los abandonaron al fuego.

La responsabilidad del Estado no acaba ahí.

Comienzo por el principio: México 2011. Nuestro Congreso aprobó una muy trascendente reforma constitucional que reconoce la universalidad de los derechos humanos. Adicionalmente, en 2016 logré la modificación al artículo 11 de nuestra Carta Magna para que México se apegue a los tratados internacionales en materia de asilo y refugio, y se protegiera a las personas en situaciones de más riesgo o vulnerabilidad.

En 2018 presenté, como legisladora, una iniciativa en la Cámara de Diputados para que nuestras leyes se adecuaran a la mencionada reforma al 11 constitucional. La iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios pero, a las pocas semanas, me informó el presidente de la comisión dictaminadora que había recibido instrucciones de la Cancillería de impedir la aprobación del dictamen. Con ello el gobierno se quedó sin certeza legal y procedimientos claros para procesar las solicitudes de asilo y reconocer la condición de refugiado. Al final, mis entonces compañeros de MORENA no acudieron a la sesión y ante la falta de quórum, se desechó la propuesta. El resultado es evidente: México concede asilo - y beneficios - a políticos corruptos pero le niega protección a los niños que pueden morir si permanecen en sus países.

El tiempo me permitió conocer lo que realmente estaba sucediendo. En esas mismas fechas Marcelo Ebrard entregaba nuestra política migratoria a los designios de la Casa Blanca: distintas fuentes abiertas constatan que Trump le instruyó la aplicación del programa “Quédate en México”, tal y como lo ha narrado quien fuera nuestra Embajadora en Estados Unidos.

La era Biden no ha sido mejor para las políticas migratorias. Tanto Biden como López Obrador ofrecían políticas humanitarias pero sólo han implementado decisiones que tienden a violar derechos humanos. Ebrard ofreció a México como patio de maniobras y a los migrantes como moneda de cambio para lograr cierta estabilidad en la relación bilateral. Biden es rehén de su indecisión; México es víctima de sus chantajes.

Espero que nuestros políticos sustituyan sus palabras de condena por acciones efectivas de rendición de cuentas. El Poder Ejecutivo está en deuda: empatía y justicia para las víctimas, cambios profundos en la política migratoria, y plena transparencia en los acuerdos hechos con EEUU. El Poder Legislativo debe reformar nuestro marco normativo para garantizar la universalidad de los derechos humanos y las capacidades legales y presupuestales para que podamos exigir su cabal cumplimento. Y el Poder Judicial tiene que garantizar que - si realmente existe una investigación en la FGR - ningún responsable quede impune.

Si todo esto resultara imposible esperaría cuando menos que los funcionarios de INAMI, por la más básica humanidad y sentido común, le abrieran la puerta a quienes el fuego les arranca la vida en uno de sus centros de detención.

@gabycuevas