Yamiri Rodríguez Madrid 

La detención de la ex presidenta municipal de Ixhuatlán del Café, Viridiana N., debe ser motivo, una vez más, de reflexión, para diferenciar, cuando un político es detenido por infringir la ley y cuando es porque resulta incómodo al sistema. Y no, no es defensa a la Fiscalía General del Estado (FGE), ni al Gobierno del Estado, simplemente, no todo político detenido puede ser considerado un preso político. 

Tras darse a conocer la noticia el pasado viernes, algunas voces se alzaron argumentando que se trataba de una presa política de esta administración morenista, pero hay muchos factores que deben ser tomados en cuenta. La ex alcaldesa ganó con las siglas de la alianza conformada por el PAN y el PRD; una vez que terminó su agitada gestión -pues se vio envuelta en varios escándalos-, de muchos es sabido que buscó chamba en Morena, específicamente en Córdoba, pero como era de esperarse, la batearon. 

Recientemente comenzó a colaborar con uno de los aspirantes morenistas a la gubernatura veracruzana, quien dos días después de los hechos dijo que, como cualquier ciudadano están obligados a enfrentar la ley, pero en un proceso justo y apegado a derecho. 

La raíz de su detención se origina por el incendio de una bodega de café, en el municipio que gobernó, en enero del año pasado. Reza el dicho que pueblo chico, infierno grande, y habitantes de Ixhuatlán la señalaron como supuesta autora intelectual de los hechos, como la mano que mecía la cuna junto con los productores hoy imputados con ella.    

Incluso, comentaron que financiaba el movimiento en contra de la empresa y hasta drogadictos del pueblo y de la región estaban ahí metidos como supuestos manifestantes. Si así fue como asegura la gente, ¿por qué lo hacía o qué quería de la empresa? Por esos hechos que dejaron pérdidas económicas millonarias, los afectados interpusieron una denuncia que, obviamente, no fue mediática y derivó en la detención de Viridiana N., Minervo N. y Ciro N. estos dos productores de café en la zona, así como de Abraham N., y Crisanto N., todos imputados como presuntos responsables del delito de estragos a una empresa privada. 

Claro, no es homicidio ni secuestro por lo que, con un buen abogado, reparando daños y pagando fianza, la ex presidenta municipal podría salir muy pronto libre. Sin embargo, su detención nada tienen que ver temas políticos.    

Si tanta fuerza tuviera, la alianza hubiera seguido gobernando en Ixhuatlán; la alianza la habría hecho candidata a diputada federal o mínimo local por su peso en la región; no habría ido a buscar cobijo en Morena.       

No hay que confundir la gimnasia con la magnesia; mientras tanto, el proceso legal sigue. 

@YamiriRodriguez