Rodolfo Gómez 

La Secretaría de Economía (SE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dieron a conocer ocho guías sectoriales orientadas a fortalecer las capacidades institucionales de dependencias federales en materia de Empresas y Derechos Humanos, de acuerdo con información oficial contenida en el comunicado 114.

Las guías, actualizadas por la actual administración y retomadas de un trabajo iniciado bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, buscan consolidar un marco institucional más coherente y mejorar la coordinación interinstitucional en la prevención de riesgos vinculados a la actividad empresarial. Su elaboración forma parte del proyecto internacional “Empresas y Derechos Humanos”, impulsado por el PNUD en 17 países con apoyo del Gobierno de Japón.

El evento de presentación fue encabezado por Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en México, y por Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la SE, quien destacó la relevancia de contar con instrumentos técnicos que permitan al Estado responder a los retos relacionados con la gestión empresarial y los derechos humanos. Durante la sesión, especialistas del PNUD y de la academia expusieron los antecedentes, el contenido técnico y las recomendaciones para avanzar hacia su implementación.

Las guías están dirigidas a ocho dependencias federales: Gobernación; Trabajo y Previsión Social; Energía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Agricultura y Desarrollo Rural; Turismo; y Economía.

El proceso contó con el acompañamiento de organismos internacionales como ONU-DH y la OIT, así como de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Oxfam México, PODER, GIZ México y ProDESC, que aportaron retroalimentación técnica para fortalecer los documentos.

De acuerdo con la SE, estas herramientas identifican atribuciones institucionales y proponen acciones para mejorar la prevención de impactos adversos, fortalecer la gestión de riesgos y promover mayor coherencia entre políticas económicas, laborales, ambientales y sociales. La dependencia señaló que la iniciativa se enmarca en la estrategia para impulsar la prosperidad compartida y atraer inversión bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y sostenibilidad.