La propuesta de “Paquete Económico 2021”, resume ensimisma la nueva política económica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se han priorizado los programas sociales y se ha estimulado el acceso al mercado de los ciudadanos de menores ingresos y m{as pobres del país, hasta hoy excluidos del desarrollo por los gobiernos anteriores, los cuales usaron la pobreza como un medio para justificar la salida de millones de pesos del erario público a cuentas personales o campañas políticas.
Recodemos sólo el caso de los Raramuris de Chihuahua, los cuales en 2010 y 2011 enfrentaron problemas de hambruna y debieron emigrar a zonas urbanas del Estado. Precisamente, el programa de bienestar del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto se inauguró ahí, en medio de promesas de inclusión social para todos los mexicanos pobres y comunidades indígenas.
Como era de esperarse, la crítica a la propuesta económica del presidente de México en los medios es feroz. La realidad es que, todos los que han perdido las prebendas obtenidas en los gobiernos anteriores, incluso los servidores públicos, no pueden estar contentos con los lineamientos de política económica y social del presidente; con sus decisiones para orientar la mayor parte del gasto programado para atender, “por el bien de México, primero a los pobres”.
La lucha contra la corrupción seguirá siendo uno de los ejes centrales del nuevo gobierno de México, razón por la cual se ha proyectado destinar en 2021 un total de 3 mil 315.8 millones de pesos para avanzar en el combate a la corrupción. De aquí el monto del presupuesto destinado a la Secretaría de la Función Pública para 2021 podría llegar a ser de alrededor de 1 mil 116.3 millones de pesos, pues recordemos que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, desde 2019 se ha comenzado a trasladar las partidas presupuestales correspondientes a los Órganos Interno de Control (OIC) a su presupuesto, de ahí el aumento del mismo y razón por la cual en 2019 se proyectó un presupuesto de 901.8 millones de pesos para esa Secretaría.
No es tarea fácil gobernar para los que menos tienen ni luchar contra las viejas prácticas dentro de una administración pública que se mantiene intacta en la mayoría de las secretarías de Estado y organismos del gobierno federal. Los recursos presupuestarios por si solos serán incapaces de superar la pobreza si no están ligados a programas productivos que fomente la independencia económica de los hogares de las aportaciones del gobierno, de aquí el reto del uso de esos recursos, de ser capaces de “sembrar vida”, para que en el futuro no dependan de las aportaciones federales millones de campesinos y comunidades indígenas, poniendo fin al clientelismo electoral, una enfermedad que daña la vida pública del país.
La lucha contra la corrupción es aún una tarea titánica del gobierno y de la Secretaría de la Función Pública. Pese al trabajo honesto y determinado que viene realizando la Dra. Irma Eréndira Sandoval y su equipo cercano de trabajo, quienes han sido afectados por las nuevas políticas públicas no le dan tregua y los cuestionamientos a su intachable labor siguen multiplicándose; sin embargo, lo peor de todo es que en algunas secretarias de Estado y organismo públicos, se intenta neutralizar el trabajo de los nuevos contralores con acusaciones sin sustento, con patrañas, difamando su labor desde el anonimato para deshacerse de ellos; por supuesto, cuando sus decisiones afectan los intereses de quienes no están comprometidos con la trasformación de México y pretenden violar las normas para seguir fomentando la cultura del “moche”.
Seguramente, 2021 no será un año de “vacas gordas”, todo lo contrario, será un año difícil para la economía nacional; pero no lo será sólo para México, lo será para todos los países del planeta, arrasados por la pandemia del COVID-19, la cual ha paralizado el comercio mundial y detenido el funcionamiento de cada una de las economías nacionales.
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