Alejandro Envila Fisher

La segunda parte del mandato del presidente López Obrador ha iniciado y los hechos indican que no hay muchas cosas nuevas en la estrategia: la polarización, la división entre malos y buenos, aliados y adversarios, será la característica, agudizada además, de los años por venir.

La aprobación del presupuesto para 2022 es la mejor prueba. No hubo voluntad de negociar absolutamente nada. Se impuso una mayoría sin la menor intención de escuchar a las minorías, sin importar que, en algunos rubros, sobraban propuestas que valía la pena incorporar para mejorar la capacidad del PEF de atender a la sociedad. En el camino, dos instituciones se convirtieron en el símbolo y la muestra de la confrontación que viene: el INE y el Poder Judicial de la Federación.

El INE fue la más comentada, pero no fue la única entidad que perdió una parte importante de su presupuesto por decisión del Poder Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados. En la misma circunstancia se encuentra el Poder Judicial Federal, que tendrá que ajustarse sin cerca de 4 mil millones de pesos con los que había hecho planes.

El razonamiento sobre la legalidad de los actos del Poder Legislativo al castigar, sin razón aparente porque no se alega falta de recursos, a estas dos entidades, será materia de debate en las siguientes semanas. El INE irá a la Corte a combatir el recorte del que fue objeto y el Legislativo defenderá su posición. Los ministros por su parte, no discutirán públicamente recorte que se les aplicó y seguramente ajustarán su presupuesto del siguiente año sacrificando actividades y contrataciones que tenían programadas para 2022. La reforma judicial, el sistema penal acusatorio en especial, sufrirá porque su instrumentación tardará más debido a la falta de recursos presupuestados.

Una de las preguntas que quedarán por responder para los próximos meses es, si el dinero público está mejor invertido en la construcción de un tren que promete detonar desarrollo en el sureste mientras devasta un ecosistema entero, o en más juzgados federales para abatir el rezago en la impartición de justicia, en más vacunas para proteger plenamente tanto a los menores de edad, como a todos aquellos inmunizados con medicamentos no aprobados por la OMS, como Cansino y Sputnik.

El caso del INE es menos complejo, aunque más grave. En realidad le quitan el dinero que necesita para organizar una consulta innecesaria, pero que parece el eje propagandístico del momento para el gobierno del presidente López Obrador y que luego servirá para atacar sistemática y reiteradamente el prestigio del órgano electoral.

Por supuesto, los recortes tendrán consecuencias operativas en los ámbitos electoral y de justicia federal. Pero lo que aquí se pretende analizar es la razón y el objetivo por los que el Ejecutivo, valiéndose de la sumisión del Legislativo, se aventuró a emprenderla abiertamente contra el INE por un lado y contra el Poder Judicial por otro.

A México no le ocurrirá absolutamente nada, ni bueno ni malo, si la consulta de Revocación de Mandato no se realiza, pues el gobierno lopezobradorista no enfrenta una crisis política. La administración de justicia, como ya se dijo, sí sufrirá un retraso por el recorte presupuestal impuesto por el Ejecutivo desde el Legislativo, pero la consecuencia de postergar más los cambios al sistema de justicia tampoco será catastrófica en el corto plazo.

Ambos recortes presupuestales son un castigo. Las razones del castigo parecen claras y están en terreno de la revancha política y personal, además de la pretensión de sometimiento a directrices y lineamientos impuestos por, y desde el Ejecutivo. Es, sin más, un paso adelante en el intento de restauración de la Presidencia Imperial que muchos de los políticos que hoy gobiernan, contribuyeron a desmontar a lo largo de los últimos 35 años.

Con el INE el conflicto está claro hace tiempo y nada tiene que ver con el desempeño de la institución sino con la intención de liquidar su autonomía para regresar a los años en que las elecciones eran organizadas por políticos como Manuel Bartlett, que jugaba como juez y parte.

Con el Poder Judicial la molestia deriva del rechazo de la Suprema Corte a la pretensión presidencial de intervenir en su vida interna prolongando el mandato del ministro presidente.

Arturo Zaldivar nunca tuvo posibilidades de quedarse en el cargo, pero le hizo creer al presidente que podrían lograrlo. Por eso avaló, con su silencio, el intento de prolongación de mandato, impulsado desde Palacio Nacional a través de un mandadero del Partido Verde en el Legislativo.

En el pecado, Zaldivar cargó con la penitencia porque se desgastó, perdió autoridad ante la sociedad y, sobre todo, ante el resto de los ministros por solo coquetear con la posibilidad. Además provocó un disgusto del presidente con él y con el resto de los integrantes del Pleno de la Corte, incluidos los ministros propuestos durante su sexenio, cuando lo enfrentó a una realidad que no tenía prevista: el Poder Judicial Federal lleva 25 años ejerciendo una autonomía que a veces parece insuficiente, pero es totalmente real como se advirtió en este episodio.

Hoy el presidente, como actor político, tiene a dos adversarios más en su lista: el INE al que se ha cansado de denostar y acusar de dispendioso e innecesario, y la Suprema Corte, a cuyos integrantes insultó abiertamente cuando expresó, en público y reiteradamente, que solo con Arturo Zaldivar Lelo de Larrea al frente, confiaba él en la transformación del Poder Judicial Federal. Ningún otro ministro, a pesar de tener carreras más sólidas y actuaciones más destacadas que la del actual ministro presidente, propuesto por Felipe Calderón por cierto, le parecía confiable al presidente López Obrador. Ese ninguno incluye a Juan Luis González Alcántara, a Margarita Ríos Fajar, a Norma Piña y a Yasmín Esquivel.

Esa misma Corte, en la que el presidente no confía, resolverá las controversias que se acumulan en un escenario de política cada vez más judicializada.

Polarización es la palabra.

@EnvilaFisher