Así como la mujer del Cesar no solo debe ser honesta, también debe parecerlo, los servidores públicos, hombres y mujeres, deben mantener una fama pública por lo menos aceptable, para mantenerse en sus cargos y cumplir funciones aceptablemente.

A diferencia del ciudadano común, cuya vida y actuación no transcurren bajo la lupa del escrutinio social, por duro que parezca y aunque muchos abogados no lo admitirán, para los servidores públicos no funciona el principio de presunción de inocencia. Cualquier duda sobre su probidad afecta la legitimidad que necesitan para ejercer, con credibilidad, la responsabilidad que se les ha encomendado.

Mal aconsejada por sus abogados, quizá hasta presionada por su marido, el gran error de Yasmín Esquivel ha sido creer que una sentencia judicial favorable puede contrarrestar el desprestigio personal que hoy acumula.

Aunque de origen así está planteado, el de la ministra ya no es un problema de legalidad sino de legitimidad. Su adversario no es, como ella piensa y le han hecho creer, la Universidad Nacional Autónoma de México, sino la opinión pública, la opinión publicada y la opinión ciudadana, que la consideran culpable de una conducta académicamente reprobable y además vergonzosa. Eso no va a cambiar, por más suspensiones provisionales, definitivas o amparos que pudiera ganar, suponiendo que los consiga.

Marcado por la sospecha y por las irregularidades, el amparo promovido por Yasmín Esquivel Mossa contra la UNAM logró algo que parecía muy difícil: devolver a los primeros planos y a las primeras planas, el asunto del plagio de la tesis de la ministra, siempre con ella como sospechosa responsable de esa escandalosa ilegalidad, dos meses después de que el asunto detonó.

Esquivel cambió radicalmente su estrategia. Dejó el silencio cómodo para pasar al activismo contra la UNAM y sus autoridades advirtiendo, de diferentes maneras y a través del pequeño grupo de periodistas y medios que se han convertido en sus voceros, que devolvería cada golpe y derrotaría a cuantos abogados, la universidad le pusiera enfrente.

La de la ministra ya no es una operación de relaciones públicas para convencer de su inocencia, sino una estrategia de bravucones de barrio que van a la confrontación y pretenden amedrentar, acobardar y arrinconar al adversario; en este caso a unas autoridades universitarias que han dado muestras de que se les puede hacer dudar.

Esquivel ya dejó atrás las formas elegantes y educadas, para asumir ahora el estilo de abogangster que amaga y litiga en los medios, para magnificar y darle mayor dimensión a las amenazas con que busca, básicamente, intimidar a la que ubica como su contraparte: la UNAM.

Por su forma de actuar, parece que a la ministra ha dejado de interesarle que la crean inocente. Ahora se mueve como si lo único que pretendiera es asegurarse de que, sin importar que todos la consideren tramposa y corrupta, no la podrán removerla de la Corte.

Como ni el Poder Judicial de la Federación ni el Senado de la República han asumido su responsabilidad en el caso, para tratar de limpiar, uno su propia casa y el otro el desastre provocado con su designación, la ministra pasante ubica a la UNAM como el único frente desde el que se le puede hacer daño, con la revocación de su titulo o la anulación de su examen profesional.

Si para los abogados litigantes lo único importante al final, es la verdad legal, esa máxima de conducta profesional no funciona, y no puede funcionar para los políticos y menos aún para los servidores públicos.

La solicitud de amparo promovida por la ministra, con todo y la suspensión provisional obtenida que ya levanta sospechas por lo creativo del criterio de la juez Sandra de Jesús Zuñiga, solo sirvieron para dos cosas: 1. Relanzar y potenciar el asunto en la agenda pública y 2. Reforzar la percepción generalizada de que la ministra es culpable del plagio y ahora trata, por todos los medios, de detener la actuación de la UNAM y de silenciar a sus directivos, para evitar la única sanción que, dicen algunos, podría privarla de su asiento en el Pleno de la Suprema Corte.

Tarde o temprano, y entre más tarde será más costoso para ella, para su entorno y para todo aquel que la defienda, incluidos los otros 10 ministros acostumbrados a no rendir cuentas y al silencio, así como el presidente López Obrador que la propuso y la ha defendido en más de una ocasión, Yasmín Esquivel acabará comprendiendo que su permanencia en la Corte, y en la vida pública, es inviable porque se convirtió en un lastre sumamente costoso para ella, para su familia, para sus amigos y para el propio presidente.

Un particular puede decidir ignorar la mala fama pública y vivir en la incomodidad de saberse repudiado por sus vecinos y hasta sus parientes. Pero un servidor público no puede desaparecer las tras la puerta, ni ignorar, ni mucho menos acallar las criticas derivadas de una sospecha consistente, mientras se mantenga en el cargo que ocupa.

Tarde o temprano, ya sea que ella lo entienda y solicite licencia, o que acabe sin título de abogada, Yasmín Esquivel y los políticos, hoy instalados en el cinismo, acabarán entendiendo que, por favorable que pueda resultar, la verdad legal redactada en una sentencia, no modifica la percepción de la sociedad cuando esta ya formó su propio criterio sobre un asunto. En este caso, para la opinión pública, la opinión publicada y la opinión ciudadana, Yasmín Esquivel es responsable de haber plagiado su tesis y ostenta indebidamente el título de licenciada en Derecho, por lo que nunca debió llegar, ni debe permanecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si los políticos, porque este es un asunto político, deciden ignorar la percepción social, habrán demostrado que no aprendieron nada del caso Ayotzinapa, y terminarán por pagar el precio de esa decisión. Al tiempo.

@EnvilaFisher