La Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido acreditar la responsabilidad de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en el delito de desaparición forzada, porque las pruebas que posee no confirman que ellos ordenaran a policías la detención y pidieran a los narcotraficantes la presunta ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

Los funcionarios entrevistados señalaron que aunque las indagatorias se han concentrado de manera directa en la oficina del titular de la PGR y que a pesar de que se han establecido mesas de trabajo con agentes del Ministerio Público Federal para analizar los avances y resultados de las investigaciones, por ejemplo, las indagatorias no han logrado precisar el número de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que acudieron a la movilización del 26 de septiembre del año pasado al municipio de Iguala y que fueron atacados por policías municipales de ese ayuntamiento y de la comunidad de Cocula.

Las investigaciones han dado como resultado la detención de 80 personas, entre ellas el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien estaba al frente del DIF de ese ayuntamiento, y entre las pruebas recabadas por la PGR se encuentra una grabación obtenida de la frecuencia policial de Iguala la noche del 26 de septiembre, en la cual se escucha la voz del ex alcalde ordenando a los agentes a su mando que detuvieran como fuera a los normalistas.

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