A más de cuatro meses de la desaparición de 42 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 30 municipios guerrerenses continúan tomados por cientos de activistas y viven hoy en la parálisis administrativa, con gobiernos en el exilio, trabajando en sedes alternas o hasta a salto de mata en los peores de los casos. Hay alcaldes que se han transformado en nómadas, sin lugar fijo para despachar, escondiéndose de las protestas.

En términos prácticos, los alcaldes de varios municipios de Guerrero están en peligro de convertirse en figuras de ornato sin poder ni recursos. "No nos dejan ni siquiera entrar a buscar los papeles para cobrar el predial", lamentó Victoriano Wences, de Tlapa, en donde los maestros de la Coordinadora Estatal de Guerrero (Ceteg) han comenzado a recaudar sus propios impuestos al comercio ambulante. "Cobran de 20 a 30 pesos por día", agregó el edil.

En Tixtla, "se nos cayó 50 por ciento la recaudación, pero ahí vamos tratando de que los servicios sigan", admitió su alcalde, Gustavo Alcaraz.