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Por: José Luis Camacho Acevedo.
Los términos se han convertido en sinónimos de corrupción.
No solo connotan, sino que denotan ya, sobre todo en cuanto los casos de corrupción u opacidad, aparecen en los medios con verdadero estruendo.
Conflicto de interés; opacidad; tráfico de influencias; grandes mansiones para políticos.
Ayer el senado dio un gran avance en el proceso para que México cuente con la legislación apropiada para que los fenómenos de corrupción y falta de transparencia sean revisados a través de un marco jurídico firme.
La aprobación del proyecto de la legislación para combatir la corrupción y la opacidad en el manejo de recursos públicos es explícita en torno a las entidades que serán fiscalizadas con los criterios que contiene el nuevo ordenamiento.
El país, desde los tiempos del hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, para remitirnos a un pasado recordado que lo hace reciente, hasta los casos de la empresa Hildebrando ligada al hermano de Margarita Zavala o los temibles hermanos Bribiesca, camina de escándalo en escándalo.
Unos se instalan en un tráfico de influencias protegido.
Otros de plano se van al cobro de porcentajes.
Y los más inventan programas en los que los gastos son de muy difícil comprobación y en muchas ocasiones los resultados de esos gastos representan algo muy parecido a una lamentable impronta de dinero público tirado a la basura.
Tal es el caso de la compra de las famosas las tops o tablets de la SEP o la compra de insumos para el programa Sin Hambre en la SEDESOL que caen, inevitablemente, en el terreno de la opacidad que para su desgracia no tiene garantía de tiempo indefinido y tarde o temprano son descubiertas las fallas que implican o la negligencia o de plano la corrupción.
La Ley Anticorrupción largamente esperada por la sociedad puede poner en claro el sospechoso caso FICREA, la Línea 12 del Metro o la relación de contratistas con funcionarios que puede desembocar en un intercambio de favores cuya ilegalidad es manifiesta.
Ahora falta saber cuáles serán los márgenes de la aplicación de la Ley Anticorrupción.
Si el ordenamiento, al que se opusieron los legisladores afines a López Obrador por considerarla insuficiente, se entrampa en el burocratismo la decepción de la sociedad será manifestado nuevamente en protestas que presumiblemente se desbordará en las calles.
Ya está creado el instrumento para frenar uno de los grandes males que el país padece, crecientemente, como es la corrupción favorecida por la opacidad y la falta de transparencia en el accionar de las entidades públicas que ahora están señaladas como objeto de revisión de la nueva legislación.
Es una más de las manifestaciones de que en el país están corriendo los vientos de un Mexican Moment de una capacidad de respuesta plausible a los grandes problemas nacionales.
El gobierno peñista es sensible y responde a las demandas más sentidas por la sociedad.
Ayer Jorge Castañeda publicó en el diario El País una columna en la que apuntaba que el gran tema ausente en la reciente Cumbre de la América fue el de la corrupción.
Señala Castañeda que por esa causa, la de la corrupción descubierta en cada país, ha ocasionado que bajen los niveles de aceptación de Dilma Roussef de Brasil, de Cristina Fernández en Argentina, de Michel Bachelet en Chile, de Enrique Peña Nieto en México y de los mandatarios de Bolivia, Perú y Venezuela.
En nuestro país la respuesta a esa demanda social de combatir el abuso del poder en beneficio de quienes lo detentan, es la Ley Anticorrupción. Mexican Moment.
El riesgo está, repito, en las características y controles políticos que pudiera tener su operación.
La sociedad, otra vez, está a la espera de un buen final de este proceso.
EN TIEMPO REAL.
1.- En Guerrero Ángel Aguirre Rivero y Marcelo Ebrard, ahora candidato plurinominal de Movimiento Ciudadano, promueven a través de los representantes que tiene ese partido en el congreso local, que Sofío Ramírez, frustrado aspirante a la candidatura al gobierno de la entidad, termine el periodo de gobierno, es decir los seis meses que restan al actual. Se oponen a tal medida el PRD, el PAN y el PRI. Pero Aguirre y Ebrard al parecer tienen muchos intereses que defender en Guerrero, como el caso de la protección a mineras canadienses, en el que pudiera salir al balcón la candidata del PRD, Beatriz Mojica, quien como secretaria de desarrollo social de Ángel Aguirre, facilitó a las empresas mineras la reubicación de los pobladores construyéndoles casas en lugares que no impidieran la operación de esas empresas. El oro de Guerrero tienta a cualquier buena conciencia.
2.- El informe que presentó el diputado Javier Gaviño, presidente de la comisión investigadora del caso Línea 12, de ninguna manera es el carpetazo al asunto. Todavía faltan muchos puntos que aclarar y que permanecen en la opacidad por los candados que las autoridades capitalinas que encabezaba Marcelo Ebrard, le pusieron.
3.- Un funcionario que recorre el país de manera sistemática es el director de BANCOMEXT, Enrique de la Madrid. No es frecuente que un banquero visite las entidades de la república para obtener de los interesados en la asesoría o los servicios de la institución opiniones en forma directa. Un trabajo intensivo el que realiza el director de BANCOMEXT y del que está muy pendiente su jefe de sector Luis Videgaray Caso, titular de Hacienda.
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