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José Luis Camacho Acevedo.

El semanario de la Iglesia católica mexicana, DESDE LA FE, lanza una dura condena al régimen ante su manifiesta incapacidad para combatir la violencia del crimen organizado y los niveles al que ha llegado el poder corruptor de las organizaciones de narcotraficantes en México como es el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Dice el vocero católico en su editorial del 10 de Mayo:
“Era un secreto a voces. En Jalisco, un grupo criminal ocupó el lugar de los cárteles desmantelados. No eran noticia en los informativos nacionales, pero las narcomantas fueron medios para advertir a la población de su presencia.”

Y continúa su filípica al gobierno en los siguientes términos:

“Jalisco es ahora el punto de donde surgen más preguntas sobre el poder corruptor del narco y la incapacidad del Estado de garantizar su principal cometido: brindar seguridad a sus gobernados. Lo lamentable es cómo la población padece la negligencia, azotada por los responsables invisibles que han permitido que esto llegue al caos: crímenes contra funcionarios, autoridad sometida, narcoterror, corrupción, inseguridad y encubrimiento, son elementos que tapizan el camino hacia el Estado fallido.”

En su visita de estado a México el presidente colombiano Juan Manuel Santos tocó, con más énfasis que el tema de la seguridad, y guardando siempre el lenguaje diplomático, el de la corrupción.

Santos dijo que “Él no era nadie para hacerle recomendaciones al presidente Peña Nieto. Lo único que diría es que una regla de oro en la lucha contra el crimen organizado es vigilar y controlar la corrupción entre las propias fuerzas armadas y autoridades, que son generalmente los primeros blancos de los mafiosos.” (El Universal, 9 de mayo, entrevista televisada por el canal de ese diario)

Es obvio que hay reclamo popular generalizado de que el gobierno debe reorganizar la lucha contra el crimen organizado en México.

Y uno de las más frecuentes opiniones de especialistas es que, así como se tuvieron que separar las secretarías de Hacienda y la de la Función Pública, deben actuar de manera independiente una secretaría de seguridad de la secretaría de gobernación, que está abrumada por el peso que le representa cargar con las dos responsabilidades.

Si con Genaro García Luna en tiempos de Felipe Calderón la Secretaría de Seguridad Pública dejó mucho que desear en materia de transparencia, y sobre en sus controles con respecto a la corrupción, la advertencia del presidente colombiano está más que a propósito para que ello no volviera a suceder.

Puede y debe haber una nueva Secretaria de Seguridad, pero apoyada por todo tipo de controles anticorrupción que pueden operar las estructuras del aparato gubernamental mexicano.

Y también contando con la participación de los organismos no gubernamentales que trabajan en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas.

En México un secretario de gobernación debe atender a los llamados de TODOS los gobernadores para mantener la vigencia del Pacto federal.

Por las mismas razones debe estar en contacto con las legislaturas locales, con los alcaldes y con los mandos de fuerza que dependan de cualquier nivel de gobierno.

Pero además debe atender a las expresiones de la sociedad civil; de los organismos empresariales; de las organizaciones sociales de todo tipo; de los medios de comunicación; de las instituciones religiosas, por mencionar a lo más representativo de lo que hace años se denominaba genéricamente como “Grupos de Presión”.

Osorio Chong se está desgastando de manera innecesaria, tanto política como institucionalmente, por esa doble carga que lleva a cuestas.

Además para su desgracia, el titular de gobernación no tiene unas segundas muy eficaces que digamos.

Para muestra está el caso de su subsecretario del ramo, Luis Miranda, que ha dejado mucho que desear como negociador en los casos de la CNTE y ahora con el explosivo caso de los jornaleros brutalmente explotados en la región de San Quintín, en Baja California.

El clamor ciudadano, convertido ya en prioridad nacional, es detener el avance de la violencia provocada por crimen organizado.

Un clamor que exige respuestas rápidas por parte del gobierno.

Y respuestas prontas y con la suficiente evidencia de funcionalidad que satisfagan la inquietud ciudadana, incrementada exponencialmente a raíz de los graves acontecimientos protagonizados el pasado 1 de mayo por el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.

Y para colmo del titular de gobernación, está realizando su pesado trabajo con las elecciones a solo tres semanas de celebrarse.

Asunto delicado éste.