La violencia de género es una alarma encendida de forma permanente en regiones en donde la tradición, costumbre y hasta la cosmovisión concuerda con que sus habitantes tienen diferente valor.
Cuando una mujer no se considera a sí misma ni es percibida socialmente con derechos y respaldo jurídico imparcial, la desigualdad y la injusticia toman fuerza ante el sexo femenino.
De acuerdo con las más recientes cifras dadas a conocer por la ONU, una de cada dos mujeres asesinadas en el mundo fueron víctimas de sus parejas o de algún familiar, en tanto que en el caso de los hombres esta proporción es de 1 a 20. Estos datos muestran el alto grado de indefensión que padecen las mujeres y revelan la inseguridad que enfrentan incluso en sus círculos más cercanos.
Se estima, por otra parte, que sólo se denuncia 14% de los casos de violencia contra las mujeres, lo que suele estar relacionado con prejuicios sociales.
De acuerdo con la encuesta aplicada por la ONU entre 2009 y 2014 en 37 países en desarrollo, 21% de las mujeres justifica que el marido le pegue a su mujer si discute con él y 27% considera que el esposo puede golpear a su esposa si ésta descuida a los hijos.
Las mujeres representan casi el 60% de las víctimas de Trata a nivel mundial y si se suma a las niñas la cifra asciende a 75%.
Juzgar con perspectiva de género es el camino planteado hacia la eliminación de prejuicios, privilegios, desventajas y discriminación, a la vez que fortalece la igualdad en el tratamiento legal de los casos. Los juzgadores y ministerios públicos deben tener la amplitud intelectual necesaria para interpretar y aplicar la normatividad a través de este lente.
De manera paralela, los legisladores tienen la tarea de alinear bajo esta perspectiva los códigos y ordenamientos vigentes para evitar las lagunas y errores que puedan afectar la impartición imparcial de justicia. Lo que va mucho más allá de poner en femenino y masculino las oraciones, implica crear una legislación incluyente en los hechos, en la aplicación real y cotidiana.
Los distintos órdenes de gobierno tienen la encomienda de establecer políticas públicas que diluyan la subordinación del sexo femenino ante el masculino en las distintas esferas de convivencia, al menos desde los terrenos más básicos como son la familia, la escuela, los centros de trabajo y de salud, el transporte público y en los canales de comunicación masiva.
La primera vez que se acordó que los Estados miembros de la ONU trabajaran en pro de la perspectiva de género fue en 1995. Han pasado 20 años de ello y aún persiste un déficit social costoso e indigno.
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