Luis Repper Jaramillo*
lreppejaramillo@yahoo.com
La detención de los principales cabecillas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (la CNTE), mercenarios del Estado de Oaxaca, debe verse como un reclamo social, exigido desde hace más de dos décadas, y no como triunfo oficial, pues después de tantos quebrantos al derecho a la educación de millones de niños y adolescentes, la destrucción de infraestructura pública y privada, violación a las garantías individuales de miles de automovilistas, transeúntes, transportistas, etc. no sólo en Oaxaca sino en los nichos de poder de la Coordinadora en los Estados de Guerrero, Michoacán, Hidalgo, D.F y otros, era urgente su captura y acciones legales.
El encierro de los 4 primeros sujetos antisociales y las órdenes de captura y presentación ante el ministerio público federal de 29 más, tiene que reconocerse, pero no aplaudirse, por ser una obligación, por lo que la fuerza de la ley debe ir por los autores intelectuales, por las manos que mueven la cuna y los entes financieros de estos insurrectos.
La detención por elementos de la PGR, de 4 los maestros de Oaxaca, líderes de la CNTE, a quienes la abogada de la nación, a través de un juez, finca varios delitos federales, fueron llevados al penal de Mínima Seguridad “El Altiplano”, (de donde se fugó El Chapo Guzmán), para seguirles juicio por la toma violenta de la Junta Distrital Electoral en Tehuantepec, asalto a instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, como la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz y el Centro de Distribución y Almacenamiento “El Tule”, en la capital del estado
Se les acusa también de vandalismo contra instalaciones de la Octava Región Militar en Oaxaca y el robo de 10 mil libros de texto gratuito, propiedad de la Secretaría de Educación Pública.
En esto tiene razón y justificación el Estado, pues estos malandrines son delincuentes y no maestros, los detenidos –hasta ahora- son: Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Roberto Abel Jiménez, qué paguen por lo que han hecho.
Luego de tres años de gobierno federal, no es una gracia la actuación oficial, pues se tardaron más de mil 100 días para ejercer un acto de autoridad, insisto, que no se aplaude por lento y complaciente, pese al reclamo popular de frenar y acabar con la corrupción, la impunidad y la complicidad de autoridades estatales y federales.
Los mercenarios de la educación (la CNTE) deben pagar con cárcel y con el decomiso de los bienes mal habidos, producto de los beneficios y beneplácitos económicos que ambas instancia de gobierno les prodigaron.
Hasta el momento han caído 4 mozalbetes y 29 más por ubicar, capturar y encerrar; pero algo hace mucho ruido en esta determinación oficial, el líder de la Sección 22 de la CNTE, en Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, no tiene orden de detención, por lo que surge la duda, o se negocia con él para traicionar a otros capos del magisterio disidente, o existe un arreglo en lo oscurito ¿a cambio de qué?
Si bien por la ruta que lleva la investigación y el sigilo de la misma se guarda silencio, no debe haber opacidad de la PGR, para evitar pensar en “algo turbio” del proceso. Recuérdese que el vacío de información se llena con rumores y el gobierno de la república no está en condiciones de “negociar con la Ley”.
Estas 33 acciones en contra de los pseudo maestros, auténticos mercenarios, desestabilizadores sociales es apenas un paso del retroceso, la opacidad y colusión que gobiernos priistas, panistas y perredistas han permitido por más de dos décadas; movimiento que creció a ciencia y paciencia de las autoridades de los dos niveles de gobierno.
Si en verdad la PGR, la SEP, los gobiernos Federal y de Oaxaca, que encabeza Gabino Cué Monteagudo quieren cortar de raíz con este ancestral problema político, deben no sólo detener a los mercenarios, sino incautarles sus bienes, cuentas bancarias, propiedades, etc. que con el salario de un mentor de provincia no pueden justificar su adquisición, lo que obligaría a los detenidos a denunciar a sus compinches, porque entre las mafias siempre se han dado traiciones.
Reitero, reconozco, no aplaudo estas primeras acciones del Gobierno de la República, en contra de los cabecillas de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE, porque hasta no terminar con sus similares de Guerrero, Michoacán, Hidalgo, DF o en donde se encuentren, podrán concluir con su obligación y demostrar que al fin el combate a la corrupción, impunidad y complicidades va en serio.
Le quedan tres años para convencernos de que “lo que se promete se cumple”.
* Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT).
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