Teodoro Raúl Rentería Villa

La serie de modificaciones legales, impulsadas por los propios partidos políticos, para que los puestos directivos de las instituciones autónomas sean ocupadas por ciudadanos sin compromisos ni intereses vinculados al poder, es un avance democrático que ha permitido transitar en una mejor convivencia en razón de la credibilidad y el propio respeto de la sociedad.

Tal es el caso de la selección y nombramiento de los integrantes del Poder Judicial, de los titulares y comisionados de la Comisión de los Derechos Humanos, de los Institutos Electoral y de Información Pública, así como el área de la procuración de justicia y el ente Superior de Fiscalización. A nivel federal y estatal existen procedimientos similares en los que participa como órgano definitorio los Congresos.

Este método ha generado, y que bueno que así suceda, una amplia participación; es de entenderse que a pesar de que a la lista se suman varios, en ocasiones los mismos, son motivo de decisión los factores que se pueden medir y hacer notar: la trayectoria profesional y personal, la expertiz en la materia, las relaciones y el “cabildeo”, la popularidad y el liderazgo.

En ocasiones, y repetimos -que bueno que así sea-, son varios los personajes, ella y ellos, con las suficientes credenciales para ejercer uno u otro cargo; exactamente ese es el espíritu de las modificaciones legales impulsadas por diputados en razón de hallar a los mejores y a quienes garanticen el mejor desempeño.

En el caso específico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, incluido Sergio Valdespín quien ocupó el espacio como peldaño político, desde su fundación sus consejeros presidentes han cumplido con la encomienda, es decir, la selección y el mecanismo para elegirlos ha funcionado. Tal es el caso de José Francisco Coronato, Fausto Gutiérrez Aragón y Lucero Benítez Villaseñor.

Ahora bien, en el caso de Jorge Arturo Olivares Brito, frente a los antecedentes y al probado proceso de selección, debemos otorgar nuestra confianza al buen desempeño, el respeto al voto mayoritario de los diputados, y por supuesto la exigencia al cumplimiento cabal de la función de Ombudsman.