Teodoro Raúl Rentería Villa

La próxima exhumación de los cadáveres incorrectamente ubicados por la Fiscalía del Estado fosas en Tetelcingo es noticia internacional. El próximo 23 de mayo participarán cuatro equipos técnico-científicos de la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Fiscalía de Morelos, a fin de dar certidumbre y transparencia al proceso.

El tema no es menor: son más de 100 cuerpos los que serán analizados y se intentará identificar; familias esperan encontrar entre esos restos a sus desaparecidos.

Está previsto integrar la logística para instalar las carpas y otros requerimientos necesarios con los cuales iniciar los procedimientos. Se colocarán al menos dos carpas para la prensa que esté interesada en acudir a la apertura de las fosas y otra más para la sociedad civil y familiares de las víctimas de todo el país interesadas en el seguimiento al proceso de identificación.

Expertos en la materia detallan que “la desaparición del familiar ocasiona la presencia permanente del sufrimiento de los familiares, la incertidumbre, impotencia, tristeza, angustia y sentimiento de indolencia por la falta de respuesta estatal. Se constituye como una tortura por el malestar emocional, psicológico y espiritual en tanto han sido sometidos a un trato cruel degradante e inhumano”.

Estos casos son más lacerantes y conmueven a la sociedad en su conjunto cuando se demuestra la complicidad de la autoridad, por lo menos en no privilegiar verdaderas investigaciones que permitan primero, la identificación de los cuerpos y después el castigo a los responsables.

Las luchas de los familiares ha llevado muchos años de espera para lograr resultados –nos refieren analistas expertos-, lo cual implica una sobrecarga emocional y la constatación de encontrar en el Estado, no un aliado o protector, sino el principal obstáculo para encontrar al ser querido, conocer la verdad y hacer justicia.

La colocación de los cuerpos en una fosa común, con el aval de la Fiscalía, sin cumplir con los protocolos mínimos, es imperdonable y debe deslindarse responsabilidades.   En noviembre de 2015 la madre del joven Oliver Navarrete Hernández logró la inhumación del cuerpo de su hijo, enviado a la fosa común a pesar de haberlo identificado con anticipación; ello permitió conocer que junto a los restos del joven Oliver, había 149 cadáveres más en una fosa común.

Muchos de los cuerpos enterrados tienen carpetas de investigación abiertas.   Son muchas familias las que seguramente tienen la esperanza de que las pruebas genéticas coincidan con sus seres desaparecidos; así por lo menos tendrán la certeza de su paradero.
 Serán momentos de dolor, ira y esperanza. La noticia es seguida a nivel internacional.