José Luis Ortiz Santillán
Al iniciar 2011 comentamos en esta columna la llegada a la presidencia de Brasil de una mujer por primera vez en su historia, Dilma Rousseff, una mujer que en su juventud había combatido a la dictadura brasileña con las armas y caído presa. Al tomar posesión la presidenta Rousseff afirmó que Lula estará siempre a su lado, y recordó que él había sido el primer presidente obrero que había tenido “la osadía de conseguir que fuese elegida por primera vez una mujer presidenta del país”, de tal forma que luego de 8 años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ella lo relevaba en el gobierno de Brasil, el país más grande de América Latina y la séptima economía mundial.

No se equivocó la presidenta de Brasil, Lula ha estado ahí junto a ella, en los aciertos y en los errores. Lula le heredó a la presidenta Rousseff un país que había asumido el liderazgo del subcontinente y había hecho posible avanzar en la integración regional latinoamericana, primero al proponer la creación de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) en 2008, en cuya “Cumbre de la Unidad” de México en 2010, se decidió crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Dilma Rousseff, una militante del Partido de los Trabajadores de Brasil (PTB) como Lula, economista y ex guerrillera de 63 años entonces, que luchó contra la dictadura militar que gobernó a Brasil hasta 1985, heredó un mejor país que el que Lula había encontrado; con tasas de crecimiento de 7.5% en 2010, con flujos de inversión extranjera directa que llegaron en 2010 a poco más de 30 mil millones de dólares; con una tasa de desempleo mínima e histórica de apenas 5.7% y un déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), pese a la inflación de 5.6% de entonces.

La presidenta Rousseff tenía el reto de rediseñar su macroeconomía para seguir creciendo y reducir la pobreza, pues cuando asumió la presidencia aún había 22 millones de brasileños en condiciones de pobreza, a pesar que durante los dos mandatos de Lula, salieron de la miseria 29 millones de los 191 millones de brasileños; para lo cual se requerían entonces inversiones superiores a los 208 mil millones de dólares, de acuerdo al Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Pero también, la presidenta Rousseff tenía el reto de mantener sus relaciones con los Estado Unidos y Europa, conservar el nivel de las relaciones alcanzadas con los países latinoamericanos y de África, en lo cual Lula trabajó intensamente en su gobierno.

No obstante los cambios en el contexto económico internacional, los errores al seleccionar los aliados del PTB y los conflictos internos alimentados por la oposición al gobierno, condujeron a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.9% en 2011 y de 1.9 % en 2012; 3% en 2013; 0.1% en 2014 y una contracción de -3.8% en 2015; frente a una deuda pública de alrededor de 682 millones de dólares, una deuda externa bruto que fluctúa sobre los 350 mil millones de dólares (16% del PIB); mientras que las reservas internacionales se ubicaban en más de 370 mil millones de dólares.

El proceso para darle un golpe de Estado a la presidenta Rousseff inició desde antes de marzo de 2015, cuando en la antesala del Mundial de Futbol, se multiplicaron las manifestaciones para pedir su destitución, en medio de el escandalo de corrupción de PETROBRAS, precisamente cuando todos los ojos estaban puestos en ese país. La idea de la oligarquía financiera latinoamericana es clara, acabar con los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe a cualquier costo y ahora van por todos.

Cómo explicarnos entonces que Brasil, el cual se encuentra en la posición 69 del Índice de Percepción sobre Corrupción en el Mundo que realiza Transparencia Internacional, hoy se cuestiona a la presidenta indirectamente de corrupta y se le hecha del gobierno, en países como México o China, que ocupan las posiciones 105 y 100, respectivamente, entre los de 176 países del Índice de Percepción sobre Corrupción, las cosas parecen inamovibles. ¿Se podría pedir el juicio político para el presidente Enrique Peña Nieto por los resultados de su política económica y por no cumplir con las promesas de las reformas?, evidentemente se trata de un  “Golpes de Estado Político” en Brasil.

Luego, el 17 de abril pasado, la Cámara de Diputados de Brasil votó el “impeachment”, el juicio político y destitución de la presidenta Dilma Rousseff, por 367 a favor contra 137 en contra, con 7 abstenciones y 2 ausencias. Sin embargo, el proceso requería el aval del Senado, lo que ocurrió este jueves 12  obligando a la presidenta Rousseff de separarse de su cargo por un período no mayor a 180 días, después que el Senado aprobara el juicio político por 55 votos a favor, contra 22 en contra y una abstención, de un total de 78 de los 81 senadores.

Ahora, durante este tiempo las autoridades brasileñas deben encargarse de analizar las pruebas, las cuales hasta ahora no han sido presentadas ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, lo que ha ensuciado un proceso de raíz y hace suponer que se fabricarán pruebas para impedir que la presidenta Dilma Rousseff vuelva al poder, dejando a un lado el hecho de que de manera democrática fue electa por más de 54 millones de votos.

De esta forma, la oligarquía latinoamericana ha dejado claro que no está dispuesta a ceder el poder a los trabajadores, a los campesinos, a los más pobres de cualquier país, ni a los indios ni a los negros, considerando la integración del gabinete del nuevo presidente de Brasil, la exclusión de negros y mulatos, de mujeres en el gobierno.

Con apoyo o no de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o del Departamento de Estado, la oligarquía parece haber desarrollado un método para deshacerse de los gobiernos que no son de su agrado; comenzaron con un vulgar ensayo en el 2009, cuando los militares secuestraron al presidente Zelaya y deportaron en pijama a Costa Rica, acusándolo de violar la Constitución, negándole el derecho de la defensa; luego lo fueron refinando en Paraguay en 2012, cuando con un golpe de Estado parlamentario, la Cámara de Diputados destituyó al presidente Fernando Lugo, lo intentaron en Ecuador con el presidente Correa, lo siguen perfeccionando en Venezuela y tratan de escarmentar a la ex presidenta Cristina Fernández, intentando fabricar pruebas de malos manejos de la política cambiaria.

Ahora, con tácticas probadas en Venezuela con las “Guaribas” y el uso de los parlamentarios como en Honduras, Paraguay y Venezuela, se ha concretado el golpe de Estado a la presidente Dilma Rousseff, que ha iniciado con el proceso de juicio político para destituirla, bajo la burda acusación de violación de normas fiscales en maniobras contables para “maquillar” los resultados económicos del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, entre otras acusaciones.

La presidenta Rousseff, antes de dejar su cargo se dirigió al pueblo brasileño y expresó que lo que está en juego en Brasil no es solo su mandato sino el respeto a las urnas, al mandato popular que le confirió el voto de las 54 millones de personas que la eligieron; explicitando que el golpe de Estado “es una amenaza no solo para la democracia sino para las conquistas que la población alcanzó en las últimas décadas”, afirmó la presidenta, quien también planteó que “no hay injusticia más devastadora que condenar a un inocente...nosotros vamos a vencerla…esta victoria depende de todos nosotros, vamos a mostrarle al mundo que hay millones de defensores de la democracia”, recalcó la Rousseff.

Aunque el marxismo ha querido ser enterrado, las experiencias del pasado se repiten. En diciembre de 1919 Lenin señalaba: “Para triunfar, el proletariado debe, en primer lugar, elegir acertadamente el momento de su ataque decisivo contra la burguesía, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la división entre ésta y sus aliados pequeñoburgueses o la inestabilidad de su alianza, etc. El proletariado debe, en segundo lugar, después de su victoria, aprovechar estas vacilaciones de la pequeña burguesía para neutralizarla, para impedir que se ponga de parte de los explotadores; debe saber mantenerse cierto tiempo a despecho de esas vacilaciones, etc., etc.”, sin embargo, la presidente Rousseff hizo alianzas con quien no debía, incorporando a su gobierno un caballo de Troya, su vicepresidente, Michel Temer, quien asumió el gobierno brasileño.

Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ex aliado de Dilma y del PTB, un hombre de 75 años acusado de trabajar para la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) de los Estados Unidos, desde las sombras fraguó la salida de Rousseff y al asumir el cargo priorizó la reunificación de Brasil,  la recuperación de la economía con convenios con el sector privado y la puesta en marcha de medidas de austeridad; obviando que para poner en marcha sus políticas deberá enfrentar al PTB, a los sindicatos y los movimientos sociales de izquierda brasileños, los cuales se niegan a reconocerlo como presidente y rechazan sus políticas. Nadie puede adivinar el futuro de Brasil, pero seguramente, de esta experiencia el partido de Lula aprenderá que hay que escoger bien a sus aliados y no poner en las manos de los enemigos del pueblo los destinos de un gobierno popular.