José Luis Ortiz Santillán
Quién dijo qué la burguesía nacional, las trasnacionales y el imperialismo, encarnado en aquellos países que aún creen que sus intereses y políticas no tienen fronteras, cederían pacíficamente y sin oponer resistencia el poder político a los trabajadores, a los campesinos, a los pobres de un país, al pueblo. Desde 2009, los casos de Honduras, Bolivia, Paraguay, Ecuador, y ahora, Brasil y Venezuela, han puesto en evidencia la debilidad de la gobernabilidad democrática en América Latina y de sus instituciones.

En las últimas décadas, se han producido cambios vertiginosos en el mundo, los cuales han influido en la vida económica, política y social de toda la humanidad, a los cuales no podía escapar América Latina y su joven democracia, surgida de la oscuridad de las dictaduras militares y de la guerra civil en algunos países de Centro América; los cuales han impulsando el crecimiento de las economías, el desarrollo social, la democracia y la participación de los ciudadanos en el ejercicio del gobierno.

Estos cambios han posibilitado la transición hacia sociedades más heterogéneas, con mayor libertad para expresarse, con mayor movilidad de los ciudadanos para interrelacionarse, lo que exige mayor tolerancia y respecto a las diferencias; pero también, donde las desigualdades son más evidentes y exigen de la política una mayor acción para solucionarlas, una mayor capacidad para articular las diferencias en aras del bienestar colectivo.

Suponíamos hace uno años, que esos cambios operados en la sociedad habían hecho posible que ésta superara el enfrentamiento ideológico de las últimas décadas del siglo XX, en aras de la creación de un sistema político más democrático en cada país, el cual no podía ser homogéneo, sino diverso, de acuerdo a las tradiciones democráticas de cada país y sus particularidades culturales.

Sin embargo, hemos sido sorprendidos por el cáncer de la corrupción en Brasil y el revanchismo en Argentina; países donde se ha iniciado el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, promovido por la propia oligarquía corrupta que gobierna al primero; y en el segundo, se busca un juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por manipulación de la diferencia cambiaria del peso argentino respecto al dólar.

Estos dos casos, además de los de Honduras y Paraguay, muestran que, dentro de la propia legalidad democrática de cada país, habrá siempre subterfugios legales para defenestrar o derrocar a cualquier gobierno, bajo las argucias legales usadas a modo y construyendo evidencias para poner en marcha los nuevos golpes de Estado “constitucionales”.

Brasil ha sido el colmo, la vergüenza para América Latina, en la medida en que se ha ido poniendo en evidencia que los corruptos, que son investigados, son quienes han promovido el juicio político contra Rousseff y que el gobierno de Michel Temer no es otra cosa que una parodia que pretende legitimar la corrupción como forma de gobierno y violar colectivamente la democracia brasileña. Todo ello pasó, sin que la OEA y Almagro se manifestaran como defensores de la democracia en América, por considerar que se trata de asuntos internos.

La vieja historia de siempre para inculcar miedo. Habría que aclarar que, cualquier revolución en América Latina y cualquier partido de izquierda, no puede promover el empobrecimiento de su población, sino una mejor distribución de la riqueza y el aumento progresivo del bienestar de todos los ciudadanos. Por esa razón, la oposición en Venezuela ha apostado a la desestabilización económica y a atizar el descontento popular.

Este ha sido el viejo instrumento de la oligarquía en el mundo y de la derecha para oponerse a las fuerzas progresistas de la sociedad, el manipular la opinión pública para provocar el terror ante los avances de esas fuerzas; el mostrar que las fuerzas progresistas son un peligro para el patrimonio de las familias, que ponen en riesgo su riqueza, polarizando la sociedad y provocando de nuevo el enfrentamiento de clases.

Precisamente, el despertar de nuevo el enfrentamiento ideológico y volver a las armas, pareciera ser el propósito de la burguesía nacional en algunos países para volver al poder. No es fácil el camino para la burguesía nacional frente a los millones de pobres que representan al pueblo en cada país, tampoco son los ricos los que se enfrentan a los pobres en las calles de las ciudades latinoamericanas. La experiencia de Venezuela ha demostrado que la burguesía es capaz de comprar y armar a grupos populares para enfrentarlos al pueblo.

La confrontación de la oposición que controla la Asamblea Nacional de Venezuela con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, su radicalización y sabotaje permanente a la economía, la exigencia de poner en marcha el referéndum revocatorio en 2016, muestran la incapacidad de la burguesía para hacerse con el poder, al igual que en Brasil, y usar cualquier medio para hacerlo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que agrupa a la oposición, ha exigido la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la realización del referéndum revocatorio para sacar al presidente Maduro del gobierno. Un recurso constitucional que fue aprobado en 1999 y que sólo Venezuela, Ecuador y Bolivia tienen hoy.

Lo “absurdo de lo ridículo” ha sido que el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, haya invocado la Carta Democrática contra Venezuela y acusara al gobierno de Maduro de estar al borde de la ilegitimidad y romper con la institucionalidad democrática, al señalar que “la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo…a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”, según Almagro.

Esas afirmaciones intervencionistas, no han gustado a varios países de la región, en particular San Vicente y las Granadinas, Dominica, Nicaragua y Ecuador, quienes en la reunión del Consejo Permanente de la OEA de ayer miércoles le reprocharon a Almagro que en su condición de Secretario General de la OEA intentara igualarse con un mandatario electo por voto popular y le pidieron que se ajustara a sus funciones.

La Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que no puede aplicarse la Carta Democrática porque no hay ninguna dimensión punitiva y que Almagro está haciendo uso fraudulento del artículo 20 para solicitar la aplicación de la Carta Democrática, señalando que sólo puede aplicarse cuando se haya "alterado el orden constitucional, que afecte su orden democrático... es justamente para proteger a los sistemas de los golpes de Estado y de activarse sería para dársela al gobierno legítimo y constitucional, en este caso, del presidente Nicolás Maduro”, dijo la Canciller.

Almagro, en la reunión de ayer miércoles, ha mostrado su bajo nivel e incapacidad para dirigir la OEA y su burdo comportamiento ante los representantes de los países en ese organismo, donde finalmente se ha impuesto el llamado al dialogo entre el gobierno y la oposición. No sin antes escuchar las intervenciones de algunos países, que sin tener en su Constitución la figura del referéndum revocatorio, ahora han resaltado su virtudes y solicitado su aplicación, de manera indirecta, entrometiéndose en los asuntos internos de un país.

Difícil coyuntura atraviesa hoy el Continente, pues mientras que en Colombia se avanza para poner fin a la lucha ramada como vía para acceder al poder político con las negociaciones de paz, la vía electoral y constitucional parece opacarse frente a las manipulaciones legales que ensucian cada vez más la gobernanza democrática en los países latinoamericanos.

Finalmente, lejos de revitalizar a la OEA, Almagro podría darle la estocada final a la OEA para provocar sus desmoronamiento definitivo, frente a los avances de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).