Cuando se revisan los componentes de los ingresos del Estado los elementos fundamentales son los impuestos, derechos, aprovechamientos y en general lo que se puede obtener de los recursos naturales que podrían configurarse de manera específica (como los derivados de los ingresos petroleros).
Ha quedado claro que en México seguir soportando el gasto público fundamentalmente en los ingresos derivados del petróleo o en la deuda sin que se obtengan nuevas fuentes de riqueza o beneficios asociados de ello, generan condiciones poco propicias a la confianza o la inversión productiva.
Opiné en otro tiempo que los bienes o servicios que el Estado ofrece a la población deben acercarse a un nivel aceptable en términos de continuidad o calidad y en esa medida, salvo aquello que la Constitución indica como gratuito o que pueda tener preferencia en términos de políticas públicas, y por lo tanto puede ser mejor una política fiscal con solidez en la aplicación de derechos, que los propios impuestos.
Por otra parte la creación normativa, vía poder legislativo y en una parte la derivada del poder ejecutivo, debe tener visos de racionalidad ya que en los últimos quince años, por ejemplo, se han creado estructuras burocráticas cuyo costo es demasiado alto sobre eventuales beneficios directos a la población, que se han sumado a otras preexistentes.
Los casos de los institutos de transparencia, organismos contra la discriminación, de telecomunicaciones o de competencia económica, sumados a los de derechos humanos o de elecciones, son organizaciones colegiadas que incrementan en mucho su costo operativo por la falsa idea de sumar la pluralidad o el componente ciudadano que en realidad ya no es tal e incluso más de uno de ellos son un claro ejemplo de la poca armonía o sentido en favor de la colectividad, o de la poca efectividad de sus acciones, proyectos o programas.
Que no decir de los sexenios 2000-2006 o 2006-2012 cuyos efectos se pueden ver en el presente que en el afán por incluir a miembros aparentes de la sociedad civil o del partido en turno aplicaron lo que podría llamarse gobiernos paralelos u estructuras homologas que acrecentaron el gasto público en la partida 1000 (remuneraciones al personal) creando Subsecretarías o Direcciones Generales Adjuntas por sobre las establecidas. Recordemos en el caso del período 2000-2006 la figura de los gabinetes con una especie de Supersecretarios y que en el 2006-2012 cambiaron desde la organización interna de la propia Presidencia de la República.
Habría, como un caso de estudio, que revisar la aplicación de la legislación del servicio civil de carrera ya que en algún momento se suspendió, precisamente porque aunque se ocuparan las plazas, por no necesariamente servir al nuevo gobierno en su momento se aplicaron homologaciones creciendo el caso en ese rubro; o bien si a la fecha ya se reestructuraron los anteriores órganos de control interno por las llamadas auditorías internas y si los aspectos de control presupuestario ya se tienen precisamente en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Insistir en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano si, la primera, frente al escenario de conflictos internacionales y escasez del presupuesto, ha hecho ajustes en el número y personal de consulados y embajadas o en su ámbito interno sobre Subsecretarias y Direcciones Generales. O en el caso de la segunda si han reducido los rezagos en asuntos agrarios o si han mejorado las condiciones de certeza jurídica de comunidades y ejidos, o las políticas de vivienda se han aplicado pulcramente y recuperado (vía institutos o banca de desarrollo) los créditos ofrecidos al efecto.
Si en efecto órganos autónomos de la democracia procedimental, de otros más, han cumplido con la añeja promesa de realizar elecciones con menos gasto, o han ofrecido mejores condiciones para el respeto de los derechos humanos o los casos de los tribunales de justicia fiscal y administrativa han podido contener la violación de derechos de las personas, pero sobre todo, si los numerosos agentes del gobierno han reducido, desde su ámbito, errores de legalidad, o bien, han ofrecido una mejor y mayor atención a la población, o bien, los esfuerzos en la creación de empleo u generación de desarrollo se han dado efectivamente.
Ahora que el presupuesto 2017 en el ámbito federal se entregó al Poder Legislativo, en los próximos meses se deben dar las discusiones sobre el qué, las prioridades, aunque el mayor reto es transformar al Estado pero sin que le cueste a la población; punto que deberá replicarse en los estados libres y soberanos, como en la CDMX; como dirían algunos “el país ya no aguanta más”.
* Experto en gobierno y asuntos públicos.
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