ENTRADA.- La organización política de los hombres nace como una necesidad que busca atemperar los efectos y consecuencias que genera la convivencia en sociedad. Todo esto deviene del llamado Contrato Social a que se refirió en el siglo XVIII el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau.
Al formarse las ciudades los hombres se vieron en la necesidad de organizarse entorno de un poder soberano que sería el encargado de aplicar las leyes y protegerlos frente a la violencia de fuerzas externas e internas.
En esas condiciones los hombres cedieron en favor del Estado una serie de derechos naturales que por el mero hecho de ser seres humanos, les correspondían.
SOPA.- Como contraprestación por la renuncia de esos derechos en favor del Estado, éste se obligaba a aplicar la ley, cuidar y proteger a los ciudadanos y a sus familias, facilitarles su desarrollo económico y castigar a los infractores de la ley (yo te pago impuestos pero tú me garantizas mi seguridad física la de mi familia así como la protección de mi patrimonio), todo ello dentro de un marco legal que finalmente los estados modernos llamaron Constitución Política.
En este documento se establecieron las reglas de convivencia de todos con todos y entre todos, las garantías individuales y las sociales de los ciudadanos, las facultades del Estado frente a sus gobernados muy especialmente la obligación que éste asumió de aplicar la ley.
PLATO FUERTE.- Por desgracia y lo tenemos a la vista, el estado mexicano a sus tres niveles de gobierno no ha podido cumplir con la primordial obligación que contrajeron con los ciudadanos. Por lo que respecta al cobro de impuestos este si ha resultado muy eficaz, pero en aquello de garantizarle seguridad a los gobernados ha sido un total fracaso.
Algunos estudiosos dicen que cuando esto sucede se trata de un “Estado Fallido” y por desgracia parece que México ya es un “Estado Fallido”. Su capacidad para perseguir a los delincuentes, llevarlos ante un juez y aplicarles la ley se ha convertido en una utopía imposible de cumplir.
Por cada 100 delitos que se cometen en este país, únicamente tres o cuatro llegan a ser castigados mediante una sentencia judicial, los otros noventa y seis quedan impunes.
Esta impunidad fomenta a su vez más impunidad y alienta la comisión de más delitos estableciéndose de esta manera una corrupción institucional, generalizada y solidaria. Cuando un noventa y seis por ciento de los delitos no son castigados se instituye la impunidad total y en esas condiciones al Estado ya no le interesa el cumplimiento de la ley ni su aplicación frente a un universo de cien mil mexicanos asesinados o desaparecidos.
En búsqueda de esos seres desaparecidos cientos de padres, hermanos y familiares de las víctimas, deambulan como fantasmas por las serranías y desiertos buscando tumbas clandestinas con la peregrina esperanza de encontrarlos, ya no de que se castigue a los criminales que los asesinaron, lo que sería pedir demasiado a un estado débil e impotente.
Estos últimos años las autoridades se han venido ocupando únicamente de recoger y coleccionar casquillos percutidos, cercar con cinta amarilla la escena del crimen o juntar pedazos de osamentas para guardarlos en cajones. Hasta ahí llega la acción del estado y sus ministerios públicos.
Vivimos tiempos en que las denuncias de los delitos terminan en el cesto de la basura y la aplicación de las leyes a los delincuentes resulta una mera utopía.
POSTRE.- Gobernadores bandidos y contratistas inmorales se exhiben y farolean en lugares públicos sin recato alguno. Robar y asesinar son ya un deporte nacional.
En esa desesperación por corregir las cosas se les ocurrio un complejo y sofisticado “Sistema Anti-Corrupción” que no será nada más que otro elefante blanco inútil e ineficaz. Y es que la corrupción y la impunidad han penetrado con tal profundidad la piel y el alma del mexicano que parece imposible erradicarlos.
DIGESTIVO.- La realidad es que la aplicación de la ley y de la justicia no se nos da. Históricamente se nos niega como sociedad y gobierno quedando en mera utopía.
Y es que el problema no es únicamente identificar a los desparecidos. El Estado debería, además, encontrar a los asesinos y castigarlos, pero eso sería pedirle demasiado.
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