El Congreso solicitó al entonces presidente Vicente Fox recurrir a la tecnología para evitar el hurto, pero el panista optó por presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, culpando a los legisladores de entrometerse en asuntos administrativos, los cuales sólo competían al Poder Ejecutivo.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió lo ocurrido, pero de manera muy vaga y sin detallar el contexto.
“En el presupuesto del 2004 se aprobó un artículo transitorio para adquirir una sustancia y se marcara la gasolina, para evitar el robo y distinguir la gasolina robada y la de Pemex. El Ejecutivo, en ese entonces, no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y El Poder Judicial, la Suprema Corte, le dio la razón”, dijo.
Crónica presenta a sus lectores, la información oficial, con base en los documentos emitidos en aquella época, y devela los nombres de los involucrados.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, publicado en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo, encabezado por Fox, emplear tecnología para evitar el hurto. Lo hizo en el artículo Décimo Transitorio del documento:
“Con la finalidad de abatir la pérdida de ingresos por el robo de combustible (gasolina, diésel, turbosina y gas licuado de petróleo), Petróleos Mexicanos deberá adoptar a más tardar en los primeros 45 días del año siguiente, los sistemas de tecnología de punta que identifiquen los combustibles que suministra el mercado. En el caso de incumplimiento se estará sujeto a lo dispuesto en la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso General y demás disposiciones aplicables”.
Un día después, el 21 de diciembre, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, consejero Jurídico de la Presidencia, promovió la controversia, en la cual demandó la invalidez de lo dispuesto por el Congreso, al considerarlo “una seria injerencia a las atribuciones del Poder Ejecutivo”. Relató que Fox había realizado observaciones al presupuesto, pero habían sido ignoradas.
“Al no aceptar las observaciones formuladas, la Cámara de Diputados viola la Constitución y vulnera el principio de División de Poderes”, expuso.
El tema del robo de combustible no fue el único objetado; también disposiciones relacionadas con la construcción de carreteras, financiamiento de obras, protección de áreas naturales, adquisición de equipo para la Armada de México, distribución de tiempos oficiales en medios de comunicación y celebración de convenios con estados.
En el fondo, no impugnaba ningún tema en específico, sino la invasión de los diputados en funciones administrativas y exclusivas del Presidente.
El caso fue turnado al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Su dictamen, el cual fue discutido en el Pleno de la Corte el 12 de mayo de 2005, concluyó “que el Presidente de la República está facultado para formular observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación”.
En torno al robo de gasolina, señaló: “Tal tecnología que requiere Pemex para combatir el robo de combustible, es una atribución que corresponde a la propia paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.
Y además, argumentó: “Conforme al marco jurídico en materia de contrataciones gubernamentales, resulta imposible cumplir con el plazo de cuarenta y cinco días establecido para adquirir la tecnología referida, situación que se agrava cuando se prevé el fincamiento de responsabilidades en caso de incumplimiento, por lo que se solicita la invalidez del artículo”.
La votación resultó dividida: cinco ministros a favor (incluido el ponente) y cinco en contra. El desempate, inclinado al respaldo presidencial, fue emitido por el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón.
El 11 de octubre de 2005 la resolución de la SCJN fue acatada por la Cámara baja, cuyo presidente era ya el priista Heliodoro Díaz Escárraga.
Los involucrados
Presidente: Vicente Fox Quesada
Consejero Jurídico de la Presidencia: Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández.
Ministros de la Corte que apoyaron la Controversia: la votación se empató a cinco. A favor: Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien fue el ponente y propuso respaldar al Ejecutivo. En contra votaron Margarita Luna Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación. El voto que inclinó la balanza fue el del presidente en turno: Mariano Azuela Güitrón.
Presidente de la Cámara de Diputados durante la aprobación del Presupuesto impugnado: Manlio Fabio Beltrones (PRI).
Presidente de la Cámara de Diputados cuando se acató la resolución de la Corte: Heliodoro Díaz Escárraga (PRI).
Fuente: Crónica.
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