Un gobierno transparente, honesto y responsable fue lo que ofreció el candidato de Morena en las campañas presidenciales del 2018. Con un ejemplar manejo del malestar ciudadano, vendió un personaje que, a su parecer, se diferenciaba de todos sus oponentes por contar -repito, a su parecer- con una honestidad incuestionable y la capacidad de generar un equipo de trabajo con gente capaz de enfrentar los retos implícitos en un país como el nuestro.
No se puede culpar a la ciudadanía por caer en la tentación de la fe: en cada evento de campaña, tenían frente a la multitud a un hombre que parecía escucharlos y replicar los deseos más profundos de los mexicanos “de a pie”.
Ya instalado en Palacio Nacional, uno esperaría tener en el gobierno federal no sólo una voz que debate y explica el acontecer de su mandato en las cómodas conferencias matutinas: sería bueno escuchar también a los otros responsables de hacer gobierno, los secretarios de Estado, los titulares de las dependencias e instituciones federales que, se supone, trabajan para llevar a México a la mística 4T.
A dos meses de iniciado el nuevo gobierno, vale la pena hacer un recuento de varias de las decisiones tomadas desde el gabinete legal y ampliado, o desde la cabeza misma del Ejecutivo, para tener un balance con hechos, no con fe, sobre lo que hemos obtenido en los hechos versus aquellos llamativos discursos de campaña.
1.- ¿Fin de la “guerra”? Sólo en el discurso. El inicio del nuevo gobierno pudo verse opacado por la cifra de asesinatos: 2,842 tan solo en diciembre. Con ese ánimo que lo caracteriza, el Ejecutivo se lanzó a celebrar una disminución de casi 40% en el conteo diario de homicidios, sin informar que dicha cifra correspondía a uno de esos días “afortunados” para las cuentas gubernamentales (no del todo para una sociedad que sigue viviendo con miedo y dolor). Con esa numeralia, el gobierno federal asegura que “se terminó la guerra” aunque no se terminen los delitos de alto impacto que siguen afectando el día a día de los mexicanos.
Hace apenas unos días, la supersecretaría de seguridad presentó su estrategia de seguridad, con ocho ejes u objetivos que parecen más buenos deseos que metas alcanzables en un sexenio. La parte fundamental de la estrategia depende de la aprobación de la Guardia Nacional, la frágil piedra sobre la que se basa ese cada vez más largo camino hacia la pacificación de México. A Alfonso Durazo, responsable de la seguridad pública del país, lo vemos casi exclusivamente en actos donde promueve la polémica Guardia Nacional, mientras que no sabemos de detenciones o presentaciones relevantes de miembros de la delincuencia organizada ni, para fines prácticos, ningún otro avance para terminar con esos flagelos.
2.- La mala suerte de ser gobierno de oposición. Desabasto de gasolina, tragedias ligadas con el huachicol, bloqueos carreteros… Los gobernadores emanados de partidos distintos a Morena comienzan a ver con suspicacia la mala fortuna que los ha rodeado en el poco tiempo que lleva este sexenio.
El desabasto de combustibles se recrudeció en Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Guanajuato, gobernados por el PRD, MC, PRI y PAN, respectivamente, generando pérdidas económicas por encima de los 20,000 millones de pesos.
También en Hidalgo ocurrió la terrible explosión que marcó la primera crisis del sexenio. La participación de las fuerzas armadas en Tlahuelilpan se vio cuestionada pues no pudieron disuadir a los pobladores de acercarse a la toma clandestina, ni impedir una tragedia que hasta hoy ha cobrado 125 vidas.
El broche de oro de estas misteriosas llamadas de atención para la oposición llegó a Michoacán de la mano de los maestros de la CNTE. Con bloqueos carreteros y ferroviarios, los maestros han generado pérdidas de más de 600 millones de pesos a distintos sectores, como el agrícola, automotriz, intermodal y acerero. El magisterio amaga con peticiones que se pactan en la opacidad con los más altos niveles del gobierno. Los titulares de Pemex y la SEP, en ambos casos, actúan de forma limitada, casi como actores secundarios en la “resolución” de los conflictos.
3.- ¿Quién necesita licitación cuando se tiene respaldo el del pueblo? El nuevo gobierno ha dicho que tiene prisa por dar respuestas a los mexicanos. Sin embargo, esa prisa opaca los distintos proyectos bandera de esta administración, rodeados por la suspicacia ya sea por los parámetros que eligen para las licitaciones, o la franca ausencia de éstas últimas.
Para la refinería de Dos Bocas, Tabasco, se planteó hace unos días una licitación por invitación, que según el discurso pretende evitar la participación de empresas con antecedentes de corrupción, pero que en la práctica se presta para que el gobierno federal invite hasta 3 empresarios que podrían ser afines o amigos, como en la infame terna del #FiscalCarnal donde los tres finalistas eran las propuestas predilectas del presidente.
Los que defienden a ultranza el actuar de la presente administración quieren dejar de lado el caso de las 571 pipas que se compraron sin licitación de por medio, con un presupuesto de 85 millones de dólares, aludiendo a la emergencia generada por el desabasto que el propio gobierno provocó con el cierre de ductos. Con una buena parte de la población que no cuestionó el movimiento, se abre la puerta para que las emergencias se vuelvan el pretexto con el que el actual gobierno decida cuándo sí y cuándo no licitar.
Falta conocer cuáles serán los lineamientos para las licitaciones del Tren Maya, que quizá tras tener el permiso de la Madre Tierra no necesite de las decisiones humanas para operar.
Van dos meses y lo que alcanzamos a ver es un gobierno muy ocupado en las señales que da a sus seguidores, muy firme con su ideología pero con decisiones por demás cuestionables, y con un número de fallas constante y creciente. Los resultados parecen ser lo menos importante en las distintas estrategias que han planteado hasta hoy.
El gobierno responsable, transparente y honesto se ve apenas por partes, prácticamente más en el discurso que en las decisiones. Por lo demás, parece que tenemos a un grupo de personas supuestamente bien intencionadas que gobiernan a prueba y error, pero no parece que haya funcionarios que conozcan el quehacer administrativo, ni alcancen a ver al país con una proyección de futuro, ni mucho menos se asuman responsables de las decisiones y acciones que emanan de las instituciones a su cargo. Nuestro Debate Puntual nos lleva a una sola conclusión: la ideología y las ganas de romper con toda administración pasada parecen nublar los juicios y las decisiones de los abanderados de la Cuarta Transformación.
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