Mientras circulaba en su vehículo por la ciudad de Salamanca, el fin de semana, un comando alcanzó y ejecutó a Gilberto Muñoz Mosqueda, líder por décadas del Sindicato de la Petroquímica y Carboquímica.
Días antes, otro comando disparó contra un autobús que transportaba a los custodios de un penal federal en Coatlán del Río, en Morelos. Murieron cuatro guardias y cinco más resultaron heridos.
Y la mañana anterior, en Cuernavaca un asesino aparentemente solitario privó de la vida a dos líderes de comerciantes, ante la mirada incrédula de camarógrafos y reporteros en el Zócalo de la ciudad.
En Veracruz se mata un día sí y otro también, y lo mismo ocurre en Guerrero, en Cancún, en la franja fronteriza norte.
Estamos viviendo –dicen no los augurios, sino las cifras—el año más violento de que tengan memoria las generaciones actuales.
Con la acumulación de las cantidades, surgen métodos y afectados impensables.
Todo ello indica que ya nadie está a salvo de la violencia. Y ésta alcanza niveles terribles e incontrolables.
Frente a ello, la respuesta del gobierno sigue siendo la misma desde cuando empezó el actual régimen: todo es producto de la corrupción, de la guerra absurda contra el narcotráfico. Y que todo va a cambiar.
Primero se decía que con el solo hecho del relevo en el gobierno las cosas empezarían a componerse. Cinco meses después nos dicen que en seis meses más.
Los plazos serían razonables, pero la evidencia muestra que estamos cada vez peor, y no se ve para cuando la situación mejore.
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