Los medios se han volcado sobre la visita efectuada este fin de semana a México del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. La conclusión de todos los medios nacionales ha sido unánimemente, Pompeo vino a nuestro país para examinar los avances en los acuerdos con Washington, los cuales evitaron la imposición unilateral y gradual de impuestos a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos y la pérdida de miles de empleos.
Las negociaciones para evitar los impuestos a las exportaciones dieron como resultado el plan migratorio México-Estados Unidos, algo que el presidente Donald Trump exhibe ya en su campaña a la reelección. Después 45 días de operación del plan, los flujos de inmigrantes de centroamericanos que ingresan a México con destino Estados Unidos, se ha reducido en 36.2%, según los datos oficiales difundidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores y en vos del Canciller, Marcelo Ebrard.
Las cifras para el presidente Trump pueden ser alentadoras. El número de emigrantes ilegales que han sido deportados a México suma ya 19 mil 111, cifra que incluye a quienes decidieron regresar a sus países de origen, a los que se quedaron a trabajar en México o se encuentran aún en los sitios de refugiados, en espera de audiencia en los Estados Unidos para reclamar asilo; con ello, el número de indocumentados a territorio estadounidense pasó de 3 mil 880 personas a 2 mil 652, en la primera quincena de este mes.
Pero frente a la crisis migratoria que enfrenta hoy México hay un esfuerzo que habría que capitalizar y rescatar del seno de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica”, una iniciativa desterrada del seno de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la SRE por el capricho y miopía de quien fuera en su momento subsecretario con el expresidente Calderón, el embajador Rubén Beltrán Guerrero, pero que como mecanismo de integración regional debería estar dentro de la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos (DGOMRA).
Tratar de comenzar de cero con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, una propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) copiada del Proyecto Mesoamérica, no sería tan rentable como rescatar lo que dentro de este último se ha hecho en estos años. Es absurdo intentar comenzar de la nada cuando México y los países centroamericanos, Colombia y la República Dominicana, vienen trabajando en diversos programas de construcción de infraestructura y desarrollo, luego de casi veinte años; integrando grupos y mesas de trabajo.
Finalmente, la propuesta de la CEPAL no es otra cosa que la apropiación y actualización de lo que ha venido haciendo el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Avanzar en la integración regional con los países centroamericanos, invertir más que los famosos 60 millones de pesos del Fondo de Yucatán que creó el expresidente Calderón, invitando a todos los países desarrollados del mundo a sumarse puede ser más rentable que continuar alimentando la Alianza Pacifico con Chile, Perú y Colombia, la cual no ha hecho sino fracturar la integración regional en América Latina dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Durante estos años México ha hecho aportaciones sustanciales a la integración regional con Centroamérica; no sólo ha invertido y sostenido la oficina del Proyecto Mesoamérica con sede en El Salvador, sino que ha creado mesas y grupos de trabajo funcionales para atender, no sólo temas de construcción de carreteras, unir las redes de electricidad y comunicaciones, sino para buscar soluciones a los problemas de salud, de vivienda y educación.
Se trata pues de un tema de voluntad política y de visión a largo plazo, de evitar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador caiga dentro de los grupos de poder que controlan la Cancillería, para darle un nuevo sentido a la política exterior y no terminar administrando lo que se hizo en el sexenio pasado, con uno que otro retoque, con una u otra iniciativa nueva.
Los problemas de la emigración en los países de Centroamérica pasan no sólo por el desarrollo sino por la gobernabilidad democrática. Las revoluciones sociales en esa parte del continente en los años setentas y ochentas, fueron el resultado de la falta de desarrollo, pero también de falta de libertad y democracia en cada país; por lo que, uno de los compromisos que debe impulsar México con los gobiernos, no sólo debe ser sólo mejorar el bienestar de su población, sino contribuir al perfeccionamiento de sus jóvenes democracias surgidas de los conflictos sociales.
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