Fabián Medina
Jefe de Oficina del Canciller

De las más de mil millones de armas de fuego que circulan en el mundo, según datos de 2019 del secretario general de las Naciones Unidas, el 85% se encuentra en manos de civiles, en vez de estar en fuerzas de seguridad. De estos instrumentos, el 90% se ubica fuera de zonas de conflictos armados donde causan más de 740 mil homicidios al año, siendo violentos la mitad de ellos.

En medio de la pandemia de COVID-19,uno pensaría que estas cifras deberían bajar, al estar una mayoría de la población mundial resguardada en sus hogares. Sin embargo, en los últimos meses se ha detonado un incremento en las adquisiciones y los decesos por armas de fuego. Muchos por violencia doméstica o suicidios, pero también por el aumento de la delincuencia organizada, que ha sabido desarrollar nuevas formas de operar en esta nueva realidad.

Con base en el mandato recibido por el secretario Marcelo Ebrard del presidente López Obrador para detener el flujo ilícito de armas a nuestro país, en la cancillería decidimos hacer valer los convenios internacionales suscritos por México en la materia, mediante una diplomacia concertada en los principales foros multilaterales, a fin de reducir el poder de fuego de las organizaciones criminales, así como la violencia y muerte que generan.

Uno de ellos es el Grupo de Trabajo del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, establecido en 2010 por la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo). Dicha convención, suscrita en Palermo en 2000 por prácticamente todos los Estados miembros de la ONU —190 de 193, incluido Estados Unidos—, fue reforzada en 2001 por su Protocolo, el cual entró en vigor en 2005 y cuenta con 118 Estados miembros: ambos instrumentos tienen carácter vinculante.

El pasado 16 y 17 de julio, quien escribe estas líneas tuvo el honor de presidir la 7ª sesión de este Grupo con sede en Viena, respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Junto con expertos de 60 países—incluidos los principales países productores—,así como de organizaciones intergubernamentales como Interpol y la OEA, analizamos dos temas principales: 1. La capacidad de respuesta del Protocolo y de las leyes nacionales a las nuevas amenazas relacionadas con la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones; y 2. Los enfoques investigativos y procesales para el combate de estos delitos y otras formas conexas de delincuencia organizada, dentro de las distintas jurisdicciones y entre ellas.

Con apoyo de nuestra Misión en Viena y el equipo de expertos de la Cancillería, se realizó un informe específico en estos temas, mismo que llevaremos a la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención, prevista para llevarse a cabo en octubre de 2020. Este año, en que se celebrará su vigésimo aniversario, creemos que es una ocasión idónea para reforzar su Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, e incorporar los explosivos en su mandato.

La participación de México se articuló en tres frentes: el primero fue la presidencia, que tiene la facultad de presentar un resumen que refleje las principales opiniones de los expertos en un documento que estará listo en las próximas semanas.

El segundo consistió en representar al grupo de países de América Latina y el Caribe entre los ponentes regionales, Así, México llevó los avances interamericanos en la materia, incluido el tema de la producción y el tráfico ilícito de explosivos.

Finalmente, en el tercer frente, la delegación de México llevó temas de relevancia para nuestro país, que también quedarán plasmados en el informe final.

Así, en la primera sesión de trabajo, promovimos la recomendación de realizar enfoques investigativos proactivos para apoyar la judicialización de casos; la creación y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas mediante la cooperación y la capacitación internacional; el reforzamiento de las evaluaciones de riesgo en el otorgamiento de licencias para la fabricación y tráfico de armas, a fin de alinear los compromisos de las empresas filiales con su matriz en el ámbito nacional, para evitar su desvío; el fortalecimiento de controles y registros de armas para evitar la violencia de género, los crímenes de odio y los suicidios; y el robustecimiento de la justicia penal con inteligencia prospectiva —análisis balístico y localización de armas.

En la segunda sesión, se enfatizó la necesidad de la cooperación para prevenir el uso de nuevas tecnologías en la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego mediante la deep web, drones o vehículos aéreos autónomos; la cooperación transfronteriza entre las diversas autoridades involucradas para el registro del tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones; así como prevenir la modificación de armas semiautomáticas o automáticas.

Esta reunión obtuvo logros importantes, como fortalecerlos compromisos internacionales de sus miembros; promover la firma y ratificación de su Protocolo con países que han prohibido recientemente la portación de armas de asalto —caso de Canadá—; e incrementar sinergias entre los trabajos del Grupo con el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (CIFTA).

México concertó un llamado sobre cómo la fabricación, el uso y el mercado ilícito de armas ha incrementado la violencia, los homicidios dolosos y la comisión de crímenes de alto impacto, arrebatando las vidas de miles de seres humanos, afectando el tejido social y las oportunidades de desarrollo de las personas.

El compromiso global con la meta 16.4 de la Agenda2030,dirigida a reducir significativamente las corrientes de armas de fuego ilícitas y combatir todas las formas de delincuencia organizada, nos obliga a construir los andamiajes jurídicos, institucionales y de cooperación internacional necesarios para asegurar sociedades pacíficas e inclusivas, libres de violencia armada.

México es quizás uno de los países más afectados por la presencia de armas de fuego en manos de población que las utiliza para cometer crímenes violentos. Desde los foros internacionales más importantes en la materia, tenemos que seguir trabajando con las instancias gubernamentales correspondientes para generar políticas públicas y acciones concretas que nos permitan vivir en una sociedad con mayor paz y justicia.