Alejandro Envila Fisher

La sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral al Partido Verde Ecologista de México por el caso de los influencers contratados para violar la ley electoral es quizá el momento más decepcionante del proceso electoral que está por concluir.

Después de que una buena parte de la sociedad se decidió abiertamente a defender a la institución encabezada por Lorenzo Córdova, de las bravatas y las amenazas lanzadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, esta respondió como tradicionalmente lo ha hecho: con una tímida sanción a una de las organizaciones más corruptas y sucias del sistema mexicano de partidos políticos.

El PVEM no solo representa todo lo malo del viejo sistema político mexicano, también encarna todas las nuevas prácticas negativas que se han ido acuñando desde que México evolucionó del modelo de partido dominante al sistema competitivos de partidos.

Millonario negocio familiar financiado con recursos públicos, membrete que se alquila al servicio de intereses privados como los de las televisoras, incubadora de tránsfugas, meretriz que vende sus votos al poder para apuntalar al presidente en turno sin respeto por sus propios documentos básicos, o principal trivializador de la cosa pública diseñado para engañar jóvenes a partir de mentirosas campañas de marketing, son solo algunas de las características negativas que se le pueden señalar, y probar, al PVEM. Se trata de un partido que representa todo lo que la nueva cultura política mexicana debería dejar atrás.

El INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el mismo que no se doblegó ante los ataques gubernamentales y que hasta supo exhibir las contradicciones y las posiciones antidemocráticas de la 4T lopezobradorista, tuvo en sus manos la posibilidad de dar un salto enorme en la fiscalización a los partidos. Este INE pudo colocarse, definitivamente, del lado de la sociedad para controlar a estas entidades de interés público financiadas con dinero de todos los mexicanos, pero que son, al mismo tiempo, las instituciones más desprestigiadas en el país.

La única sanción admisible para la conducta delictiva reiterada del PVEM: el pago indebido a figuras de redes sociales para promover el voto a su favor en plena veda electoral, era la cancelación del registro. Si el desprestigiado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocaba más adelante esa sanción y decidía arropar de nuevo al PVEM como en su momento lo hizo con otra rémora, el Partido del Trabajo, esa ya no sería responsabilidad del INE.

Sin embargo el INE que la sociedad defendió abiertamente frente al Poder Ejecutivo, optó por jugar otra vez con los partidos y contra esa sociedad. La sanción de 40 millones de pesos al PVEM es otra burla en toda la extensión de la palabra, pues será pagada con recursos provenientes de la prerrogativa, es decir, con dinero de los contribuyentes y no de los dirigentes o militantes de ese partido. La suspensión de sus spots durante un año no tiene ninguna relevancia porque no ocurrirá durante un proceso electoral y, por lo tanto, el PVEM no perderá absolutamente nada.

Una vez más, la autoridad electoral jugó a conservarse a sí misma sacrificando la fiscalización a los partidos. En el fondo, la decisión parece estar motivada por un nuevo pacto con los partidos políticos, ahora para evitar una reforma que renueve anticipadamente al INE como amenazan López Obrador y Morena, a cambio de no ir a fondo en la fiscalización y la sanción de conductas fraudulentas, delictivas y violatorias de los más elementales principios democráticos; justo los que el INE tendría que proteger.