Jesús Zambrano Grijalva

@Jesus_ZambranoG

El pasado martes los dirigentes nacionales de los tres partidos políticos que conformamos la alianza Va por México anunciamos diversas acciones para la defensa del voto ciudadano en las recientes elecciones del 6 de junio.

Por múltiples anomalías, agravios y violaciones se ha exigido la nulidad y reposición del proceso electoral para las gubernaturas de San Luis Potosí, Campeche, Michoacán y Guerrero. Adicionalmente, se ha solicitado la nulidad en Sinaloa.

En San Luis Potosí, además de múltiples irregularidades, el candidato de PVEM rebasó el tope de gastos de campaña en 24%, que equivale a poco más de 7 millones de pesos. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, es causal de nulidad cuando el gasto de campaña se excede en 5%.

En Campeche fue evidente la intervención de la Iglesia y del Gobierno Federal con un uso electoral de los programas sociales federales para favorecer a la candidata de Morena.

En Michoacán la gravedad se acentúa porque la delincuencia organizada participó activamente para hacer ganar al candidato de Morena, además de la gran cantidad de irregularidades en el 80% de las casillas, con urnas "embarazadas" en las cuales hubo más de 81 mil votos adicionales a los electores que acudieron a votar, cuando la diferencia del candidato de Morena sobre el de la Coalición fue de 49 mil votos. Según la legislación electoral, si se rebasa el 20% de casillas con irregularidades las elecciones deberán ser anuladas. Morena ganó de la mano del crimen organizado que sacó a candidatos opositores de la contienda, obligó a funcionarios electorales a marcar boletas a favor de ese partido y amenazó a mucha gente para que no fuera a votar. Morena ganó en 13 de los 15 municipios de la Tierra Caliente michoacana controlados por el narco.

Algo similar sucedió en Sinaloa, prácticamente a todo lo largo y ancho del estado. Allí fueron "levantadas" unas mil personas, funcionarios de casilla y activistas de los partidos en días previos a la jornada electoral y el mismo 6 de junio.

El proceso electoral no ha concluido todavía. Los cantos de victoria de quienes dicen que arrasaron en las gubernaturas el pasado 6 de junio, son sobre la base de un cúmulo de irregularidades, de violaciones legales y constitucionales con el agravante de que lo hicieron de la mano del crimen organizado.

Este último elemento es quizá el más grave y dañino para nuestra democracia y sobresale en el caso concreto de la elección de Michoacán y Sinaloa donde quedó documentado que el crimen organizado actuó con impunidad y con el consentimiento de la Guardia Nacional y del Gobierno Federal para decidir la elección en favor de los abanderados de Morena.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, denunció públicamente la flagrante operación electoral del crimen organizado que determinó el supuesto triunfo de Morena y solicitó la intervención del Ejecutivo para impedir que el narco imponga al gobernador del estado.

Lamentable y preocupantemente, López Obrador no quiso recibir las denuncias argumentando que los asuntos electorales debían atenderse en los órganos electorales, cuando en realidad se trata de un asunto de la mayor relevancia que tiene que ver con la seguridad nacional. La pregunta obligada es ¿por qué López Obrador se niega a conocer las pruebas que demuestran que Morena, al menos en Michoacán, está convertido en un narcopartido? En el mejor de los casos es porque el presidente prefiere seguir viviendo en su realidad alterna, en su burbuja de autoengaño, allí en donde el país está en paz y la delincuencia organizada se porta bien. Pero en el peor de los casos es que estamos camino a un narcoestado en donde este tipo de acciones delictivas cuentan con el respaldo del Ejecutivo.

Michoacán ya vivió durante cuatro años, de 2011 a 2015, la tragedia de que ahí hubiera ganado un narcogobierno. Hoy el narco, con licencia presidencial, lo está queriendo hacer de nueva cuenta en ese estado y lo quiere hacer en otras partes del país, lo cual constituye un enorme peligro para nosotros, como país y para la vida democrática nacional. ¡No debemos permitirlo!