Jesús Zambrano Grijalva

@Jesus_ZambranoG

El dato democrático más relevante de las elecciones del pasado 6 de junio es que la ciudadanía decidió retirar a López Obrador, la exclusividad patrimonialista del discurso “del mandato de las urnas” y distribuir el poder al otorgar a la coalición opositora "Va por México", una cantidad de votos igual que la de la alianza gobernante encabezada por Morena.

El discurso gubernamental de este jueves 1° de julio -a tres años de la victoria del actual presidente- pretende reavivar y reforzar la idea de esa “exclusividad” de la confianza popular mayoritaria. Solo que si hablamos de “legitimidad popular”, resulta que AMLO y Morena la perdieron en un 50 por ciento (comparando su número de votos con los que obtuvieron hace tres años). Ahora, la mitad del respaldo ciudadano convalidó a la alianza opositora.

La fortaleza de la democracia mexicana y la madurez de los electores, dejaron en claro que la sociedad no quiere que el poder nacional se concentre en un solo individuo como custodio de todos los poderes, aunque así lo hubiere decidido en el 2018 como respuesta ante tanta corrupción, a la vez que ilusionada por las promesas de “un urgente cambio profundo”, lo cual muy pronto se reveló como un gran engaño que ha traído consecuencias catastróficas para el país.

Por otra parte, el INE acreditó su profesionalismo al organizar a un ejército de ciudadanas y ciudadanos en todo el país para realizar las elecciones más grandes y complejas de su historia, a pesar de las dificultades presupuestales y de las permanentes descalificaciones lanzadas desde el púlpito presidencial. Esto demostró las enormes reservas democráticas y las capacidades y fortalezas institucionales de nuestra sociedad.

En contraposición a lo anterior, en este inédito proceso electoral apareció con una nueva dimensión lo que personalmente identifico como el riesgo mayor que hoy enfrenta nuestro país para su convivencia democrática y es: El papel del crimen organizado en las elecciones.

En los comicios del pasado 6 de junio se dio un salto cualitativo entre lo que “todo mundo sabía que sucedía" en relación con la presencia de la delincuencia organizada en determinadas regiones del país para poner y quitar a ciertos candidatos, un salto cualitativo hacia la descarada y ominosa participación del crimen organizado en vastas regiones del país -tolerada por el gobierno- para hacer ganar a los candidatos de Morena, abriendo con ello el camino franco, por parte de esa falsa izquierda, para el establecimiento de un narco-estado, una narco-cracia, "el gobierno de los narcos".

Por si quedara duda, el propio presidente López Obrador otorgó a la delincuencia organizada, su “carta de naturalización” en la mañanera del 7 de junio al reconocer que: “se portaron bien; hasta mejor que los de cuello blanco”.

De tal manera que los "abrazos, no balazos" correspondieron con creces al partido gobernante.

Esa no es una declaración cualquiera del Presidente, o una más de las tonterías que a diario dice. No es una cosa menor. Nos encontramos ante el reconocimiento oficial de anexar al crimen organizado como parte del “establishment”, y darle un nuevo estatus como parte del Estado Mexicano; de "nuestra" nueva situación como Narco-Gobierno, lo cual constituye en sí mismo, una violación al Estado de Derecho, así como un insulto mayor a las instituciones y al Ejercito Mexicano.

Lo que acentúa nuestra preocupación al respecto es la utilización gubernamental de estos execrables componentes de la degradación social con el propósito de lograr triunfos que vendrían a subrayar las falsas fortalezas de un supuesto “proyecto de transformación en curso”.

Se trata del uso del poder para mantener el poder a como dé lugar. Dicho de otra manera: Es la antesala de una “narco-dictadura”, un autogolpe de Estado que traería funestas consecuencias para la vida del país.

Situados entre las señaladas fortalezas democráticas de la sociedad y los riesgos autoritarios de una “pax-narca”, se acrecienta la responsabilidad de la Coalición Opositora, depositaria de la mitad del legítimo mandato popular en las urnas, para que -sin miramientos- cumpla al electorado que le dio su confianza, que no se entregue al autócrata de Palacio ni le satisfaga sus caprichos retardatarios.