Alejandro Envila Fisher

El secretario de Salud de la 4T, Jorge Alcocer, podría ser el primer empleado de alto nivel en actual sexenio que enfrente una orden judicial de destitución, no solo por desacato a una orden judicial, sino por firmar como responsable de una estrategia que ni siquiera es suya, pero que pretende suspender, de facto, el derecho humano a la salud de los ciudadanos, y al mismo tiempo pasar por encima del Poder Judicial de la Federación.

Hace unos días empezó a circular la noticia de un brote de coronavirus en las oficinas de Alcocer y otras áreas de esa Secretaría. Por la infinidad de críticas a la estrategia contra la pandemia el asunto fue tomado, en principio, como una especie de karma y con humor negro. Sin embargo, con el paso de los días la verdad se abrió paso y resulta muy poco vinculada a las leyes cósmicas o a la justicia divina.

Con el argumento del aumento de casos de Covid-19 en sus oficinas (cuando todos los días dicen que la pandemia va a la baja) un Jorge Alcocer que nunca ha entendido bien dónde está parado emitió un acuerdo que se publicó el lunes 11 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (con eso se hizo oficial), ordenando el cierre total de las oficialías de partes, dicen que del 11 al 18 de octubre, y el rechazo a las notificaciones de autoridades judiciales, federales o locales. El acuerdo de Alcocer dice: “…abstenerse de recibir promociones, demandas juicios de amparo, requerimientos judiciales, así como cualquier otra notificación proveniente de autoridades jurisdiccionales”.

Lo único que buscan las autoridades de la Secretaría de Salud es detener el ridículo que, como institución, están haciendo en prácticamente todos los juzgados federales donde pierden, uno tras otro, todos los juicios de amparo promovidos por particulares demandando, mayoritariamente, vacunas para sus hijos y medicamentos para el cáncer; riesgos y enfermedades sin cobertura por las decisiones políticas de no vacunar a niños mientras se donan vacunas a otros países, y no comprar medicamentos para evitar que las empresas distribuidoras de fármacos sigan enriqueciéndose.

Parece difícil que el secretario Alcocer ideara un plan tan amañado, y tan poco eficaz, para detener la lluvia de amparos y derrotas que enfrenta la SSA. Aunque sea especulación, esa forma de actuar parece corresponder más al estilo de Hugo López Gatell que al de su jefe formal. Pero de quien haya sido la idea, el acuerdo publicado en el DOF lleva la firma de Jorge Alcocer y eso lo vuelve responsable de todos los absurdos y las omisiones legales que ocurran como consecuencia de haber bajado la cortina.

Con una dirección jurídica a su disposición, solo alguien muy ignorante o muy confiado en el poder de la influencia política, pudo pensar que cerrar su Oficialía de Partes detenía términos, procedimientos y facultades del aparato judicial, además de suspender los derechos humanos de los ciudadanos y sus garantías consagradas en la Constitución.

El 11 de octubre el Poder Judicial reaccionó y aclaró lo que prácticamente cualquier abogado sabe: un acuerdo administrativo dictado por un secretario de estado está por debajo de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que el cierre decretado por la SSA no suspende términos, plazos ni procedimientos. Por el contrario, pretender que no han sido emplazados o notificados porque tienen cerrada su ventanilla y no atender órdenes judiciales, puede llevar a Jorge Alcocer y a todos los funcionarios que sean señalados como autoridades responsables, al desacato y a la responsabilidad legal por causar daño patrimonial a la SSA, por omisión.

El 12 de octubre, otro juzgado federal, con sede en el Estado de México, dictó una resolución que ordena al Gobierno Federal, específicamente a la Secretaría de Salud, vacunar a todos los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, sin necesidad de acreditar ninguna comorbilidad. Para que no quede duda de sus intenciones, la SSA informó, por la tarde, que aún no ha recibido notificación alguna que le ordene vacunar a niños y jóvenes de entre 12 y 17 años. Por supuesto, no la ha recibido porque sus ventanillas están cerradas para evitar ser notificados.

La necedad de no admitir sus errores en la estrategia ante la pandemia ha llevado a las autoridades a pretender desconocer un hecho evidente e irrebatible: la vacunación es un derecho de todos los mexicanos, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. Ante esa necedad, los ciudadanos han recurrido, y seguirán haciéndolo, al mecanismo de defensa que la ley les reserva para combatir arbitrariedades y abusos de la autoridad: el Juicio de Amparo, creado y adoptado para proteger a toda persona contra cualquier violación de sus derechos humanos perpetrada por un funcionario público.

Ahora, frente a la fuerza de la ley que los ha exhibido y los ha obligado a vacunar a menores y a entregar medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades, los señores de la Secretaría de Salud, Alcocer y López Gatell, piensan que jugando al juego del avestruz, escondidos detrás de sus escritorios y con sus puertas cerradas, podrán detener la acción de la justicia.

@EnvilaFisher