A pesar de que la promesa de regresar a los militares a sus cuarteles acompañó a López Obrador durante sus campañas electorales de 2012 y 2018, desde que éste tomó la titularidad del Poder Ejecutivo se dedicó a reforzar el proceso de militarización que inició Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña.

Una reciente investigación del CIDE titulada “Inventario Nacional de lo Militarizado” revela que, de Felipe Calderón a López Obrador, al menos 127 funciones de carácter civil han sido asignadas a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional.

A este proceso progresivo en el cual se incrementa la presencia, funciones y poder de las Fuerzas Armadas en un espacio propio de la autoridad civil se le denomina militarización y durante los primeros tres años del gobierno de López Obrador hemos sido testigos de cómo se ha agudizado este proceso asignando a las Fuerzas Armadas tareas civiles como: la construcción y administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, el Tren Maya, la construcción de las sucursales del Banco Bienestar, la administración de los puertos y las aduanas, la compra y distribución de medicamentos para el sector salud; distribución de los libros de texto gratuitos; la vigilancia de las fronteras norte y sur.

Los proyectos que han quedado a cargo de las Fuerzas Armadas suman inversiones superiores a los 500 mil millones de pesos. La justificación que ha venido dando López Obrador para legitimar la militarización es que busca proteger sus obras de infraestructura de la privatización y de la corrupción. Sin embargo, una reciente investigación de Latinus exhibió que la Sedena usó empresas fantasmas para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, es decir, la corrupción alcanzó a los militares.

Específicamente en el ámbito de la seguridad pública, López Obrador se ha encargado de desmantelar a las policías estatales y municipales recortándoles presupuesto o de plano desapareciendo fondos, como el Fortaseg, que tenían por objeto capacitar y profesionalizar los cuerpos policíacos.

En su lugar, este gobierno ha centralizado la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, una institución policial federal y supuestamente de carácter civil, pero que finalmente quedó comandada por un general en activo y de composición mayoritariamente militar. Un dato muy relevante que retomo de un reporte reciente de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad es que 59% de los integrantes de la Guardia Nacional no tienen una plaza dentro de esta institución, sino que se trata de militares que jamás dejaron de pertenecer y cobrar en la Sedena.

A esto hay que sumar el dato del incremento del despliegue masivo de las Fuerzas Armadas: en diciembre de 2018, cuando comenzó el gobierno de López Obrador, en el país había 54 mil 980 militares en las calles; en 2019 el despliegue militar bajó a 52 mil 70 elementos; pero en el año 2020 se incrementó a 76 mil 198 militares; y en lo que va de 2021 continuó creciendo hasta llegar a un total de 80 mil 210 militares. Por lo tanto, podemos afirmar que la militarización de la seguridad pública se ha acentuado durante el gobierno de la llamada 4T y además, sin tener buenos resultados: de diciembre de 2018 al día de hoy hemos contabilizado más de 100 mil homicidios dolosos en México. De continuar esta tendencia, el gobierno de López Obrador se convertirá en el sexenio más violento de nuestra historia.

Desafortunadamente, el proceso de la militarización sigue trascendiendo y expandiéndose a otros ámbitos y en los últimos días se ha enfocado peligrosamente en la esfera política. El sábado pasado, durante la ceremonia de la conmemoración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, llamó a unirse al proyecto de la 4T: “Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país, el mismo propósito de las tres primeras transformaciones: el bien de la patria… Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha.”

A los pocos días, las muestras de amor del general fueron correspondidas por el Poder Ejecutivo con la publicación de un decreto en el DOF con el que se cataloga como asuntos de seguridad nacional a las obras de esta administración con la intención de eximirlas de obtener permisos en materia de impacto ambiental y social, pero sobre todo de la obligación de transparentar y rendir cuentas. Este decreto busca proteger a las Fuerzas Armadas, las cuales son las principales constructoras de dichas obras, sobre todo después de que fueron evidenciados los hechos de corrupción en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Lo más grave es que el amasiato entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas podría quedar bendecido por las ministras y ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, al momento de escribir este artículo, discuten un proyecto de resolución que, para sorpresa de todos, propone que la ayuda que brindan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no viola la Constitución.

No podemos dejar que se normalice el proceso de militarización, no podemos dejar que continúe acentuándose en las esferas de la seguridad pública, espacios civiles y mucho menos en el ámbito político. Los militares están impedidos constitucionalmente de participar en política y ahora estamos viendo justamente que se está trasgrediendo esa forma de actuación de nuestras Fuerzas Armadas. Los militares deben servir a la nación, no involucrarse en asuntos políticos.

Estamos viviendo un momento crucial, en donde si no hacemos algo, corremos el riesgo de que la militarización se convierta en militarismo, es decir, en un proceso ideológico que sea utilizado para perpetuar a López Obrador en el poder al precio que sea. Pongámosle un alto a esta autocracia con olor a dictadura militar.