Eduardo Ibarra Aguirre
En México se denuncia uno de cada 100 hechos de corrupción, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, y éste es uno de los mayores obstáculos para combatirla. Sin embargo, las denuncias que se presentan tienen baja calidad, otras llegan a instancias no competentes, además de que se carece de sistemas eficaces de protección a los denunciantes y cuatro de cada 10 denuncias se presentan por medios digitales, sostiene por su parte el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción.
En las estimaciones del INEGI, la administración pública federal y las 32 estatales, en 2019 recibieron 105 298 denuncias por incumplimiento de obligaciones, lo que representó 2.5 asuntos por cada 100 servidores públicos, con lo que concentró 32% del total de las denuncias presentadas, en tanto que de las quejas recibidas por las entidades, la Ciudad de México y el estado de México acumularon 57.7%, de acuerdo con el INEGI. Aquí se comete el sistemático error de no correlacionar el número de habitantes con los presuntos ilícitos.
Respecto al curso que tomaron las denuncias en 2019, en los estados la proporción de quejas procedentes fue 10 veces mayor que en el ámbito federal. Mientras que nueve de cada 10 denuncias en la administración federal fueron determinadas como no procedentes o quedaron pendientes de atención. Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es indispensable fortalecer la denuncia. Estima que en 2018 hubo alrededor de 133 hechos de corrupción por cada 100 000 habitantes. Si la cifra se compara con la estimación de la tasa de hechos corruptos por cada 100 000 habitantes, realizada por el INEGI y que para 2019 fue de 15 732 casos, es dable calcular que se denuncia poco menos de un acto de corrupción por cada 100 cometidos.
La visión del INEGI y del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción adolece, al parecer, de una enorme falla, limitar sus enfoques y políticas a los actos de corrupción en las ventanillas y los cruceros de la vía pública, que se privilegiaron en 36 años de gobiernos neoliberales que atacaron la corrupción en la base de la pirámide institucional, pero dejaban a muy buen resguardo la cupular. Incluso Enrique Peña Nieto la justificó como un problema cultural, mientras él y su grupo asaltaban el país.
En diciembre de 2001, la revista Forum dio cuenta por medio de José Vilchis Guerrero, que se cometieron 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos, que implicaron una erogación de 23 400 millones de pesos o 109.50 por cada hogar, según informe de Transparencia Mexicana.
Durante el gobierno del cambio, el de Vicente Fox y Marta Sahagún (la depredadora pareja presidencial), el organismo independiente, presidido por Federico Reyes Heroles, expedía “certificados de honestidad” a dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Alfredo Elías Ayub y quien tenía como director de Comunicación Social a uno que ordenaba se facturaran al doble las gacetillas para embolsarse la mitad.
Otra gran limitación de los informes y enfoques que se comentan consiste en que perciben el centenario (acaso milenario) cáncer de la corrupción como exclusivo de los funcionarios públicos, cuando es obvio que para que existan corruptos son indispensables los corruptores. Y los que mayor daño hacen a la buena marcha del país son los que al amparo del poder público se erigieron en los dueños de México, por más límites que en términos políticos se les ponen en los últimos 37.5 meses.
Acuse de recibo
La exitosa periodista y empresaria María del Carmen Aristegui Flores cerró filas con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el viernes 15 en el noticiero que conduce, pero aclaró visiblemente alterada, que defiende al cuestionado dueto porque son víctimas de una ofensiva de la 4T orientada a limitar la autonomía del INE y de otras órganos autónomos. Lo anterior, en una larga perorata dizque editorial y después, sólo después, una reportera leyó la nota informativa… Esta práctica está muy generalizada por los que prefieren presentarse como reporteros y declinan que se les llame líderes de opinión, que así es como actúan, porque estiman que las audiencias son menores de edad y su obligación periodística es iluminarlas, conducirlas por el camino del bien, el políticamente correcto para el oligopolio mediático que con frecuencia cumple tareas de partido ante la incompetencia de las dirigencias de las oposiciones empresariales, partidistas e intelectuales… María Alejandra Bello Eulogio y Edmundo Jaime Ríos Colmenares son dos profesionales de la salud que atienden con calidad y calidez en la UMF 002 del Instituto Mexicano del Seguro Social… Si usted desea saber por qué concluyó el ciclo vital de Forum, revista impresa y digital que se editó durante tres décadas, aquí está la respuesta presentada por Jorge Meléndez Preciado en Radio Educación, el 31 de diciembre: https://fb.watch/alwljtD_WY/
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