El pasado lunes 17 de enero dio inicio el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para discutir la reforma constitucional en materia eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal.

El Parlamento Abierto es un instrumento de democracia participativa que tiene por objeto entablar un diálogo formal entre legisladores y ciudadanía. Es una gran oportunidad para hacerse escuchar y para que los tomadores de decisiones escuchen las voces de los expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.

Pero no es suficiente con escuchar; hay que tomar en cuenta lo que se diga. El valor democrático del Parlamento Abierto dependerá de que se consideren las ideas, propuestas y recomendaciones ahí expuestas y que, por lo tanto, los acuerdos y las conclusiones del debate se vuelvan vinculantes, es decir, que se reflejen en el decreto final de la reforma.

Es en este ánimo democrático que el PRD ha impulsado y participado en este ejercicio para discutir la reforma en materia eléctrica con la que se pretenden reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. A través de nuestras diputadas y diputados federales hemos manifestado con firmeza que se requiere construir un mejor país en donde se impulse la transición a las energías limpias, se proteja al medio ambiente, se respete la autonomía de los órganos reguladores, se establezca un sistema eléctrico eficiente y se reduzcan los costos de las tarifas de energía eléctrica.

Sin embargo, aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica, en los términos en que la presentó el Ejecutivo Federal, provocaría afectaciones irreversibles al medio ambiente y la economía mexicana.

- Afectaciones ambientales: el decreto establece la cancelación de los Certificados de Energía Limpia, que hasta ahora ha sido el incentivo más poderoso para la generación de energía renovable. Además, prioriza el uso de diésel, combustóleo y carbón para la generación de energía, afectando el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de todos los mexicanos. Claramente la propuesta es un retroceso y definitivamente hará inviable que México cumpla con su compromiso de generar 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024, plasmado en el Acuerdo de París.

- Afectaciones a las finanzas públicas y de las familias mexicanas: El decreto elimina toda la competencia para CFE y le otorga el monopolio del proceso de provisión de electricidad. En una más de sus mentiras, López Obrador ha asegurado que eliminando a la competencia y otorgando el monopolio a la CFE bajarán los precios de la electricidad, lo cual es completamente falso. Eliminar a la competencia nunca ha traído resultados positivos para los consumidores.

El PRD nunca acompañará reformas que afecten al medio ambiente y al bienestar de las familias mexicanas. Por eso, demandamos que se eliminen estas propuestas y que se establezcan las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para lograr una transición energética que permita reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, y que se determine con claridad cómo van a disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de las familias mexicanas.

Es de gran relevancia para el país el que haya apertura para la discusión y análisis de la reforma constitucional en materia eléctrica, pero de no hacerse las modificaciones de acuerdo a lo que las y los expertos en la materia señalan, el Parlamento Abierto se desvanecerá a un ejercicio fútil.

@Jesus_ZambranoG