El acentuamiento de los rasgos autoritarios del actual gobierno federal, su desprecio evidente al Estado de Derecho y el agravamiento de la inseguridad en grandes zonas del país, hacen más urgente la necesidad de una amplia alianza democrática que enarbole una agenda progresista para actuar, desde ya, y con miras al 2024.

Los  desplantes presidenciales de frente a su consulta popular del próximo 10 de abril, retando y descalificando al INE y al Tribunal Electoral, y el desprecio a la Constitución al impulsar y publicar un decreto que “interpreta” y viola la Carta Magna para poder hacer proselitismo en favor de ese remedo de “democracia participativa”, así como la inauguración de su caprichoso aeropuerto en Santa Lucía, sin estar concluidas las obras, son expresión de una riesgosa megalomanía que  no acepta límites ("al margen de mí, nada, por encima de mí, nadie", es el lema presidencial).

Hechos que expresan  la descomposición a la que han llevado  a las instituciones.

El reciente escándalo protagonizado por el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz junto a la ex Secretaria de Gobernación y actual Senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, es una  pieza maestra de la tragedia política de nuestros tiempos, que evidencia la podredumbre a la que han llegado.

Por eso no tienen ninguna autoridad moral para seguir hablando a la gente como lo hacen todos los días, diciendo que “no son iguales” porque, en realidad, son peores.

Es vergonzosa y asquerosa la cloaca que se destapa con estas denuncias  del primer círculo presidencial, funcionarios designados por el máximo mandatario.

Este “ya es un barco que se va a pique”, como diría Benedetti.

Ante esto, el desafío y papel de las fuerzas, personalidades y potencialidades defensoras de la institucionalidad, las libertades y la democracia, es contribuir a ahondar esas contradicciones, generar las condiciones para salvar al país y no caer en el juego de la estrategia provocadora del gobierno cuando llama a participar el 10 de abril, supuestamente para que se vaya y no siga gobernando.

No, no, no. Lo que debe hacerse es que se evidencien ellos solos, que sigan ahondando sus propias querellas, al mismo tiempo, concentrar los esfuerzos en ganar en la mayoría de las elecciones de este 2022,  pavimentar el camino hacia el 2023 y, especialmente, para lograrlo el 2024 y poner fin a esta tragedia nacional.

La más amplia unidad opositora con un programa democrático y progresista, son la clave para reorientar la vida del país.

El proyecto gubernamental actual ganó en 2018 con banderas de izquierda, aprovechado los evidentes errores y escandalosas corruptelas de gobiernos anteriores, así como por el ahondamiento de la desigualdad social, el agravamiento de la pobreza y la creciente inseguridad.

Ese año se  ofrecieron como promesa de cambio profundo. Engañaron al mundo entero, ya que  no pocos líderes de otros países siguen pensando que en México gobierna “la izquierda”.

Por eso, la agenda para derrotar a esta falsa izquierda gobernante no es la del regreso al pasado, sino  un claro compromiso para combatir de frente la corrupción y para dar seguridad a la gente enfrentando a los grupos criminales, no acordando ni mucho menos, aliándose con ellos para derrotar a los adversarios políticos.

Una propuesta progresista que enarbole programas sociales, que realmente combatan la pobreza, restituya los programas de Estancias Infantiles y Escuelas de Tiempo Completo; atienda las demandas de las mujeres para lograr la igualdad sustantiva, y destine recursos para hacer crecer la economía y generar empleos.

Una agenda progresista que, con la feminista, coloque en el centro a las y los jóvenes, la defensa del INE y de la democracia, las libertades y derechos adquiridos, el equilibrio de poderes, y la protección del medio ambiente. No más; pero tampoco menos. Estos son los desafíos del progresismo mexicano.