Durante años hemos señalado en este espacio editorial, las irregulares liquidaciones de las que dispusieron los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, mismas que no vienen contempladas en su contrato y mucho menos, forman parte de alguna prestación laboral, de ahí que revista especial atención lo que ha determinado la Entidad de Auditoria Superior del Estado, instancia que ha dispuesto que las ex consejeras Laura Bringas y Mirza Ramírez, deberán devolver 1.5 millones de pesos que les entregó ese instituto por concepto de liquidación, por sus servicios prestados a ese órgano electoral, lo que abre una caja de pandora, pues al parecer hubo otros ex consejeros que en el pasado reciente, también recibieron esos beneficios, ¿deberán regresar también esos montos?

En los últimos años, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha estado en el ojo del huracán por distintas controversias, primero por aquel sospechoso manejo de los recursos para fideocolmicos y que eran parte de la cuenta pública del 2018 y que ascendían a los 18.7 millones de pesos, mismos que a la fecha, no se sabe que pasó con ellos y que le correspondió revisar a la anterior legislatura local, por si fuera poco, el rubro de las liquidaciones siempre ha dado de que hablar, pues las mismas no corresponden a los ingresos de los hombres y mujeres que han pasado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como consejeros, sin embargo, hasta hace apenas unos días, ningún organismo serio le había querido entrar al tema, ahora lo ha hecho la EASE, lo que pudiera marcar un precedente en este tipo de prácticas absolutamente irregulares.

Ya en su momento Juan Enrique Kato Rodríguez se despidió como presidente del IEPC, con una buena liquidación, beneficios que también debieron alcanzar a Fernando Román (del que se desconoce el monto cobrado, sería cuestión de precisarlo con él), el mismo David Arambula que siendo secretario general de ese órgano electoral, contendió para el puesto de consejero y lo ganó, sin embargo, cuando dejó el cargo anterior, consiguió que le pagaran también una cuantiosa liquidación, la cual en su momento quien esto escribe, también señaló, cuando siguió en el mismo órgano electoral, pero en un puesto distinto, si bien es cierto, los que recibieron dichos montos son responsables, también lo son quienes les asignaron esos recursos, por lo que aquí aplica ese dicho coloquial de que es tan culpable quien mata a la vaca como quien le agarra la pata.

El caso de Laura Bringas es tema aparte sin duda alguna, pues cuenta con el ingrediente adicional que apenas en el proceso electoral anterior, ella tuvo un gran activismo en la campaña a gobernador, pues fungió como abogada de Marina Vitela, candidata de la coalición "Juntos Hacemos Historia", acusando incluso violencia política de género, por el manejo de algunos medios de comunicacion sobre varias notas informativas para su candidata, las cuales fueron ya desestimadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que hay quienes podrían llegar a calificar su actuar como incongruente, pues por un lado tocaba un discurso de no mentir y por el otro, cobró esa cuantiosa suma por concepto de liquidación que ella misma debió saber que era irregular, un tema del que seguramente no es lo último que escucharemos o leeremos.

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