Entre datos confrontados, realidades discrepantes y una polarización social alimentada desde el poder, el Presidente de la República pronunció un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su cuarto informe de gobierno.

Como mandata la Ley, lo envió al Congreso, pero sólo después de obligar a los legisladores a esperar en San Lázaro a que diera su discurso, programado a la misma hora en que tradicionalmente se abre el periodo de sesiones del Parlamento.

No hace falta decir que no se trata de una coincidencia, sino de la deliberada intención de hacer patente que aquí manda el Presidente y los otros poderes tienen que avenirse a su agenda, su ritmo y sus disposiciones.

 Más allá del agravio innecesario, el documento entregado, el discurso leído y la propaganda difundida antes y después de la fecha, hacen la misma descripción de un país en que todo está resuelto, y de un pueblo tan feliz como suertudo.

  De nada sirve que las mismas cifras de las instituciones gubernamentales documenten otra realidad en prácticamente todos los renglones.

 La mayor cantidad de muertos por violencia acumulados en un cuatrienio en por lo menos un siglo; el crecimiento del número de mexicanos en pobreza extrema; la desatención, el desabasto y la carencia de insumos básicos en los servicios médicos, o el desplome alarmante de las cifras de vacunación en las primeras etapas de la vida de las nuevas generaciones, son sólo alguno de los rubros que debiera mover al escándalo y no a la gratificación.

 En medio de la tragedia en que se ha convertido el actual sexenio, el único avance innegable es el del tiempo.

 Se han consumido prácticamente dos tercios del lapso para el que fue electo el Presidente, y en menos de dos años los mexicanos estarán votando en las urnas si quieren más de lo mismo, o si intentamos algo para salvar lo que quedará para entonces de este país.

La única duda es si no será demasiado tarde.