Este lunes se cumple un lustro, cinco largos años de que un terrible sismo azotara nuevamente una vasta región del país, con el costo de decenas de muertos y enormes daños al patrimonio de miles de familias.

Una gran parte de las vidas humanas que se perdieron y de los destrozos materiales ocurrieron en la ciudad de México.

Desde entonces, muchos damnificados siguen esperando que las autoridades cumplan con las obligaciones que estableció la Ley para la Reconstrucción para devolver los hogares destruidos a sus habitantes.

Los avances son lentos, tan lentos que al paso que vamos se requerirá cuando menos otro lustro para resarcir las pérdidas.

La principal organización de damnificados, que agrupó de inicio a los vecinos perjudicados por el terremoto en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, y que luego se extendió a buena parte del territorio capitalino, ha hecho una gran cantidad de denuncias que no podrían enlistarse en este reducido espacio.

Ellos señalan que la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la CDMX asigna presupuestos irrisorios para la reconstrucción de los inmuebles dañados y derrumbados.

Esto provoca que no haya empresas interesadas en ejecutar las obras o bien, que renuncien a los contratos y los trabajos queden inconclusos, con lo que se retrasa gravemente el regreso de las familias damnificadas a sus viviendas.

Al asignar presupuestos mezquinos de origen, se condena a las obras a quedar detenidas por insuficiencia de recursos y reiniciar procesos de ampliación de presupuesto para poder concluir, lo cual resulta contraproducente y causa un impacto negativo en el dinero público por el alza de precios.

Esto ha provocado entregas de obras inconclusas, sin la habitabilidad prevista por la Ley.

El Gobierno de la CDMX demora en algunos casos y niega en otros, los procedimientos expropiatorios necesarios, mismos que fueron diseñados para restituir con certeza jurídica los inmuebles dañados, como lo señala la ley, con lo cual se afecta el ejercicio pleno de los derechos de los damnificados, no obstante que fueron mecanismos que la Jefa de Gobierno de la ciudad comprometió públicamente, y que son mecanismos jurídicos previstos en la Ley.

 Otras muchas omisiones e irregularidades son denunciadas por los damnificados, a cinco años de que muchos de ellos no tienen la reposición de la vivienda que perdieron.

Pero cada vez son menos escuchados. La doctora Sheinbaum solo tiene oídos para el canto de las sirenas que le corean “presidenta, presidenta”.

¿Puede aspirar a serlo alguien que durante cuatro años no ha podido cumplir obligaciones puntuales previstas en la Ley para resarcir sus hogares a los damnificados?