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lunes, 26 de septiembre de 2022

Crónica Confidencial / Justicia más allá de Ayotzinapa


Por Leopoldo Mendívil  


LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN:

 

+ La impunidad premia el delito, induce a

su repetición y contagia su ejemplo

Eduardo Galeano

 

Extraordinaria exclusiva la de Peniley Ramírez sobre el caso Ayotzinapa publicada el sábado pasado en el diario  Reforma. Ramírez, una de las mejores periodistas de investigación, tuvo acceso a la versión completa y sin testar del informe rendido por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ); a partir de ahí, nos muestra una pequeña parte de la inconmesurable perversidad del crimen organizado (CO) y su capacidad de corrupción.

En paralelo y a través de su cuenta de Twitter, Ramírez difundió algunas de las conversaciones sostenidas vía WhatsApp entre los involucrados. La simpleza con la que se giran órdenes para acabar con las 43 vidas indica el nivel de maldad de participantes, para lo cual no hay calificativo suficiente.

La información parece inculpar con bastante solidez al capitán José Martínez Crespo, subteniente del 27 Batallón de Iguala, así como a su jefe, el general José Rodríguez Pérez, entonces comandante del mismo batallón, y a otros dos militares de menor rango.

Sin duda Ayotzinapa es uno de los más de los sangrientos capítulos de nuestra narco historia, pero no es el primero y, como van las cosas, no será el último. Por ello y más allá de que se procesen a los 80 presuntos inculpados, hay varios temas sobre los que la sociedad y el gobierno debemos reflexionar.

 ¿Los militares son inmunes al brazo corruptor del CO? No, pese a lo que se diga en Palacio Nacional. Con toda la disciplina que les caracteriza y argimentar que son “el pueblo uniformado”, al final del día son humanos. La corrupción no es generalizada, pero sí es muy posible.

¿A quién le rinden cuentas los militares sobre su actuación? Hay, desde luego, informes muy generales que entregan cada año como parte del Informe Presidencial. A lo que me refiero es que los militares han asumido nuevas funciones por donde, justamente, pasan las mercancías del CO, a saber: aeropuertos, fronteras y aduanas. Con un riesgo adicional: de encontrarse algún caso de corrupción, los presuntos serían juzgados en tribunales militares, lo cual dificultaría que la sociedad conociera de estos asuntos.

¿Es pertinente la estrategia de “abrazos, no balazos”? No, cuando el salvajismo de los narcos no tiene límites, ya lo hemos visto antes y ahora. No digo que se violen los derechos humanos de los delincuentes, simplemente afirmo que la estrategia es un fracaso.

La organización Causa en Común, la cual da un seguimiento puntual a hechos de violencia y alto impacto, reporta que en lo que va del año se han registrado 342 masacres, entendidas como el asesinato de tres o más personas; 562 mutilaciones, descuatizamientos y destrucción de cadáveres; 168 calcinamientos y mil 144 torturas.

¿Tales atrocidades están relacionadas con la impunidad? Pues sí; los ministerios públicos estatales y federales, así como las procuradurías dejan mucho qué desear. Nada más le cuento que el según el Índice de Estado de Derecho/Factor Justicia Penal 2019, México ocupa el lugar 27 de 31 naciones estudiadas con 0.29 de calificación, mientras que la nación en primer sitio alcanza 0.84.

Si se toma en cuenta el número de MP por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional no ha habido ningún aumento desde 2016 y en algunos estados como Zacatecas, Veracruz y Morelos se dio un decremento, según cifras de la organización Impunidad Cero. Con el incremento de los delitos, no quiero imaginar el nivel de rezago existente.

Curioso que ahora que se discute la ampliación del plazo de operación militar dentro de la Guardia Nacional, la oposición no menciona que además de la supervisión por parte del Congreso sobre los militares, debe de haber un enorme y decididio esfuerzo sobre la procuración de justicia. Que las fiscalías sean  autónomas, no impide que otro Poder pueda apretarles las tuercas.

En una siguiente entrega me ocuparé del Poder Judicial, que con harta frecuencia se encuentra con que las fiscalías no hacen bien su trabajo, además claro, del posible cohecho.

En fin, que tenemos un problema sistémico que los gobiernos estatales y el federal atacan a pedazos. Así nunca se revertirá la inseguridad en la que viviemos.

Que nadie se extrañe cuando tengamos otro Ayotzinapa,

Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com

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Twitter: @Lmendivil2015


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