Luego de fracasar en su intento por doblegar al Bloque de Contención en el Senado y no alcanzar los votos suficientes para aprobar la reforma que busca prolongar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el presidente López Obrador retrocede, se reagrupa y anuncia su lance de bola favorito: una consulta patito.

En 2018, siendo presidente electo, lanzó su primera consulta en la que participó menos del 1% del padrón electoral y con la que acabó con el Aeropuerto de Texcoco; luego, en 2020, ordenó otra para no permitir la construcción de una cervecera en Mexicali, en esa ocasión contó con la participación del 3.51% del padrón electoral de ese municipio; después, en 2021 organizó otra para preguntar si debía o no procesarse penalmente a los expresidentes, la cual costó 530 millones de pesos, participó menos del 8% del padrón electoral nacional, ganó abrumadoramente el sí y hasta la fecha no se ha enjuiciado a uno solo de los expresidentes; por último, la supuesta consulta de “revocación” de mandato que se llevó a cabo en abril de este año, que costó más de mil 700 millones de pesos y que fue un fracaso porque, a pesar de la promoción indebida, no alcanzó la participación necesaria para hacerla vinculatoria.

Ahora, el presidente López Obrador ordena a su secretario de Gobernación, tal y como sucedía hasta finales de los años 80, organizar una consulta electoral para “escuchar la opinión del pueblo” en materia de seguridad pública, para que sea el “pueblo” el que tome la decisión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y no sea, según él, un asunto cupular.

Sin embargo, la Constitución en su artículo 35 expresamente señala que no podrá ser objeto de consulta “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.” Además, ese mismo artículo establece que el INE tendrá a su cargo de forma directa la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares.

Por lo tanto, la propuesta del presidente López Obrador no puede ser considerada ni como una consulta popular ni como un mecanismo democrático de participación directa porque es ilegal, porque contraviene a la Constitución y porque ordena a su secretario de Gobernación algo para lo que no está facultado.

Como la propuesta no puede ser objeto de una consulta popular legal, la solución presidencial para darle la vuelta a ley fue llamarlo “ejercicio de participación ciudadana”, que comenzará su jornada de promoción el próximo 10 de octubre, se llevará a cabo el 22 de enero de 2023 y consistirá en las siguientes tres preguntas: 1) ¿Está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?; 2) ¿Considera que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?; y, 3) ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaria de Seguridad Pública?

Básicamente, el presidente López Obrador está promoviendo, otra vez, una consulta patito, cara, ilegal, antidemocrática y no representativa que en realidad tiene por objeto promocionar, legitimar y justificar su “cambio de opinión” de regresar a los militares a sus cuarteles.

Así como jugó a la consulta popular para acabar con el aeropuerto, cancelar la cervecería en Mexicali, enjuiciar a los expresidentes y ratificar su mandato, López Obrador pretende avalar la militarización en México, no lo permitamos. 

@Jesus_ZambranoG