El 19 de octubre de 2001 fue asesinada en su despacho, de la calle Zacatecas 31 en la colonia Roma de la Ciudad de México, la abogada misanteca Digna Ochoa y Plácido.   21 años después de este artero crimen, el Estado Mexicano ofreció una disculpa pública a sus familiares. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez fue enfático al decir que dicha acción obedece y subrayo obedece, entre otras, a las irregularidades cometidas en el marco de la investigación de su muerte, como fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso; del debido proceso y las debidas diligencias.

Aunque en 2003 las autoridades en turno concluyeron que se trató de un suicidio, ahora hasta le van a poner Digna Ochoa y Plácido a una de las calles donde se ubica la Fiscalía capitalina y una más en Misantla. Lo peor del caso es que cuando la defensora de los Derechos Humanos fue asesinada y cuando se llegó a esa conclusión, era jefe del Gobierno del Distrito Federal el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (5 de diciembre de 2000 a 29 de junio de 2005).   Leonel Godoy Rangel y Marcelo Ebrard, fueron los Secretarios de Seguridad Pública  en ese tramo y Bernardo Batiz el Procurador.

Todo esto se da a raíz de que el 25 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas. Pero, los mismos que 21 años después piden disculpas, son los que no le dieron las garantías y los que determinaron que se había suicidado.

A su hermano Jesús, y demás familia, se les fueron años en viajes a la capital del país y a Xalapa desde su natal Misantla, pidiendo justicia.   Lenta como es en este país, la justicia llega 21 años después. Que la memoria y el trabajo de Digna perdure más allá de estos vergonzosos entuertos de la procuración de justicia.

@YamiriRodriguez