Por Fernando Irala

A la estrategia deliberada de paralización del Instituto Nacional de Acceso a la Información y el anuncio de que se liquidará Notimex, la agencia noticiosa del Estado, luego de que en la práctica se cerró como respuesta a la huelga de sus trabajadores, ahora se anticipan nuevas medidas funestas.

El proyecto de cancelar dieciocho organismos, entre los cuales destacan la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema de Información Agropecuaria, más la decisión de la Secretaría de Educación Pública de revocar el carácter de interés nacional a la información sobre el sistema educativo, conforman en su conjunto el propósito de desaparecer o disminuir la información disponible sobre el quehacer gubernamental.

Con ello, el país retrocede lo avanzado en lo que va del siglo en materia de transparencia y rendición de cuentas; se favorece la impunidad así como la protección a la ineficiencia y la negligencia de los malos servidores públicos.

Por si lo anterior no fuera suficientemente grave, otros ámbitos resultan afectados, porque también se pretende eliminar organismos dedicados a la atención de comunidades indígenas, los discapacitados y los adultos mayores.

El pretexto es el ahorro de recursos; la excusa no es novedosa. A lo largo del actual régimen se han hecho “ahorros” con el gasto en medicinas, el equipamiento y la construcción de hospitales. En cambio no se ha ahorrado la burla de prometernos cada año que en el próximo los servicios de salud serán como los de Dinamarca, mientras lo que observamos es la disminución de la calidad y la esperanza de vida.
Lo único positivo es que este régimen de destrucción y muerte se aproxima a su ocaso, a menos de año y medio de que concluya. Pero ya desde ahora es posible efectuar un recuento de los daños. Todo ha sido terrible.